En Bariloche los estudios de impacto ambiental quedarán bajo la lupa del Concejo
El proyecto que presentaron hace pocos días Leandro Costa Brutten y Julieta Wallace en realidad replica otro que ya impulsó el Frente de Todos en la gestión anterior y no logró suficiente consenso.
Julieta Wallace y Leandro Costa Brutten son los autores de la iniciativa. Foto: archivo.
El municipio local arrastra una «deuda pendiente» en materia de legislación ambiental, porque la ordenanza que fija las pautas de los «estudios de impacto» cumplió ya 34 años y demanda urgente actualización. Con el fin de resolver ese déficit los concejales de Incluyendo Bariloche Julieta Wallace y Leandro Costa Brutten presentaron un proyecto modificatorio, que propone incorporar nuevas variables, entre ellas la lucha contra el cambio climático.
La nueva ordenanza, si resulta aprobada, impondrá la obligación de presentar evaluaciones de impacto ambiental como instancia «previa a su aprobación», a todos los proyectos, obras y actividades «que sean susceptibles de producir impactos significativos en el ambiente, algunos de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población».
En realidad, el procedimiento establece una secuencia que empieza con una «declaración jurada ambiental» que deben presentar los titulares del proyecto. A continuación el municipio les requerirá el estudio de impacto ambiental, con la firma de un profesional habilitado.
Ese trabajo deberá contener un detallo pormenorizado de la afectación del ambiente, las alternativas posibles y por qué fueron descartadas y las estrategias de remediación de los daños producidos.
Luego la autoridad de aplicación municipal elaborará un informe técnico sobre el emprendimiento y el siguiente paso será la realización de una audiencia pública. El trámite concluirá con una «resolución ambiental» del municipio que definirá si aprueba o no el proyecto. En caso de negativa, «el proponente podrá incorporar las modificaciones» necesarias para sortear el rechazo y solicitar una nueva evaluación.
Los estudios de impacto ambiental son la herramienta que suelen invocar los grupos de vecinos y organizaciones preocupadas por el avance urbanístico sobre el entorno natural, quienes muchas veces han cuestionado sus falencias técnicas. Y al mismo tiempo son vistos como una amenaza latente por muchos inversores, que no ocultan su incomodidad ante ese requisito.
Una propuesta para reflejar los avances normativos
El proyecto de Wallace y Costa Brutten apunta a resolver las omisiones y atrasos de la actual legislación y subraya la importancia de adecuarla a los avances en materia de derecho ambiental, «las nuevas herramientas jurídicas de protección», los cambios impuestos por la constitución nacional de 1994 y la ley general de ambiente.
También hacen referencia a la Carta Orgánica Municipal, reformada en 2007, que dedicó un capítulo entero a los temas ambientales, la protección de humedales, la regulación del uso del suelo, y el empleo de tecnologías no contaminantes.
En los fundamentos del proyecto se subraya la necesidad de adecuar el marco jurídico de protección ambiental a nuevas realidades como el cambio climático y el daño producido por las emisiones de gases de efecto invernadero, que no tenían la misma consideración en 1989, cuando fue aprobada la ordenanza vigente.
Los concejales señalaron que el transporte urbano, el manejo de la basura, la producción industrial y la expansión residencial, entre otros factores, multiplican las emisiones de gases dañinos para el ambiente y el municipio «tiene competencias directas» en esa materia.
Dijeron que la actualización de la normativa es «una deuda pendiente», y dejaron sentada la necesidad de propiciar «un desarrollo sustentable» de la ciudad, que armonice «las actividades económicas con las áreas naturales circundantes».
Los estudios de impacto ambiental serán obligatorios para todos los proyectos y obras de expansión eléctrica, nuevos loteos, emprendimientos turísticos, centros de esquí, emprendimientos de aprovechamiento hídrico, usos de suelo con fines agropecuarios y emplazamientos de cualquier tipo de industria.
El proyecto que presentaron hace pocos días Costa Brutten y Wallace en realidad replica otro que ya impulsó el Frente de Todos en la gestión anterior y no logró suficiente consenso.
Si esta vez resulta aprobado, la secretaría de Ambiente y Planeamiento Urbano del municipio deberá realizar en 120 días un relevamiento «de los proyectos, obras y actividades que se encuentren operando sin evaluación de impacto ambiental» y les dará un plazo para adecuarse, que no podrá exceder los 24 meses. Si cumple ese plazo sin regularizar su situación deberá cesar la actividad.
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