En Bariloche prestadores de Uber se quejan por la «persecución» del municipio y piden una regulación

Los conductores conformaron una asociación -Ascub- que integran unas 200 personas y se puso "al servicio" de los integrantes del Concejo.

Los conductores de vehículos que realizan servicios de transporte con la plataforma Uber presentaron una queja colectiva ante el Concejo Municipal por lo que definieron como acciones de «acoso, hostigamiento y persecución» por parte de los inspectores de tránsito del municipio.

Aseguraron que sufren frecuentes operativos callejeros, con interrogatorios a los pasajeros y secuestros de vehículos, para lo cual se valen de «listas negras», con patentes de sus vehículos, fotos y filmaciones que -a su entender- violan el «derecho a la imagen» y se corresponden con un «abuso de poder».

Los conductores de Uber conformaron una asociación -Ascub- que integran unas 200 personas, aseguraron en su denuncia. Dijeron que en la vía pública están expuestos no solo a los controles y sanciones del municipio sino que reciben «toda clase de agresiones de otros sectores del transporte» a pesar de que, según sostienen, «no hay delito alguno» en el negocio que despliegan.

«No vamos a parar con nuestra actividad» advirtieron. La asociación Ascub defiende el trabajo libre con las plataformas de transporte, al que consideran amparado por el artículo 1.280 del Código Civil (que enmarca los contratos particulares de transporte por un precio convenido) y también por una habilitación otorgada por el gobierno provincial.

El servicio de Uber ya están impuesto en otras localidades del país e irrumpió con mayor visibilidad a mediados de 2023 en Bariloche, lo cual provocó airadas protestas de los licenciatarios de taxis y remises, e impulsó al gobierno del exintendente Gustavo Gennuso a prestar un proyecto de ordenanza para regular la nueva modalidad. Pero pasaron varios meses y el Concejo nunca avanzó en su tratamiento.

La propia asociación en su comunicación de esta semana a los concejales se puso «al servicio» para evaluar los alcances de una ordenanza que los encuadre «y hasta inclusive tributar si el Ejecutivo así lo desea».

Dijeron que no quieren confrontar sino ser «parte de la solución», aunque hayan prevalecido hasta ahora quienes «miran para otro» lado y dejaron caer el proyecto de ordenanza, que perdió estado parlamentario en diciembre último.

Los conductores de Uber dijeron que no quieren ser «tratados como delincuentes» y afirmaron que su servicio de traslados punto a punto «resuelve los problemas de la gente».

El intendente Walter Cortés admitió que la convivencia de las plataformas con los taxis y remises es un factor de conflicto y anunció que habilitaría más licencias para estos últimos servicios. También habló de crear una «plataforma local» para celulares, que en los hechos competiría con las de origen internacional.

Según la asociación de prestadores de Uber, se sienten «acompañados y apoyados por casi todos los habitantes de Bariloche», e insistieron en que su actividad es «legal y lícita». Con ese argumento apelaron también a la sensibilidad de los concejales.

«Sabemos que ustedes tienen el conocimiento de lo que pueblo quiere y desea, en este caso particular es el pueblo que requiere nuestros servicios, quieren elegir cómo y con quién usar su dinero de la manera más eficiente y segura», señalaron en su nota.

Dijeron no haber sido convocados nunca para evaluar una posible ordenanza regulatoria y se ofrecieron para aportar sus consideraciones sobre el tema.


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