Fijan prisión domiciliaria para un condenado por abuso sexual ante el inminente riesgo de fuga en Cipolletti

En una audiencia realizada hoy en el Foro Penal de Cipolletti, la Justicia determinó el agravamiento de las medidas cautelares para un hombre de 81 años, condenado a ocho años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal. El Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria, argumentando que las instancias recursivas locales se han agotado y el peligro de fuga ha crecido significativamente.

Un largo recorrido judicial

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La fiscal del caso detalló la cronología que llevó a esta decisión. El hombre fue condenado originalmente en junio de 2025. Desde entonces, su defensa técnica presentó sucesivos recursos que fueron rechazados sistemáticamente por las distintas instancias provinciales:

Según explicó, en octubre 2025 el Tribunal de Impugnación rechazó la impugnación ordinaria, en diciembre se denegó la impugnación extraordinaria y en marzo de 2026 el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó el último recurso local.

Actualmente, solo resta que se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que la pena de ocho años quede firme y comience su ejecución efectiva.

Insuficiencia de las medidas previas

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Hasta el momento, el condenado se encontraba en libertad pero sujeto a pautas de comportamiento: monitoreo con tobillera electrónica (GPS), prohibición de salida de la ciudad y del país, y presentaciones quincenales en la fiscalía. Si bien el hombre cumplió con estas normas, la fiscalía sostuvo que el escenario cambió.
“Se agotó la instancia recursiva local conforme lo estipula el artículo 109 bis del Código Procesal Penal, y esto acrecienta el peligro de fuga”, explicó la fiscalía.

Además, se subrayó que el imputado cuenta con medios económicos suficientes, múltiples vehículos y domicilios en otras localidades, factores que facilitarían una posible evasión ahora que la sentencia está más cerca de ejecutarse.

Acuerdo por la edad y la salud

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Debido a la avanzada edad del condenado y su estado de salud, la ley prevé que la prisión preventiva se cumpla de forma domiciliaria. Esta medida no fue producto de una disputa, sino de un acuerdo previo entre la fiscalía y la defensa particular, que contó con la conformidad de la víctima.

La presidenta del Tribunal hizo lugar al pedido, ratificando que se cumplen todos los requisitos de legalidad.

El hombre permanecerá bajo arresto en su domicilio hasta que la Corte Suprema dicte el fallo definitivo que determine el inicio de su reclusión en un establecimiento penal o la confirmación de su situación actual.