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La nueva Ley Ómnibus busca cerrar la Defensoría del Público
La versión actualizada del proyecto que debate el Congreso de la Nación incluye la eliminación del organismo que defiende derechos de las audiencias de radio y Tv.
La nueva Ley Ómnibus busca cerrar la Defensoría del Público. Foto: Archivo
“¿De dónde son?’” preguntó la movilera y le acercó le micrófono a una pareja que viajaba en subte porteño. Wari Rimachi, de la comunidad originaria Ayllu Mayu Wasi, le contestó. Ella, trabajadora del programa “Bien de mañana” emitido por canal Trece conducido por Fabián Doman, no entendió, “ahh que habrá querido decir”, dijo y el panel, desde el piso festejó. Él insistió: “Argentina tiene que aprender a hablar el idioma de los indios”. Ella persistió: “claro, a ver dígame una palabra en indio”. “En originario”, le enseñó él.
La escena se hizo viral. El tono discriminatorio y burlón indignó a las audiencias, tanto que batió récord de reclamos. Desde la Defensoría del Público inmediatamente se pusieron en contacto con la productora del programa, les dieron una capacitación, les compartieron recomendaciones para coberturas respetuosas, se reunieron con la pareja afectada y obtuvieron un pedido de disculpas.
“El saldo fue absolutamente positivo, en lugar de una demanda judicial contra el medio, nosotros obtuvimos una reparación y una toma de conciencia”, explica Miriam Lewin a cargo de la Defensoría del Público. Como en muchos otros casos, este organismo actuó en defensa de las audiencias.
Cuando una persona percibe que en un medio de comunicación se difunde información inexacta o que vulnera sus derechos, tiene la posibilidad de reclamar ante la Defensoría del Público para que intervenga y facilite el diálogo y busque una reparación.
En el primer texto del proyecto de Ley Ómnibus no se nombró a la Defensoría del Público, pero si lo hizo una versión del dictamen que podría tratar el Congreso de la Nación. El texto actualizado incluye la derogación de los artículos 19 y 20, Capítulo V de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la mal conocida “Ley de medios”. De aprobarse este dictamen, este organismo reconocido a nivel internacional, dejaría de existir.
“Intentan construir a la Defensoría como moneda de cambio”, dice Lewin, “meten una cuña entre el sector de la comunicación y el sector de la cultura, diciendo que con el cierre de la Defensoría esos fondos irían al cine, al teatro, a la música o al arte. Si uno rasca un poco la cáscara de la nueva versión de la Ley Ómnibus se da cuenta que no es así”.
“Nosotros no nos financiamos con fondos del Ejecutivo”, explica Miriam Lewin, “no le estamos sacando plata al Estado para otras políticas. Nosotros nos financiamos con un poco menos del 5% en la práctica de los gravámenes que pagan los propietarios de medios de comunicación”.
“A la Defensoría del Público”, continúa Lewin, “las audiencias pueden recurrir cuando se sienten enojadas, se sienten invisibilizadas o maltratadas en los medios de comunicación. No es adecuado atacar a un periodista o una periodista que comete un error a través de las redes sociales porque esto promueve violencia. Y más cuando se hace desde un lugar de poder. Lo ideal es recurrir a la Defensoría del Público que ha sido reconocida internacionalmente”.
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