Qué alcance tuvo la prohibición del uso del celular en las escuelas de Neuquén

Suecia regresó al uso predominante de libros y cuadernos dentro de las aulas, luego de un intento por digitalizar completamente los métodos de aprendizaje. Así, instaló el debate: ¿Hay que eliminar el uso de las tecnologías en las aulas? Para funcionarios y docentes neuquinos existe una «falsa dicotomía». ¿Qué pasa con los celulares en las escuelas?

«Se trata de buscar una política intermedia, que la tecnología vaya de la mano la lectura tradicional y la escritura tradicional», señaló el subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización de Neuquén, Lucas Godoy. Recordó que el año pasado se invirtieron más de mil millones de pesos en libros para las escuelas, una acción que demuestra la continuidad de ese enfoque.

De todas maneras, reconoció que las pantallas son una parte ineludible de la vida actual. Explicó que el Plan Pehuen, a implementar en el segundo semestre, traerá plataformas para evaluar la comprensión lectora, con lo que integra lo digital con el material didáctico tradicional.

El subsecretario subrayó la diferencia entre el contexto de Suecia y Argentina. Comentó que, mientras en países del primer mundo los niños poseen dispositivos en casa, en Neuquén muchos chicos solo tienen acceso a tecnología en la escuela. Por tanto, reducir el uso de las tecnologías sería perjudicial en este contexto social.

Por su parte, la secretaria de Prensa y Difusión de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), Marisabel Granda, enfatizó que «una cosa no descarta la otra». Granda sostuvo que la contraposición entre pantalla y libro es una «falsa dicotomía». Señaló que ambas herramientas se complementan y que el mundo laboral exige habilidades digitales, al tiempo que la educación cognitiva se beneficia del contacto con el papel.

Ambos coincidieron en que el modelo de integración tecnológica debe ser aspirar al equilibrio, donde la tecnología tenga un fin educativo claro, adaptado a las necesidades y contextos de los estudiantes.

La prohibición de los celulares en escuelas de Neuquén

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Granda relativizó la eficacia de la ley de prohibición de celulares en escuelas. Argumentó que la vida diaria de las instituciones se rige por «acuerdos institucionales» construidos dentro de la comunidad educativa, no por una «ley punitiva».

La referente de ATEN remarcó que la labor docente siempre requirió buscar estrategias didácticas para captar la atención de los estudiantes, independientemente de la presencia de dispositivos: «Una ley no resuelve las complejidades del aula».

Respecto a la ley provincial que regula el uso de celulares, Godoy la interpretó como un «respaldo legal» para los docentes que necesiten exigir a los alumnos guardar sus teléfonos, aunque admitió que inicialmente no estuvieron totalmente de acuerdo con la prohibición, sino con una regulación del uso pedagógico.

Granda lamentó que el debate se enfoque en los celulares y las pantallas, frente al vaciamiento de la política educativa a nivel nacional. Señaló que, a diferencia de programas anteriores como Conectar Igualdad que universalizaron el acceso, «hoy el Gobierno no manda ni libros ni computadoras».

La preocupación de ATEN por el proyecto de Ley de «Libertad Educativa»

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La referente de ATEN expresó la «amenaza fuerte» que representa para la educación el proyecto de «Ley de Libertad Educativa» que busca discutir el oficialismo. Granda afirmó que esta iniciativa «arrasa con la idea del sistema educativo» al proponer un modelo donde «cada escuela y su ideario» prevalecen por encima de la jurisdicción y los diseños curriculares unificados.

Explicó que la ley reduce los contenidos mínimos a un 60% y deja el resto a la autonomía de cada institución. Incluso permite que autoridades religiosas aprueben currículas si el ideario es confesional. Granda enumeró otras graves preocupaciones: la transformación del director en un «patrón», la capacidad de un consejo de padres para decidir sobre la continuidad de un director, la eliminación de las juntas de clasificación, la estabilidad laboral y los concursos docentes.

Sostuvo que el proyecto «retrotrae a un momento histórico anterior a la 1420» y que fomenta la «mercantilización de la educación pública» al equiparar presupuestos de escuelas públicas y privadas. También «concibe la educación como un servicio que se paga, lo que dejaría fuera a los sectores más vulnerables».