Rodolfo Barili denunció amenazas contra su familia y la Corte Suprema intervino en la causa

La Corte Suprema de Justicia dispuso que la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional investigue una denuncia por amenazas contra el periodista Rodolfo Barili, su esposa y su hijo, tras mensajes intimidatorios que recibió a través de Instagram para exigirle difundir información.

La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes ordenaron que la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional realice el sorteo del magistrado que quedará a cargo de profundizar la investigación.

La Corte Suprema resolvió el conflicto judicial por las amenazas contra Rodolfo Barili

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El máximo tribunal resolvió así un conflicto de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, y el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°4 de la Ciudad de Buenos Aires.

La causa se inició a partir de la denuncia presentada por Rodolfo R. Hernani Barilli, conductor del noticiero Telefé Noticias, quien relató que él, su esposa y su hijo comenzaron a recibir mensajes amenazantes desde un usuario de Instagram que les exigía publicar información sobre presuntos hechos delictivos.

Según el dictamen del Ministerio Público, las exigencias también alcanzaron a sus familiares e incluyeron advertencias de muerte, tortura y otras consecuencias, lo que generó temor e intimidación en el periodista.

El juzgado federal había considerado que se trataba de “amenazas simples” con motivación particular y declinó la competencia a favor de la Justicia de la Ciudad. Sin embargo, el magistrado porteño sostuvo que los hechos podían encuadrar como amenazas coactivas dirigidas a obligar al periodista a difundir determinada información.

Ante esa disputa, el procurador general Eduardo Casal evaluó que las amenazas denunciadas tendrían una motivación particular y que no surgía una afectación directa o indirecta a la seguridad del Estado nacional o a sus instituciones, por lo que correspondía continuar la investigación en la justicia ordinaria.

No obstante, el dictamen señaló que, al menos en esta etapa, no podía descartarse la figura de amenazas coactivas, delito que no se transfirió a la órbita judicial de la Ciudad de Buenos Aires y cuya investigación corresponde al fuero nacional en lo criminal y correccional.

La Corte Suprema respaldó ese criterio y dispuso que el expediente continúe en ese fuero, donde se sorteará el juez que seguirá adelante con la investigación