Entrega de valiosas tierras en el puerto de San Antonio: sigue la polémica

Están ubicadas en una zona de gran potencial turístico. El Ejecutivo propuso el acuerdo y ya sancionó la ordenanza que lo aprobó. Concejal opositor anticipó que recurrirá a la Justicia.

Más de 1.100 hectáreas de frente costero ubicadas en el Puerto de San Antonio Este, que ascenderían a un valor de más de U$S 400 millones serán entregadas, sin costo alguno, a descendientes de antiguos pobladores de la localidad.

La entrega se daría sin tener en cuenta la ley de tierras, que, entre los distintos puntos, prevé que para que haya un reconocimiento debe existir, como mínimo, una tenencia precaria que se haya renovado al constatar «la radicación de capital en mejoras, o ganados y cultivos, de un modo que quede asegurada la correcta explotación».

Hoy esa franja es de un enorme valor turístico, y los beneficiarios del acuerdo creado por el municipio no la ocupan. No está alambrada ni cuenta con animales o plantaciones, ni siquiera en un porcentaje de lo entregado. Las que sí existen son denuncias efectuadas por el titular de una fracción de Saco Viejo, dónde se está desarrollando un loteo llamado «Costa Blanca». Ellos alertaron que uno de los descendientes de los Ullúa, antes de que se concretase el polémico acuerdo, derribó médanos y alambró una parte de las tierras que ahora le cederían. Incluso promocionó la venta de lotes, anticipándose a la resolución del tema.

La defensa del acuerdo municipal alude a una salida «beneficiosa» en un «contexto totalmente adverso», argumentado la existencia de sentencia que ya otorgaba posesión a privados de unas 900 hectáreas y otros trámites que ponía en riesgo más tierras, incluyendo la zona de Punta Perdices (ver recuadro aparte).

Sin embargo en el convenio de los Velázquez, aunque en pequeña escala, también se contempló la entrega de tierras en ese sector, en el que cedieron 2 hectáreas, que están comprendidas en una zona en la que poseen una precaria vivienda.

La polémica entrega surgió por un proyecto del Ejecutivo municipal, a cargo del intendente Adrián Casadei (JSRN), que promulgó este martes la ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante. Ese cuerpo respaldó así el controvertido acuerdo mediante el voto de 7 de los 9 concejales, que obtuvo sumando a los ediles de su bloque el visto bueno de bloques aliados.

Los que votaron a favor fueron la presidenta del cuerpo, Alicia Paugest (JSRN) y el resto de los oficialistas Daniel López, Paola Turri y Rosana Tomassini. Acompañaron también Marcela Dodero y Héctor Cayunao (Frente Renovador) y Guillermo Marsch, que es del Frente de Todos pero apoya al oficialismo y será parte del próximo CD, como primer concejal de Nos une Río Negro (la fuerza integrada por el JSRN y parte del justicialismo).

De hecho la premura por lograr la votación del acuerdo, según sospechan los ediles de la oposición, se funda en que la composición del CD que entrará en vigencia a partir de diciembre no garantizaría el respaldo. Cabe recordar que Casadei seguirá como jefe comunal por 4 años más, ya que fue reelecto, pero la composición del cuerpo deliberativo no le sería tan afín como la actual.

«Pusieron a último momento el tema en el orden del día de la sesión previa al receso invernal» manifestó Matías Rodríguez, concejal de la UCR. Él, junto a Vanesa Carmona, votaron en contra de la medida. El radical anticipó además que irá a la Justicia para pedir la nulidad del convenio. «Es un despojo al erario público» sostuvo Rodríguez. Además, los opositores marcaron que detrás de esto se «se esconde un gran negocio inmobiliario».

«Armaron una comisión interpoderes que no actuó como tal. Porque, una vez constituida, recibió los acuerdos ya resueltos, sin posibilidad de que existiera nada para cuestionar» afirmó el radical.

Haciendo alusión a una sentencia de julio de 2020 «aún pasible de recursos», es decir, que podría ser apelada, el Ejecutivo resolvió no sólo citar a la familia en cuestión (Rojas/Velázquez) para realizar un ‘acuerdo transaccional’ sino también a otros dos grupos de vecinos que poseen reclamos incipientes. Se trata de los Caro (que sólo accedieron a una «instancia administrativa» por su queja) y los Ullúa (que «tienen suspendido el período de prueba de la demanda civil»).

El acuerdo prevé entregar 479 hectáreas a la familia Velázquez Rojas, 450 a la familia Ullúa y 230 a los Caro. A los primeros, incluso, se les habría contabilizado una hectárea más que la que surge del texto del convenio, que plantea que 91 le serán entregadas a Aldo Velázquez, 91 a Pablo Rojas, 232 a Elda y Amelia Velázquez y 64 al abogado Emiliano Gallego, que, curiosamente, recibe 32 hectáreas por cada uno de los acuerdos cerrados, pese a que representó a particulares de la misma familia. Esa suma hace 478, y no 479, como consta en el croquis del acuerdo.

Volviendo al tema de los abogados, Gallego es el único al qué, «excepcionalmente y debido al avance del reclamo» la municipalidad le pagará sus honorarios con tierras. También le pagará a su hermana Diana (que trabaja en el Poder Judicial), pese a que ahora no patrocina a los particulares, pero alegan que fue «clave» para lograr el trato.

Pusieron a último momento el tema en el orden del día en la sesión delConcejoDeliberante que se hizo previo al receso invernal».

Matías Rodríguez, concejal de la Unión Cívica Radical.

Un reclamo que se inició hace más de 14 años


En 2011 María Velázquez reclamó 1.250 hectáreas del Puerto SAE mediante un expediente iniciado en 2009 en el área de tierras y colonias de la Provincia, pese a que desde 2001 la tierra es de dominio municipal.

Los Velázquez son descendientes de Serapio Caro, un poblador que se afincó en parte de esas tierras en 1925 y que las utilizó para la cría de animales. Con el tiempo obtuvo permisos para que su ganado pudiera pastar en la zona. Pero, 98 años después su familia sólo ocupa una vivienda y una reducida zona aledaña.

En 2009, José María Clemant (actual secretario de turismo de Sierra Grande) se presentó como apoderado. Allí nació un expediente que apuntaba a pedir la titularidad. En 2013 el reclamo se centró en 910 hectáreas, y en 2015 iniciaron ante la justicia un litigio en lo contencioso administrativo. La municipalidad nunca desconoció a los Velázquez como ocupantes, pero sólo estaba dispuesta a negociar por un área no mayor a 5 hectáreas.

De hecho los ediles de entonces ya habían manifestado que la Justicia debería revisar «el expediente de 2009». Sin embargo, en 2016, otro cuerpo legislativo quiso ‘apurar’ un acuerdo por las 900 hectáreas, que finalmente se paralizó. En esa época el patrocinio estaba a cargo de Diana Gallego, que ahora también, como su hermano- actual abogado de la familia- recibirá tierras de parte del municipio, que aceptó hacerse cargo del pago de honorarios.

Los Ullúa también son cuestionados. «Ellos ya recibieron tierras, que son las del loteo Saco Viejo» afirmó un integrante de esa urbanización, que no quiso ser mencionado.

Dato

1.159
hectáreas están incluidas en la cesión que aprobó el Concejo Deliberante de San Antonio Oeste.

Explicaciones de los acuerdos y los “beneficios” logrados


La defensa del acuerdo municipal correspondió al estudio jurídico Casariego & Torres, que en el 2020 se sumó como «abogados externos» de la Municipalidad. «Entonces -indican en respuesta a consultas de RIO NEGROexistía una sentencia que reconocía el derecho de posesión de más de 900 hectáreas a la familia Velázquez, incluyendo Punta Perdices, y con medidas cautelares».

«Existía, además, el expediente Ullúa, sin sentencia, pero avanzado y con riesgo de perder otras 1.100 hectáreas. Inicialmente, se apeló la sentencia -agrega- y se evitan mayores medidas cautelares, como que se tome posesión del lugar y que los vecinos tuvieran que pedir permiso para entrar a esa zona».

»La negociación se inició para evitar que Punta Perdices, la falsa caleta y demás lugares queden en manos de privados».

«Las negociaciones permitieron recortar todo este riesgo y recuperar para el municipio estos lugares de valor inconmensurable. Y estaba el reclamo de Caro, que fue poblador original. Y existían actas de audiencias (gestión Ojeda) donde se podría haber resuelto por menos hectáreas la cuestión, pero no finalizaron».

«Los honorarios de abogados de la sentencia (Velázquez) significaban un mes y medio de masa salarial del municipio. Se tuvo que salir de un contexto totalmente adverso».

«Lo acordado -remarca- resulta ser una solución para el Estado por demás beneficiosa. Si se seguían con las impugnaciones y se confirmaba la sentencia, ¿cómo se explicaba que Punta Perdices y más de 2.000 hectáreas del puerto quedaban en manos de privados?».

«Con el acuerdo le redujimos a todos hectáreas, se recuperaron los lugares más importantes y se levantaron las medidas que, homologadas, se podrá avanzar con el desarrollo del puerto».

Se concluye que «los convenios dejan indemne a la municipalidad de todo reclamo. El municipio no pone un centavo de nada. No se modificará ninguna ordenanza de ordenamiento territorial. Es decir, los acuerdos no aprueban loteos ni ningún nuevo servicio» y las «líneas de costa, rutas y demás supeditadas a las normativas existentes».

«Previo al Concejo, los acuerdos -remarcan- pasaron por la Comisión Interpoderes, Planificación e incluso el Tribunal de Cuentas donde se dictaminó favorablemente. Todo se ha trabajado con filtros en distintos organismos donde se fueron haciendo observaciones y modificaciones del oficialismo y la oposición».


Las tierras que el municipio cede a las tres familias



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