Suspender las PASO rompe las reglas del juego democrático

El argumento sanitario también es relativo. El Estado debe eliminar los obstáculos que plantea la pandemia y garantizar las elecciones bajo estrictos protocolos de protección de la salud.

Tras el retorno de la democracia en 1983, los partidos políticos argentinos dirimieron sus nominaciones mediante elecciones internas tradicionales, en las que sus afiliados resolvían las postulaciones de los candidatos que los representaban en las elecciones generales para competir con los de las otras fuerzas.

La necesidad de los partidos de dotar de mayor legitimidad a sus candidatos derivó, en algunos casos, en la implementación del sistema de internas “abiertas”, en las que los electores no eran sólo sus afiliados sino los ciudadanos “independientes”, es decir, aquellos que no estaban afiliados a ningún partido político.

Estos sistemas -tanto el cerrado como el abierto- propiciaban periódicas campañas de afiliación y exigían a los partidos cierta gimnasia interna en la organización de cada comicio.

En el orden nacional, el sistema tuvo una modificación importante con la Ley 26.571, que instauró las PASO, sigla que responde al formato que deben cumplir las agrupaciones políticas para seleccionar a sus candidatos a cargos públicos electivos nacionales, ya que estas elecciones tienen el carácter de Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Primarias, porque dirimen previamente entre los distintos partidos o alianzas el armado de la lista definitiva que los representará en las elecciones generales. En este sentido, las primarias reemplazaron al sistema de internas anterior, regido por las normas de cada partido. Son Abiertas, porque participan todos los ciudadanos, estén o no afiliados a algún partido político. Simultáneas, ya que todos los partidos o alianzas compiten en una misma fecha. Y Obligatorias, pues deben votar todos los ciudadanos empadronados y, además, deben presentarse todos los partidos o alianzas que pretendan participar en la elección general.

Con este sistema, aquella gimnasia interna de los partidos fue perdiendo tonicidad, pues la organización comicial ya no recae en las estructuras partidarias sino en el Estado. Como contrapartida, el sistema puso a los partidos de cara a la sociedad y dotó de mayor legitimidad a las distintas nominaciones.

Agregó también previsibilidad en orden a las fechas, que quedaron establecidas para el segundo domingo de agosto (las primarias) y el cuarto de octubre (las generales), del año de vencimiento de los mandatos. Este no es un tema menor, por cuanto desarticuló prácticas de manipulación de las fechas electorales.

Con las PASO los candidatos de cada partido político cuentan con el aval no solo de las dirigencias partidarias o de los afiliados a esos partidos, sino que brindan a la ciudadanía la posibilidad de dirimir quienes son los mejores candidatos que representan el ideario de cada partido.

Por otra parte, el sistema es una herramienta válida para resolver candidaturas en esquemas de alianzas electorales, cuando los partidos que las integran promueven nominaciones desde sus propias filas.

Desde su implementación cada coyuntura fue diferente, por lo que mal puede afirmarse que las PASO no cumplieron con sus objetivos. Su pretendido fracaso es el argumento esgrimido por quienes ante determinados escenarios y generalmente desde una posición de poder, propician su suspensión movidos por una especulación política. Obsérvese que, casualmente, este planteo se efectúa ante la inminencia de procesos electorales y luego de los comicios el debate pasa al olvido.

Ello es así por cuanto como señalan algunos teóricos de los sistemas electorales, éstos son herramientas al servicio del sistema de partidos, y como toda herramienta, resulta beneficiosa o perjudicial conforme a como se la use.

Ahora bien, independientemente de las razones que esgrimen los detractores de este sistema, otra cuestión es la vinculada a los momentos y las formas para su eventual suspensión o anulación definitiva. En ello adscribo a quienes sostienen que no se pueden cambiar las reglas de juego de una elección en el año en que la misma ha de tener lugar.

Modificar unilateralmente las reglas de juego electorales a pocos meses de una elección tensiona los valores de la democracia republicana.

Si bien hay un costo económico en las PASO, renunciar a ellas por esta razón es un argumento relativo, y por tanto falso. Hacer elecciones es fundamental en una democracia. Luego, la suspensión de ellas iniciado el año electoral, sin los debidos consensos, es restringir la democracia. No es esta una cuestión modificable por mayorías circunstanciales.

El argumento sanitario también es relativo. El Estado debe eliminar los obstáculos que plantea la pandemia y garantizar las elecciones bajo estrictos protocolos sanitarios.

Los oficialismos -tanto el nacional como el local- amparados en el escenario de la pandemia y de la crisis económica, encuentran justificación en su intento de anular las PASO, escondiendo un trasfondo de especulación política. Esta intención de modificar las reglas de juego electorales, independientemente de los fundamentos que se esgrimen, algunos reales, pero otros totalmente falsos, no deben ser aceptados a la ligera, pues colisiona con principios democráticos básicos.

Un federalismo mal entendido ha dejado librado a los Estados provinciales la organización de las elecciones de sus autoridades, y esto muchas veces ha generado la manipulación de fechas, la determinación de la simultaneidad o no de las elecciones nacionales y locales y cronogramas electorales municipales diversos en un mismo año, lo que se decide en función de los intereses del partido gobernante, que saca ventaja en desmedro de las fuerzas opositoras. Las PASO han significado un avance respecto de estas arbitrariedades.

En el libro “Cómo mueren las Democracias”, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt señalan que sin normas sólidas, los mecanismos de control y equilibrio no funcionan como baluartes de la democracia que suponemos que son. Las instituciones se convierten en armas políticas y las reglas electorales se adecuan de manera sutil e incluso legal, para inclinar el terreno de juego en contra de los adversarios y en favor de los intereses propios. Esa es la sensación que deja el manoseo constante que se hace en torno de cada elección, que muchas veces deriva en la judicialización de los procesos electorales.

La instauración de un sistema electoral idóneo para resolver las candidaturas a los cargos electivos de representación, con reglas de juego claras y transparentes, continúa siendo una asignatura pendiente en la Argentina, que requiere de una reforma política profunda respaldada en un consenso amplio de todos los sectores. Hasta que este objetivo se logre, los actores políticos deberían abstenerse de aplicar remiendos y de impulsar modificaciones inspiradas en intereses sectoriales que fragilizan nuestra democracia.

* Exintendente de Viedma. Exlegislador provincial, vicepresidente asamblea PRO en Río Negro.