Un candidato poco promisorio
Para llenar la vacante en la Corte Suprema que ha dejado el ya exjuez Eugenio Zaffaroni, al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le hubiera convenido postular a un jurista apolítico, o cuando menos presuntamente neutral, de tal modo descolocando a la oposición, pero no pudo con su genio. Todo hace pensar que Roberto Carlés, el candidato oficial para reemplazar al paladín del garantismo que inició su carrera como juez jurando por los estatutos del Proceso castrense, es un militante kirchnerista tan fervoroso como la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Puesto que, por ser cuestión de un joven de 33 años, de conseguir Carlés un lugar en la Corte Suprema podría continuar ocupándolo hasta bien entrada la segunda mitad de este siglo, es sin duda natural que el gobierno lo apoye aunque, claro está, sería factible que, andando el tiempo, adoptara posturas radicalmente distintas de aquellas que le han merecido el aprecio de Cristina. Al fin y al cabo, el jurista ya se ha mostrado dispuesto a cambiar según las circunstancias políticas: ha logrado congraciarse con el papa Francisco que, con magnanimidad pontifical, optó por pasar por alto los dardos que disparó en su contra cuando aún era Jorge Bergoglio y por lo tanto, a juicio de Néstor Kirchner, “el jefe de la oposición”: en un mensaje de agosto del 2011 que fue difundido por Twitter, Carlés dijo que el entonces arzobispo no tenía derecho a hablar de trabajo porque “no laburó nunca en su vida”. Desgraciadamente para Carlés y para Cristina, que por razones evidentes quiere contar con al menos un soldado en el máximo tribunal del país, los líderes de todas las agrupaciones no alineadas con el gobierno no tardaron un solo minuto en dejar saber que lo rechazarían. Puesto que al habitualmente sumiso bloque oficialista, encabezado por Miguel Pichetto, le será sumamente difícil alcanzar los votos que necesitaría en el Senado, a menos que el gobierno consiga convencer a más de media docena de opositores de que sería de su interés no asistir a la sesión correspondiente, sería muy poco probable que Carlés tomara el lugar de Zaffaroni. Lo habrán entendido muy bien Cristina y los asesores que la acompañan, pero es de suponer que creían que, si se daban por vencidos de antemano, la oposición lo interpretaría como un síntoma de debilidad. Aunque según el jefe de Gabinete Jorge Capitanich, el vocero oficial más locuaz, el compromiso opositor, que se firmó en noviembre pasado, de negarse a avalar cualquier candidato propuesto por el Poder Ejecutivo, aun cuando se tratara de un antikirchnerista de antecedentes impecables, es una estrategia “autoritaria, típicamente antidemocrática y claramente golpista”, se trata de una reacción lógica frente al intento desembozado del gobierno de hacer de la Justicia un reducto militante inexpugnable resuelto a subordinar absolutamente todo al “proyecto” presidencial. En opinión de los líderes opositores, la oportunidad elegida para postular a un jurista notoriamente kirchnerista para suceder a otro militante, Zaffaroni, en la Corte Suprema se debió al deseo oficial de distraer la atención de la ciudadanía de la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman que tanto ha conmocionado al país. Es posible y, de todos modos, las sospechas provocadas por el caso han brindado a los adversarios del gobierno de Cristina motivos adicionales para cerrar filas en defensa de la independencia de la Justicia. Por lo demás, son conscientes de que la conformación de la Corte Suprema es un asunto tan importante que no pueden darse el lujo de cometer muchos errores, ya que sus miembros suelen incidir más en el desarrollo socioeconómico y político del país que todos los gobernadores provinciales. En los últimos años, la Corte reformada por Néstor Kirchner ha actuado como un baluarte contra la arbitrariedad de un gobierno unipersonal resuelto a “ir por todo”. Los dirigentes de las principales agrupaciones opositoras quieren que siga desempeñando esta función fundamental no sólo en los meses que nos separan del 10 de diciembre sino también en los próximos años cuando, es legítimo prever, el poder esté en manos de personas de ideas muy distintas de las reivindicadas por kirchneristas como Carlés y, es de esperar, mucho más democráticas.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Lunes 2 de febrero de 2015
Para llenar la vacante en la Corte Suprema que ha dejado el ya exjuez Eugenio Zaffaroni, al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le hubiera convenido postular a un jurista apolítico, o cuando menos presuntamente neutral, de tal modo descolocando a la oposición, pero no pudo con su genio. Todo hace pensar que Roberto Carlés, el candidato oficial para reemplazar al paladín del garantismo que inició su carrera como juez jurando por los estatutos del Proceso castrense, es un militante kirchnerista tan fervoroso como la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Puesto que, por ser cuestión de un joven de 33 años, de conseguir Carlés un lugar en la Corte Suprema podría continuar ocupándolo hasta bien entrada la segunda mitad de este siglo, es sin duda natural que el gobierno lo apoye aunque, claro está, sería factible que, andando el tiempo, adoptara posturas radicalmente distintas de aquellas que le han merecido el aprecio de Cristina. Al fin y al cabo, el jurista ya se ha mostrado dispuesto a cambiar según las circunstancias políticas: ha logrado congraciarse con el papa Francisco que, con magnanimidad pontifical, optó por pasar por alto los dardos que disparó en su contra cuando aún era Jorge Bergoglio y por lo tanto, a juicio de Néstor Kirchner, “el jefe de la oposición”: en un mensaje de agosto del 2011 que fue difundido por Twitter, Carlés dijo que el entonces arzobispo no tenía derecho a hablar de trabajo porque “no laburó nunca en su vida”. Desgraciadamente para Carlés y para Cristina, que por razones evidentes quiere contar con al menos un soldado en el máximo tribunal del país, los líderes de todas las agrupaciones no alineadas con el gobierno no tardaron un solo minuto en dejar saber que lo rechazarían. Puesto que al habitualmente sumiso bloque oficialista, encabezado por Miguel Pichetto, le será sumamente difícil alcanzar los votos que necesitaría en el Senado, a menos que el gobierno consiga convencer a más de media docena de opositores de que sería de su interés no asistir a la sesión correspondiente, sería muy poco probable que Carlés tomara el lugar de Zaffaroni. Lo habrán entendido muy bien Cristina y los asesores que la acompañan, pero es de suponer que creían que, si se daban por vencidos de antemano, la oposición lo interpretaría como un síntoma de debilidad. Aunque según el jefe de Gabinete Jorge Capitanich, el vocero oficial más locuaz, el compromiso opositor, que se firmó en noviembre pasado, de negarse a avalar cualquier candidato propuesto por el Poder Ejecutivo, aun cuando se tratara de un antikirchnerista de antecedentes impecables, es una estrategia “autoritaria, típicamente antidemocrática y claramente golpista”, se trata de una reacción lógica frente al intento desembozado del gobierno de hacer de la Justicia un reducto militante inexpugnable resuelto a subordinar absolutamente todo al “proyecto” presidencial. En opinión de los líderes opositores, la oportunidad elegida para postular a un jurista notoriamente kirchnerista para suceder a otro militante, Zaffaroni, en la Corte Suprema se debió al deseo oficial de distraer la atención de la ciudadanía de la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman que tanto ha conmocionado al país. Es posible y, de todos modos, las sospechas provocadas por el caso han brindado a los adversarios del gobierno de Cristina motivos adicionales para cerrar filas en defensa de la independencia de la Justicia. Por lo demás, son conscientes de que la conformación de la Corte Suprema es un asunto tan importante que no pueden darse el lujo de cometer muchos errores, ya que sus miembros suelen incidir más en el desarrollo socioeconómico y político del país que todos los gobernadores provinciales. En los últimos años, la Corte reformada por Néstor Kirchner ha actuado como un baluarte contra la arbitrariedad de un gobierno unipersonal resuelto a “ir por todo”. Los dirigentes de las principales agrupaciones opositoras quieren que siga desempeñando esta función fundamental no sólo en los meses que nos separan del 10 de diciembre sino también en los próximos años cuando, es legítimo prever, el poder esté en manos de personas de ideas muy distintas de las reivindicadas por kirchneristas como Carlés y, es de esperar, mucho más democráticas.
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