Un documento clave para saber quiénes comandaban la represión

El debate sobre las detenciones ilegales, sus responsables y sus víctimas en Río Negro cuenta desde 1984 con un documento clave, que pese a no tener más que 29 páginas es todavía considerado como fiel reflejo de los graves hechos de represión ilegal ocurridos en la provincia durante la última dictadura militar.

Se trata del informe elaborado por la Comisión Provincial de Derechos Humanos de Río Negro, creada poco después de asumir Osvaldo Álvarez Guerrero la gobernación, una vez repuesta la democracia.

La Comisión fue integrada por figuras de conocida trayectoria en defensa de los derechos humanos, y representativas de distintas regiones de la provincia, tales como Noemí Labrune, Julio Rajneri, Hugo Piucill, Rubén Marigo, Horacio Muñoz, Fernando Chironi, Víctor Bravo Martínez y el sacerdote Vicente Pellegrini, además de los legisladores Mary Soldavini de Ruberti y Edgardo Fernández.

Las conclusiones fueron entregadas al gobernador Álvarez Guerrero el 21 de diciembre de 1984 y publicadas completas por “Río Negro” en su edición del 22. Allí se describieron los hechos de represión –incluyendo desaparición de personas, tormentos y detenciones ilegales– así como de las responsabilidades que en ellos correspondió a integrantes del Ejército Argentino y de las Policías provincial y Federal.

La actividad de la Comisión se centró en dos aspectos: 1) la recepción de denuncias sobre hechos ocurridos en Río Negro o referidos a rionegrinos pero sucedidos en Neuquén y 2) determinar la organización del aparato represivo y los responsables de los actos ilegales cometidos en perjuicio de ciudadanos de la provincia en el período vinculado con la represión ilegal, aun antes del golpe de Estado de 1976, por lo cual se abarcaron atentados planificados desde la Jefatura de Policía de Río Negro cuando era jefe de la institución Benigno Ardanaz y acciones ejecutadas por la custodia del profesor Remus Tetu, rector de la Universidad Nacional del Comahue, por lo cual afirmó que “al producirse el golpe del 24 de marzo de 1976, el aparato represivo estaba perfectamente montado y en condiciones de iniciar en toda la provincia operativos de cierta envergadura, combinando acciones clandestinas con procedimientos legales”.

Para su labor la Comisión tomó denuncias de víctimas y familiares, y testimonios de policías y de soldados conscriptos, hizo reconocimiento de las instalaciones donde funcionó el centro clandestino de detención “La Escuelita” en Neuquén capital, tomó como propio el reconocimiento que la Conadep hizo en “La Escuelita” de Bahía Blanca, hizo el reconocimiento del centro de detención en la cancha de pelota de la Escuela de Instrucción Andina de Bariloche e inspeccionó los registros de la delegación Viedma de la Policía Federal.

“En Río Negro se secuestró, se torturó y se hizo desaparecer seres humanos sin que haya existido un solo episodio de acciones subversivas durante todos estos años”, indicó la Comisión.

En cuanto al modo en que se organizó el aparato represivo, concluyó que la provincia de Río Negro estuvo dividida por una línea imaginaria que pasaba por Choele Choel: la parte oeste –incluyendo Alto Valle y Bariloche– estuvo bajo control operativo de los asentamientos militares de Neuquén capital y el resto de la provincia –incluyendo Viedma– dependía del comando del 5to Cuerpo con asiento en Bahía Blanca, bajo cuyo mando estaban incluso las dependencias neuquinas. Como jefe de la subzona de Seguridad 52 –que abarcaba Río Negro y Neuquén– identifica la Comisión a José Luis Sexton, indicando que él y el jefe de Inteligencia –mayor Reinhold– eran responsables de las dos caras de la represión, legal y clandestina. Todas las fuerzas de seguridad –incluyendo las policías federal y provinciales– estaban subordinadas al Comando de la VI Brigada. Es así que durante la ola de allanamientos y detenciones realizadas inmediatamente después del golpe militar, los familiares eran derivados desde las comisarías y recibían –de Sexton o de Reinhold– explicaciones como si fueran procedimientos legales, pese a que los detenidos eran torturados.

El informe indica que la derivación de Francisco Tropeano –detenido tras un violento allanamiento en su casa poco después del golpe– al centro clandestino de detención “La Escuelita” de Bahía Blanca “permiten suponer que la subzona no disponía, al asumir el gobierno militar, de un centro similar montado en su propia jurisdicción, por lo que los primeros interrogatorios con apremios ilegales se efectuaron en la delegación de la Policía Federal de Neuquén o en alguna dependencia de la U-9” neuquina.

Así se entendió siempre y así figura también en el informe “Nunca Más” de la Conadep, hasta que este grupo de “nuevas” víctimas declaró casi 30 años después de sucedido el golpe de Estado, asegurando sus miembros haber sido detenidos y torturados en la Comisaría de Cipolletti o en incursiones nocturnas bajo control militar y policial en la zona del Treinta, en territorio rionegrino.

Además de Tropeano, nombra como detenidos en el Alto Valle en esos primeros tiempos tras el golpe a Nora Rivera, afirmando que su testimonio coincide significativamente con otros ex desaparecidos, que dan cuenta de la presencia en “La Escuelita” de Bahía Blanca de Cecilia Vecchi, Jorge Asenjo y Mirta Tronelli –todavía desaparecidos– y Eduardo París y Gladys Sepúlveda –liberados luego–. El informe de la Comisión no nombra jamás a Ricardo Novero, Raúl Sotto, Silvia Barco de Blanco ni los hermanos Juan Domingo y Jorge Adolfo Pailos como detenidos o torturados en Cipolletti ni en ninguna otra forma. Este dato se suma a las incongruencias en sus declaraciones sobre sus detenciones en la comisaría Cuarta, detalladas ayer en la primera parte de este informe.

Como rasgo unificador de todos los casos analizados, señaló la Comisión que “las víctimas son detenidas en el curso de procedimientos aparentemente legales, que se transforman en privación ilegítima de la libertad dentro mismo de la cárcel oficial. La salida de las víctimas –convertidas en prisioneros clandestinos– es registrada en los libros reglamentarios: el Comando de la VI Brigada se hace cargo de ellas. Viajan centenares de kilómetros en aviones de la Fuerza Aérea o del SPF custodiadas por personal de uniforme, mientras los jueces rechazan sin más trámite los habeas corpus”.

En cuanto a “La Escuelita” de Neuquén, afirmó la Comisión que fue puesta en funcionamiento a partir de agosto de 1976 en terrenos del Batallón 181 de Ingenieros de Construcciones, en una antigua construcción de mampostería reparada especialmente para servir como centro clandestino de detención. La Comisión constató que la disposición interna coincidía con los croquis hechos por algunas de las víctimas que habían sufrido allí prisión ilegal y tortura bajo el control de “una persona que, como en otros ‘chupaderos’, se hacía llamar ‘Pedro’”. En 1978 fue desmantelada.

La Comisión asigna una responsabilidad central al Batallón de Ingenieros de Construcciones y asegura que el personal militar que en él revistaba no podía ignorar para qué se usaba “La Escuelita”, más allá de que existía un aparato clandestino dedicado a tareas de inteligencia y tormentos.

Un apartado especial del informe está dedicado a “la labor de la Policía de Río Negro”. En él se señalan dos períodos: el anterior a 1976, con la conducción del jefe de policía Ardanaz, y el correspondiente al Proceso de Reorganización Nacional, tras el golpe del 24 de marzo de ese año.

La Comisión señaló que en la primera etapa “la colaboración de la Policía en acciones clandestinas excedió largamente los aspectos estrictamente profesionales a los que se atuvo bajo el régimen militar, para participar en forma encubierta en operativos de terrorismo de Estado de muy inequívoco designio”. Citó así que el policía de apellido Radiche, hombre de confianza de Ardanaz, participó del secuestro de Rubén Ríos.

“A partir del 24 de marzo de 1976, la participación de la Policía de Río Negro en operativos de la llamada lucha antisubversiva está acreditada en los testimonios de las víctimas o de sus familiares así como en las declaraciones formuladas por los propios funcionarios policiales ante esta Comisión. Según surge de las mismas, la función de la Policía rionegrina estuvo a partir de esa fecha totalmente subordinada operacionalmente a las fuerzas operacionales con sede en Neuquén, Bariloche y Bahía Blanca, se indicó.

Hasta tal punto fue esa dependencia que la Comisión señaló que hizo que “prácticamente la institución desaparezca como organismo autónomo de decisión y todas sus operaciones son ordenadas y dispuestas por organismos militares fuera del ámbito policial. También es evidente que se cumplieron funciones de inteligencia y de información, aunque no haya evidencias de que la policía rionegrina haya participado en torturas o apremios ilegales a los detenidos. Su misión parece haberse limitado en general a ser vehículo de detención, de vigilancia y de transferencia de detenidos hasta el lugar indicado por las fuerzas militares”, indica el informe.

Como contrapartida, objetó la comisión que la policía rionegrina “desapareció como organismo receptor e denuncias respecto a desapariciones y procedimiento y en todas las circunstancias en que fue receptor de denuncian o de testimonios, las mismas eran derivadas a vía muerta”.

Avanzando hacia denuncias puntuales investigadas por esa Comisión, el informe indica que “la policía cumplió funciones de inteligencia. Asimismo, en algunos casos de mucha relevancia, como las confiadas en toda la zona del Alto Valle al oficial Miguel Ángel Quiñones, enlace con el Servicio de Inteligencia de la VI Brigada practicó detenciones, traslados y allanamientos por orden de autoridad militar, la mayoría de las veces formando parte de operativos conjuntos.

Ver primera parte del informe especial: “¿Existió o no un centro de detención ilegal en la comisaría de Cipolletti?” (edición impresa del 08-04-10)

Los integrantes de la comisión tomaron declaración a las víctimas y recorrieron los centros de detención, entre ellos “La Escuelita”.

INFORME ESPECIAL – PARTE ii

alicia miller

amiller@rionegro.com.ar