Un país sin ley

Según el orden de prioridades que en una ocasión fue fijado por Juan Domingo Perón, ocuparía el primer lugar “la Patria”, el segundo “el movimiento” y por último vendrían “los hombres”, pero, como sabía el general, en nuestro país lo habitual es invertirlo, privilegiando al caudillo de turno y, si bien en menor medida, a quienes lo acompañan y sólo entonces tomar en cuenta los intereses nacionales. Por cierto, a esta altura, a muy pocos se les ocurriría atribuir la creciente ofensiva contra el Poder Judicial que han emprendido la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus colaboradores a motivos ideológicos o patrióticos. Es penosamente evidente que quieren impedir que jueces y fiscales continúen tratando de averiguar la ruta tomada por “el dinero K” o que lleguen a la conclusión de que es inconstitucional el acuerdo con la República Islámica de Irán. Aunque algunos dirigentes opositores han advertido que la politización de la Justicia que está en marcha plantea un grave peligro a todos porque cualquiera podría verse perjudicado si le toca ser juzgado por un magistrado militante, los costos de permitir que el Poder Judicial termine incorporado al “proyecto” oficialista no se limitarían al riesgo así supuesto. De difundirse internacionalmente la convicción de que en la Argentina la Justicia se ha transformado en un instrumento manejado por una camarilla política comprometida con el llamado “capitalismo de los amigos”, no vendrán las inversiones productivas que el país tanto necesita. A lo sumo, tratarían de aprovechar las oportunidades brindadas los especuladores financieros, empresarios corruptos y otros aventureros, entre ellos personajes vinculados con el crimen organizado. Es por lo tanto lógico que los voceros de distintas entidades empresarias se hayan manifestado alarmados por el intento tardío del gobierno nacional de “reformar” la Justicia, reemplazando a aquellos jueces y fiscales que no comulgan con “el proyecto” por otros que a su juicio son militantes leales, de ahí la multitud de conjueces que el Poder Ejecutivo se ha puesto a designar, entre ellos muchos integrantes de La Cámpora. En los años últimos, se ha consolidado un consenso en el sentido de que el progreso económico depende en buena medida de la fortaleza de las instituciones. Por razones comprensibles, los empresarios honestos prefieren mantenerse alejados de aquellos países en que los políticos desprecian la seguridad jurídica –“un concepto horrible”, dijo Axel Kicillof poco antes de convertirse en ministro de Economía–, ya que podrían verse despojados de sus bienes bajo pretextos arbitrarios, como en efecto les sucedió a los españoles de Repsol al enterarse los kirchneristas de las dimensiones insólitas de las reservas de gas y petróleo encontradas en el yacimiento Vaca Muerta. Pero no sólo es cuestión de la resistencia de los empresarios del mundo avanzado a arriesgarse en países sin ley. También se ven inhibidos los hombres de negocios locales que tendrán buenos motivos para temer que su propio futuro dependerá más de sus eventuales preferencias políticas que de su capacidad como empresarios. En un mundo cada vez más globalizado, tiende a ampliarse la brecha entre las sociedades en que es normal confiar en la Justicia y aquellas en que la mayoría da por descontado de que es a un tiempo corrupta y políticamente alineada, como es el caso en casi todos los países subdesarrollados. Además de insistir gobiernos como el estadounidense en que las empresas nacionales o multinacionales que operan en su territorio acaten un código de conducta severo aun cuando hagan negocios en otras latitudes en que las costumbres son muy diferentes, los empresarios locales se sienten desalentados por la conciencia de que les resultaría mucho más provechoso congraciarse con un funcionario clave que perder el tiempo procurando fabricar bienes de calidad a precios accesibles. Puesto que desde hace muchas décadas nuestros empresarios han tenido que adaptarse a la falta del “concepto horrible” denostado por Kicillof, y todo hace prever que en los meses próximos la Justicia siga haciéndose todavía menos confiable de lo que ya es, no extrañaría en absoluto que la economía argentina continuara perdiendo terreno en comparación no sólo con las de Asia oriental, América del Norte y partes de Europa, sino también con las de países vecinos como Chile y Uruguay.

Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Editor responsable: Guillermo Berto Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA Martes 7 de julio de 2015