Un riesgoso perdón

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gerardo bilardo gbilardo@rionegro.com.ar

El gobierno de Jorge Sapag cierra el año envuelto en una ola de reclamos salariales y con alta conflictividad social. Es un escenario diferente al anterior cuando se observó una estrategia de anticipación a las demandas latentes que dio resultado en la mayoría de los casos, excepto con el gremio de los docentes que, tras un desgastante conflicto que afectó el inicio de clases, terminó aceptando prácticamente lo que había rechazado al inicio. La levadura que aceleró este proceso fue la insubordinación en la policía que en apenas tres días le arrancó al gobierno un aumento que se transformó en la base para discutir los sueldos en el resto de los sectores del Estado: un salario de bolsillo inicial de diez mil pesos. Se observa una intención del gobierno por minimizar el impacto de lo que significó la rebelión policial, su implicancia interna y la onda expansiva sobre los demás sectores estatales. No hubo denuncia ni intervención judicial de oficio, como en otras jurisdicciones, para investigar a los policías que participaron en la protesta. En Santa Fe, por ejemplo, el gobierno presentó una acción penal para que se investigue si hubo delito de sedición. El jefe de la Policía, Raúl Laserna, acaba de certificar esta semana la idea de que la sociedad debe olvidar lo sucedido cuando en una entrevista con este diario dijo: “Lo más sano es poner lo que pasó en una cajita de cristal, reunir la fuerza internamente y caminar para adelante”. La idea del olvido y del perdón formó parte del acuerdo con los policías insubordinados y dejó sin sanciones a los cabecillas de la protesta protagonizada en una institución muy particular, que tiene prohibidos los autoacuartelamientos y cualquier otra forma de demanda sectorial. Esta idea de “caminar para adelante” sin mirar atrás plantea un riesgoso antecedente que erosiona el principio de autoridad en la escala jerárquica, que arranca con la conducción política que recae sobre el ministro de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo, Gabriel Gastaminza, y sigue en la cadena de mandos de la institución. En un contexto de debilidad así planteado no se puede certificar hoy que, aun con el aumento otorgado, haya concluido el estado deliberativo de la fuerza. Algunos voceros vinculados con la protesta siguen visitando redacciones para plantear que el pliego de demandas no es sólo salarial. Con esta rebelión organizada por sectores internos, algunos retirados y otros no, la policía obtuvo, en las franjas bajas y medias del escalafón de oficiales y suboficiales, aumentos que varían entre los 3.200 y los 4.300 pesos. El beneficio lo tendrán disponible en breve, con los sueldos de diciembre. El costo fiscal anual del arreglo es de 439 millones de pesos, según lo informado por el gobierno. Después de un largo peregrinar, los médicos recibieron entre 2.000 y 5.200 pesos de aumento, de acuerdo con la antigüedad y la carga horaria. El incremento llegará con los haberes de enero y el acuerdo tiene un costo anual para las finanzas públicas de 300 millones de pesos si todos, y no sólo los médicos, terminan aceptando la oferta. Los trabajadores municipales de la ciudad de Neuquén acaban de cerrar con el intendente Horacio Quiroga una mejora que oscila entre los 870 y los 1.500 pesos, mientras que los trabajadores petroleros, que no son estatales pero iluminan con potencia la economía local, acordaron 6.600 pesos de una suma fija que la recibirán en dos cuotas el año próximo. Al gobierno le falta acordar los aumentos con otros sectores del Estado, entre ellos los docentes y los empleados del escalafón general que, en este caso, fueron convocados para el 10 de enero. Se puede decir hasta aquí que, excepto los médicos con muchos años de servicio, los petroleros y la policía cerraron las mejores recomposiciones salariales de fin de año. La fuerza de seguridad tiene la ventaja, además, de que el aumento llegará al bolsillo antes que al resto. El ministro que le puso la firma al acuerdo más oneroso fue el de Energía, Guillermo Coco, mientras que el convenio con los profesionales de Salud, que llegó después de nueve meses de continuos reclamos, fue delegado en el titular del área, Rubén Butigué, y en el de Economía, Omar Gutiérrez. Butigué también es un ministro jaqueado por el prolongado conflicto en Salud que sigue sin solución porque aún no hay arreglo con los sectores técnicos, auxiliares, administrativos y enfermeros que protagonizan una huelga que afecta el funcionamiento de los servicios hospitalarios. En medio de este clima donde quedan cabos sueltos, como el delicado momento que atraviesa el sistema público de salud que se ve forzado a trasladar pacientes, o las protestas de estatales en las rutas que crecen, el gobernador Sapag viajó a Río de Janeiro en víspera de Navidad. Se desplazó a Brasil en compañía del ministro Coco para definir políticas en el área de mayor interés de su gestión: las inversiones petroleras. Sapag busca cerrar un compromiso de inversión por 54 millones de dólares con la presidenta de Petrobras, María das Graças Foster, para explotar el área Parva Negra, y una salida negociada para Veta Escondida, el bloque que Neuquén le quitó a la petrolera en el 2012, una medida que generó fricción con el gobierno nacional porque provocó malestar diplomático con el principal socio comercial del país.