Una lección de democracia

En un país tan enfermizamente politizado como el nuestro, nunca faltan jueces dispuestos a actuar como militantes de alguno que otro “proyecto” que por lo tanto están más interesados en llamar la atención a su propia lealtad que en los molestos detalles jurídicos, pero por fortuna sólo se trata de una minoría de personajes notorios cuyos fallos a menudo sirven para desprestigiar al Poder Judicial como tal. Puesto que últimamente los operadores oficialistas, entre ellos el ministro de Justicia, Julio Alak, han estado procurando asegurar, con métodos muy parecidos a los empleados por el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno para intimidar a los empresarios, que las causas protagonizadas por el Grupo Clarín terminen en manos de un juez amigo, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, se ha sentido obligado a pedirles “no ceder frente a las presiones ni del gobierno ni de las corporaciones, porque si cedemos una vez, terminaremos cediendo siempre”, ya que “el deber de los magistrados es ser imparciales, no importa que las partes de una causa sean el Estado, las corporaciones o cualquier persona”. Por ser cuestión de principios tan evidentes, el que Lorenzetti los haya reivindicado en público no debería haber motivado sorpresa alguna, pero, claro está, el discurso que pronunció el jueves ante quinientos magistrados en Mendoza tuvo un fuerte impacto político porque, en el ámbito judicial como en tantos otros, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner nunca ha tratado de disimular su voluntad de ir por todo. Además de sentirse preocupado por la ofensiva gubernamental más reciente en contra de la autonomía del Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema es consciente de que los kirchneristas son reacios a respetar los derechos de las minorías porque, conforme a su punto de vista, los resultados electorales de octubre del año pasado fueron suficientes como para legitimar la hegemonía casi absoluta de Cristina, de ahí su alusión a lo que sucedió en los años treinta y cuarenta del siglo pasado en Europa. Como señaló Lorenzetti, “las mayorías tienen un rol preponderante en la sociedad y hay que respetarlas, pero las decisiones de las mayorías pueden estar equivocadas, como ocurrió en la Alemania de Hitler”. Si bien nadie en su sano juicio cree que el gobierno actual pudiera “equivocarse” de manera tan horrenda como el líder nazi que, además de asesinar con brutalidad extrema a millones de judíos y otros por motivos raciales, fue responsable de provocar la Segunda Guerra Mundial, la intolerancia prepotente que es una de las características más llamativas de la variante del kirchnerismo encabezada por Cristina plantea un riesgo a la convivencia democrática porque es incompatible con el pluralismo. Puesto que los partidos opositores no parecen estar en condiciones de frenar las ambiciones desmedidas del oficialismo, Lorenzetti insiste en que les corresponde a los jueces asegurar que las decisiones de la mayoría circunstancial se ajusten a la Constitución y que no violen derechos fundamentales. Los dirigentes de las distintas fracciones opositoras comparten los temores de Lorenzetti, razón por la que, a pesar de sus diferencias ideológicas, cerraron filas para pedir al gobierno que “cese de inmediato sus ataques al orden constitucional”. Aunque es poco probable que los kirchneristas presten mucha atención a una declaración firmada por los representantes de la UCR, PRO, la Coalición Cívica, el peronismo disidente y agrupaciones de izquierda, no podrán pasar por alto la actitud de Lorenzetti y otros integrantes de la Corte Suprema. Tampoco les convendría minimizar la importancia de la evolución de la opinión pública. Hace un año, el 54% del electorado se mostró dispuesto a cohonestar las pretensiones de los kirchneristas pero, según las encuestas de opinión, desde entonces el gobierno ha perdido el apoyo de una proporción sustancial de los que votaron a favor de Cristina, en parte debido a su manejo extraordinariamente inepto de la economía nacional, pero también a causa del desprecio patente de muchos oficialistas por los valores democráticos más básicos, razón por la que los esfuerzos denodados del oficialismo por amedrentar a los jueces les están resultando contraproducentes en términos políticos.