Venezuela: polémica ley antiterrorista
CARACAS (AP).- Activistas de derechos humanos y opositores del presidente Hugo Chávez temen que una nueva ley destinada a combatir el crimen organizado y el terrorismo sea utilizada por el gobierno para reprimir a la disidencia. Los legisladores leales a Chávez niegan que la ley aprobada el martes tenga este fin, afirmando que su único objetivo es ayudar a las autoridades combatir el lavado de dinero, amenazas de bomba y secuestros de aviones. “La ley podría abrir el camino para castigar la disidencia’’, dijo Liliana Ortega, de la organización humanitaria Comité de Familiares de Víctimas del 27 de febrero de 1989 (Cofavic), una de las principales ONG del país. Activistas y los adversarios de Chávez temen que los derechos a protestar y otras garantías constitucionales sean menoscabados dado que la redacción de la ley podría castigar a quienes organicen protestas ante embajadas extranjeras y edificios públicos. También advirtieron que las acusaciones de informantes anónimos podrían dar lugar a violaciones del debido proceso. Sus críticos están particularmente preocupados por la creación de la “Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo’’, del ministerio del Interior, que recibiría las denuncias anónimas contra los venezolanos sospechosos de planear actos terroristas. La ley define como acto terrorista aquel “cometido con el fin de intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo; desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales constitucionales, económicas o sociales de un país’’.
CARACAS (AP).- Activistas de derechos humanos y opositores del presidente Hugo Chávez temen que una nueva ley destinada a combatir el crimen organizado y el terrorismo sea utilizada por el gobierno para reprimir a la disidencia. Los legisladores leales a Chávez niegan que la ley aprobada el martes tenga este fin, afirmando que su único objetivo es ayudar a las autoridades combatir el lavado de dinero, amenazas de bomba y secuestros de aviones. “La ley podría abrir el camino para castigar la disidencia’’, dijo Liliana Ortega, de la organización humanitaria Comité de Familiares de Víctimas del 27 de febrero de 1989 (Cofavic), una de las principales ONG del país. Activistas y los adversarios de Chávez temen que los derechos a protestar y otras garantías constitucionales sean menoscabados dado que la redacción de la ley podría castigar a quienes organicen protestas ante embajadas extranjeras y edificios públicos. También advirtieron que las acusaciones de informantes anónimos podrían dar lugar a violaciones del debido proceso. Sus críticos están particularmente preocupados por la creación de la “Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo’’, del ministerio del Interior, que recibiría las denuncias anónimas contra los venezolanos sospechosos de planear actos terroristas. La ley define como acto terrorista aquel “cometido con el fin de intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo; desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales constitucionales, económicas o sociales de un país’’.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
