Venta de gas a Argentina provoca crisis en Bolivia

El ministro boliviano de Hidrocarburos, Antonio Araníbar, renunció ayer al cargo que había asumido hace un mes, en momentos de fuertes controversias por el debate de una nueva ley para el sector y la decisión del gobierno de vender gas a Argentina. El renunciante, ex ministro de Relaciones Exteriores, ex candidato presidencial y fundador del partido centroizquierdista Movimiento Bolivia Libre, aludió a «motivos personales» para justificar su dimisión, que causó una crisis en el gobierno de Carlos Mesa.

Araníbar había llegado al Ministerio de Hidrocarburos hace un mes con la misión de estructurar la nueva ley para establecer reglas en ese sector estratégico para el país, normativa que la oposición y sectores sindicales exigen con urgencia para lograr mejores condiciones en la venta del gas a Argentina.

Sin embargo, el Ejecutivo no presentó aún el proyecto respectivo, por lo que partidos políticos de importante participación en el Parlamento, como el Movimiento al Socialismo (MAS) y la Nueva Fuerza Republicana (NFR), plantearon que el Legislativo debata una iniciativa propia. De acuerdo a las aproximaciones iniciales, la venta de gas a Argentina durante un año a partir de mayo, a razón de cuatro millones de metros cúbicos diarios para la temporada invernal y 2,5 millones para el resto, generará al Estado boliviano ingresos por alrededor de 37 millones de dólares, sobre todo en regalías e impuestos.

La venta de gas a Argentina también es cuestionada pues se teme que el fluido termine siendo exportado a Chile, país con el que Bolivia mantiene un serio enfrentamiento por el reclamo de una salida al mar.

Desde que Araníbar asumió el cargo, se encontró con una fuerte oposición de sectores que lo acusaban de ser un «empleado» de las petroleras o le enrostraban su supuesto desconocimiento del sector.

Araníbar había reemplazado a Mauricio Galleguillos, desplazado por el Congreso por la política en el sector, quien estaba interinamente en el cargo, a raíz de la renuncia de Antonio Ríos, que estaba a punto de ser también desplazado por ese cuerpo legislativo.

Sectores sindicales y populares se oponen a que se concrete esa venta por hacerse antes de la aprobación de una nueva ley y porque supuestamente sólo beneficia a las transacionales, lo que le ha creado otro foco de conflicto al gobierno.