Viales: críticas a la Fiscalía de Estado

Por Redacción

VIEDMA (AV).- El concejal y abogado Ariel Gallinger, quien días atrás denunció la posible defraudación producida por la sobreventa de terrenos por parte del Sindicato de Viales, solicitó ayer que la Fiscalía de Estado se constituya en querellante en esa causa. Cabe recordar que durante la última semana el conflicto que impedía la entrega de las 54 viviendas quedó casi resuelto gracias al compromiso del Estado rionegrino de construir otras 23 viviendas para completar las que el Sindicato de Viales vendió de más. Gallinger sostuvo que más allá de que la Fiscalía de Estado inicie causas para recuperar el dinero que invierta para subsanar la irregularidad, sería saludable que se presentara como querellante en el expediente penal. “Esta situación se hubiera solucionado tres meses antes si se hubiera dado la respuesta que recomendamos en su momento y de esa forma se hubiera evitado que la gente pasara por todo lo que tuvo que pasar”, sostuvo el edil. Por su parte, la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, manifestó su satisfacción por el acuerdo que permitió destrabar el conflicto generado con las 54 viviendas del Sindicato de Viales. Piccinini dijo que “siempre la postura de este organismo de control fue la defensa de los derechos de los ciudadanos que compraron los terrenos al titular del sindicato, Carlos Sansuerro”. Agregó que “por ello se espera que el Estado cumpla con las promesas y que no se trate de un engaño para enfriar el conflicto”. La defensora expresó que durante todo el desarrollo del conflicto por las viviendas, “se observó claramente el modus operandi del Estado a través de la conducta asumida por el Fiscal de Estado, que utilizó la estructura estatal de la administración y del Poder Judicial para cubrir o proteger al causante del problema que es Carlos Sansuerro, a la vez director de la empresa estatal Viarse”. Manifestó que “el Fiscal de Estado es quien debe velar por la legalidad de los actos de gobierno y la defensa del patrimonio estatal pero se ha encargado de asumir activamente la defensa del Sindicato Vial y del IPPV, protegiendo siempre a los que perjudican al Estado”. Finalizó diciendo que “en definitiva el Estado no se hizo cargo del conflicto que generó un personaje inescrupuloso como Sansuerro y un organismo ausente e ineficiente como el IPPV”.


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