El rechazo al aumento de Pehuenche reflejó la falta de una ordenanza

Tras la polémica decisión del Deliberante cipoleño, que aprobó el aumento en la tarifa del transporte público para la empresa Pehuenche, un grupo de vecinos presentaron una gran cantidad de firmas en busca de utilizar la “iniciativa popular” que otorga la Carta Orgánica de la ciudad, con el objetivo de que se revea la decisión sobre la suba. Ante reiterados reclamos sobre la falta de respuesta, el concejal Miguel Aninao está trabajando en un proyecto para regular esta herramienta ante la falta de marco legal.

Santiago Varela y Cristina Rodríguez fueron los dos cipoleños que recolectaron las rubricas que impone la Carta Orgánica, pero al presentarlas se presentó la incertidumbre sobre el soporte legal que dará cuerpo al procedimiento. Desde la presentación de la iniciativa fueron numerosos los reclamos por parte de Varela para obtener una respuesta, ya que en los 30 días posteriores se debería dar tratamiento.

Aninao explicó que al menos 13 países de América cuentan con este tipo de herramientas, y que en Argentina fue sancionado en 1994 y reglamentado en 1996 y 2001. Además relató que desde ese entonces solo dos proyectos lograron los requisitos y llegaron al parlamento nacional. Desde finales de los años 90 más de 20 iniciativas populares fueron recibidas en la legislatura provincial, pero nunca se discutieron las reglamentaciones ni los instrumentos de consulta, por lo que el paso del tiempo “condenó” al archivo a la mayoría de los proyectos.

Es importante enfatizar que la iniciativa popular no puede abordar ciertos temas estipulados, como por ejemplo una reforma constitucional, intervenir en tratados internacionales, tributos, presupuesto o cuestiones de materia penal.

El edil argumentó que el procedimiento a seguir no está regulado, por lo que es necesaria una Ordenanza. Por el momento, para presentar la iniciativa popular son necesarias las firmas de un 10% del electorado. En caso de ser rechazado se abriría la posibilidad de un referéndum popular, a 30 días, ante lo que se requiere un 20% del electorado en firmas. En caso de un nuevo rechazo el pedido será descartado y no se podrá volver a insistir por un período de dos años. Por el contrario, de ser aprobado se implementaría automáticamente.

El proyecto del concejal Aninao estaba previsto para ingresar en la sesión del martes, pero al no reunir la documentación necesaria quedará pendiente para la próxima reunión del Deliberante, cuando tomará estado parlamentario.