Dinámicas democráticas y reforma procesal penal

Transitamos por un tiempo de oportunidades que sería importante aprovechar, en pos de superar autismos atávicos.

Los problemas de funcionamiento que a veces experimentan las instituciones de representación política, así como aquellas de gestión y resolución de conflictos intersubjetivos y sociales, suelen devenir en la necesidad de cambios y transformaciones.

En dicho contexto se inscribe la consensuada reforma procesal penal en la provincia de Río Negro y la oportunidad de propiciar, durante su gestación y desarrollo, una conversación profunda e inclusiva que involucre a quienes serán los destinatarios naturales de esas modificaciones.

Los ciudadanos y sus organizaciones, los partidos políticos, movimientos sociales, sindicatos, grupos de derechos humanos, sectores vulnerables y colectivos de víctimas, todos ellos debieran ser invitados a discutir sobre algunos puntos de futura incidencia colectiva.

Esos puntos remiten al funcionamiento del sistema penal en la provincia. Es decir, al modo en que se producirá el gobierno de la penalidad, las prioridades en materia de persecución penal, los plazos de encarcelamiento preventivo y sus límites, entre otros tópicos relevantes.

Dicho de otro modo: resulta indispensable que una transformación institucional como la planteada, por su magnitud e incidencia social, guarde un correlato serio con las expectativas y necesidades colectivas. A ese fin, la comunicación al público tanto de su contenido, como de sus términos y características, debiera consistir en un punto de partida inexorable.

Es a partir de un proceso de intercambio con los diversos actores sociales como se legitima un proceso de reforma tal. Es decir, construyendo un sistema de dialogo y receptividad que no se ahorre el debate, la puesta en crisis y las soluciones superadoras.

En efecto, uno de los frecuentes problemas en materia de toma de decisiones inherentes a la política contemporánea radica, por un lado, en la ausencia de comunicación efectiva sobre lo que se discute. Y por otro, en la nula participación por parte de los grupos que habrán de ser los destinatarios finales de tales políticas.

Propiciar el debate colectivo no radica, tal como lo señala Roberto Gargarella, en sensiblerías o pruritos formales, sino en el convencimiento de “que muy habitualmente, sin consultar con aquellos con los que pensamos distinto, decidimos mal, sonoramente nos equivocamos”.

La capacidad de escucha, como sabemos, no suele consistir en un don innato. Al menos cuando de elaboración de políticas públicas se trata. Dicha aptitud se adquiere cuando uno de los interlocutores logra registrar la voz de los restantes, pero también cuando accede a oír las demandas y las expectativas que le son expresadas.

De modo que para la renovación de un plan institucional conviene tomar en consideración, además de la opinión de expertos y semiexpertos, la perspectiva de quienes habitualmente no son invitados a la hora de su diseño. En lo sustancial, a fin de evitar políticas generadas tan sólo por elites ajenas al pueblo, al cual no convocan y ni siquiera consultan.

La puesta en marcha de una reforma como la pretendida exige, además, el arribo a ciertos consensos previos e indispensables entre diversos actores estatales. Tal cosa, en miras a que sus lineamientos y principios contemplen la gobernabilidad democrática como un todo, evitando de ese modo contradicciones operativas durante su desarrollo.

Entre dichos acuerdos cuentan, muy preferentemente, los que el Poder Judicial y la Procuración General celebren entre sí. Pero también aquellos a concretarse con la institución policial y penitenciaria respectivamente, así como con las diversas áreas del Ministerio de Desarrollo Social y de Salud.

Y ello por cuanto una política de persecución criminal no debiera formar parte de un programa aislado y voluntarista sino, en cambio, constituir una política pública con capacidad para satisfacer las necesidades de la población que la tiene como destinataria.

Transitamos por un tiempo de oportunidades que sería importante aprovechar, en pos de superar autismos atávicos y propiciar dinámicas democráticas superadoras.

(*) Profesor titular de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)