Pasos hacia una política criminal

19 oct 2016 - 00:00
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El inminente cambio de modelo procesal penal en la provincia de Río Negro dispara una serie de urgencias en materia operativa. Una de ellas se refiere a la necesidad de contar con criterios definidos en materia de política criminal.

En tanto política pública, la política criminal se integra con decisiones que impactan en el modo de ejercer la persecución penal estatal ante el delito. En tal sentido, un programa de política criminal debe determinar cuáles son las formas delictivas que enfrenta una sociedad determinada. Y entre ellas, las que detentan mayor poder lesivo como para suscitar su adecuada criminalización.

Debe partir de un diagnóstico fiable de la realidad social sobre la cual pretende surtir efectos para, con los datos cualitativos y cuantitativos pertinentes, proponerse objetivos capaces de ser alcanzados.

El conocimiento de las problemáticas locales, con sus especificidades sociológicas, económicas y culturales resulta imperativo para ensayar respuestas que resulten eficaces a la hora de lograr los fines propuestos. Los mapas del delito y las encuestas de victimización son apenas dos herramientas útiles para producir información criminal relativa a cada uno de los segmentos poblacionales que integra la realidad provincial.

A su vez, resulta imperativo evaluar cuáles son los recursos con los que se cuenta para iniciar tal o cual proceso de persecución penal. Es decir, las estructuras disponibles que no sólo atañen al número de personal, sino también a otros aspectos básicos como edificios, vehículos, material informático y laboratorios, entre otros.

A cargo de su elaboración se encuentra la Procuración General de la provincia. Sin embargo, su puesta en marcha exige consensos previos entre diversos actores estatales en miras a que sus lineamientos y principios no queden en letra muerta.

Entre dichos acuerdos cuentan, muy preferencialmente, los que se celebren con el Poder Judicial, la institución policial y penitenciaria respectivamente, así como con diversas áreas de salud y educación.

Y ello por cuanto una política de persecución criminal no debiera formar parte de un programa aislado y voluntarista sino, en cambio, constituir una política pública capaz de satisfacer las necesidades de la población que la tiene como destinataria.

Cabe recordar que tanto la Constitución provincial como el nuevo Código de Procedimiento en materia penal invocan la existencia de una policía judicial. Se trata de un cuerpo de efectivos capacitados en técnicas de investigación criminal, subordinado a las necesidades y exigencias del Ministerio Público Fiscal, al cual deben prestar la apoyatura científica que resulte necesaria en cada pesquisa en particular.

Pese a ello, hasta el día de la fecha se ha omitido la creación de esa policía judicial, circunstancia que conspira contra la posibilidad de ejecutar cualquier plan serio en material político-criminal. Los escasos cuerpos de investigación con los que cuenta actualmente la policía provincial, con sus limitados recursos técnicos y su pertenencia a una estructura no depurada y de dudosa adecuación democrática, refuerza la necesidad de poner en funciones a la agencia mencionada.

Un programa de política criminal, como toda política en general, no debería dejar de escuchar las necesidades y aspiraciones de la población cuyas necesidades está orientada a satisfacer. Las víctimas de delitos, así como los grupos vulnerables y de riesgo, poseen información relevante para aportar a quienes deben diseñar el programa de gobierno de la persecución estatal. Otro tanto pueden hacer quienes sufren las diversas formas de violencia institucional y la pesada herencia de la impunidad.

Definir una política criminal en sintonía con los principios que rigen el Estado democrático y constitucional de derecho es un auténtico desafío en materia de gobernabilidad.

De acuerdo a ello, apuntar a reducir los escandalosos índices de impunidad que benefician a quienes delinquen desde estructuras de poder debería ser una de sus prioridades.

Resta verificar si en la provincia de Río Negro existe voluntad política para que un proyecto serio de persecución penal sea en lo sucesivo encabezado por el Ministerio Público Fiscal.

*Profesor titular de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)

Hasta el día de la fecha se ha omitido la creación de una policía judicial.

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