Un fracaso de la política

El caso Maldonado concentra el mayor volumen de torpeza mostrada hasta ahora por la gestión del presidente Mauricio Macri. No hablamos de la falta de sensibilidad del ministro Aranguren durante el ajuste en las tarifas o del redondeo para abajo en las jubilaciones propuesto por algún funcionario anónimo del ministerio de Hacienda. El caso Santiago Maldonado involucra la integridad de una persona en el marco de un operativo de represión de fuerzas de seguridad nacionales. Un desaparecido, y en la Argentina. A diferencia de otros ensayos, en este no hay ninguna posibilidad de enmendar el error. Es vida o muerte. Por un milagro que a veces presenta la política, el costo ha sido hasta el momento inesperadamente bajo para el gobierno.

Hasta donde se puede ver, el caso Maldonado no alimenta ninguna sospecha justificada sobre la elaboración de un plan criminal del Estado para desaparecer personas. Incluso los opositores más rabiosos parecen haber renunciado a esa presunción alocada y temeraria, y cuyo verdadero fin es inconfesable. Lo ha reconocido el jueves la doctora Kirchner en un pasaje poco difundido de su entrevista con el periodista Luis Novaresio: Macri no es la dictadura.

El gobierno, cualquier gobierno, no puede sin embargo escapar a su responsabilidad sobre la administración de las instituciones del Estado. Al igual que cualquier otro orden público, no hay posibilidad de autogobierno en las fuerzas de seguridad; éstas deben responder a un protocolo de actuación y a una orientación determinada por el poder político. Suele haber consenso sobre uno y otra y ese consenso suele ser perdurable en las democracias: el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado es una de las cuestiones nucleares del contrato social.

El 31 de julio, la víspera de la desaparición de Santiago Maldonado, el gobierno nacional envió a Bariloche al jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Pablo Noceti con instrucciones sobre cómo proceder ante el caso de un delito en flagrancia como el corte de rutas. Nocetti transmitió a los secretarios de Seguridad de Río Negro, Neuquén y Chubut y a responsables de las fuerzas de seguridad en esas tres provincias la decisión política del gobierno nacional de que este tipo de manifestaciones ilegales sean reprimidas sin autorización previa de un juez. Resulta inconcebible que la resupuesta instantánea a esas instrucciones haya sido un crimen.

Tal vez sencillamente allí se encuentre la respuesta a por qué la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se obstinó desde el primer día en despejar las sospechas sobre la Gendarmería, que actuó en el operativo del 1º de agosto en Chubut. La defensa cerrada sobre la acción de esa fuerza podrá haber tenido objetivos muy nobles, pero sin duda terminó siendo un obstáculo y entorpeciendo la investigación. La Gendarmería es lo que hacen sus hombres (y mujeres). Quedó en evidencia que los sumarios abiertos en el ministerio de Seguridad y en la misma fuerza en base a testimonios de los protagonistas están plagados de inexactitudes, imprecisiones, omisiones y falsedades. La investigación interna no ha sido todo lo exhaustiva y severa como informó el ministerio. Parte de su contenido fue puesto a disposición del juez recién en los últimos días. Hubo gendarmes que fueron beneficiados con una licencia excepcional y se alejaron durante dos semanas miles de kilómetros del lugar de los hechos. Algunos no dieron su versión de los sucedido sino hasta mediados de agosto. Las declaraciones públicas de uno de los comandantes del operativo sobre cómo fueron las acciones se desmoronaron después de los primeros testimonios recogidos por el juez. Hubo contacto con los manifestantes que huian. Piedrazos y disparos fueron ocultados. Algunos gendarmes admitieron que llevaban armas de fuego. Otros insinuaron, ayer, que hubo un detenido.

Si algo sorprende es que toda esta enorme suma de incompetencias, desde que se impartieron nuevas instrucciones hasta el desarrollo del operativo en Cushamen y la posterior búsqueda de responsabilidades, haya sido avalada y defendida tenazmente por la ministra de Seguridad. Patricia Bullrich es una persona de reconocida capacidad y posee una vasta trayectoria en la función pública. Ha remontado mil crisis, tanto cuando le tocó ocupar el gobierno como en la oposición. El error de Bullrich y las equivocaciones amparadas por la ministra no pueden ser atribuidos a la falta de experiencia de un gobierno de CEO. La desaparición de Santiago Maldonado es un fracaso de la política.

Noceti instruyó sobre cómo actuar frente al delito en flagrancia. Es inconcebible que la respuesta instantánea a esas instrucciones haya sido un crimen.

El error de Patricia Bullrich y las equivocaciones amparadas por la ministra no pueden ser atribuidos a la falta de experiencia de un gobierno de CEO.