Una feria salada y muy condimentada

Mirando al sur

Una semana después del espectacular operativo de fuerzas federales que culminó con la detención de Jorge Castillo (a), “El rey de La Salada”, y una treintena de acusados de asociación ilícita por el manejo mafioso de esa gigantesca feria semiclandestina de indumentaria en el conurbano bonaerense, van quedando al descubierto increíbles derivaciones políticas y judiciales que se suman a las socioeconómicas, mucho más conocidas.

Para justificar que allí funcionaba “un Estado dentro del Estado”, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich reveló que los allanamientos y detenciones fueron posibles sólo este año, después de que Julio Conte Grand reemplazara al frente de la Procuración de la provincia de Buenos Aires a María del Carmen Falbo, una funcionaria sostenida a lo largo de toda la gestión de Daniel Scioli. En la Casa Rosada la comparan con la procuradora kirchnerista Alejandra Gils Carbó a nivel nacional. Según Bullrich, cada vez que se organizaban operativos de fiscalización, los puesteros se enteraban antes y desaparecían las pruebas. Por su lado, el fiscal de la causa (Sebastián Scalera, de Lomas de Zamora, quien en 2016 fue víctima de un secuestro extorsivo) aseguró que la feria funcionaba como “un sistema de recaudación ilegal millonario”, basado en la ocupación del espacio público, la explotación ilegal de unos 7.000 puestos callejeros (además de los 20.000 que existen bajo techo en los galpones habilitados), el cobro de “peajes” por estacionamiento y seguridad, además de aprietes a vendedores y compradores.

La Salada debe su nombre al tipo de agua que en la década del 50 caracterizó a sus enormes piletas populares, hasta que la contaminación del Riachuelo provocó su clausura. Luego fue ocupada sucesivamente por comerciantes de origen boliviano y fabricantes clandestinos de ropa con mano de obra esclava. Tras la crisis de 2001/2002, los precarios galpones se ampliaron para transformarse en un “shopping de los pobres” que funcionaba de noche, con marcas falsificadas y notoria ausencia de facturas. Pero además, en un centro de abastecimiento para unas 600 “saladitas” distribuidas a lo largo y ancho del país, así como para pequeños comerciantes que llegan en tours de compras en ómnibus y suelen ser víctimas de asaltos en sus viajes de regreso.

Hace una década, la Unión Europea ya la había calificado como “emblema mundial del comercio ilegal”. No obstante, la expresidenta Cristina Kirchner contribuyó a su visibilidad cuando en el 2014 sumó a Castillo a la tristemente célebre misión comercial a Angola, organizada por Guillermo Moreno.

Tras el escándalo de estos días, se conoció la existencia de varios libros que demuestran cómo la operatoria ilegal alimentaba “cajas” políticas, policiales y judiciales, donde lo verdaderamente salado y condimentado era la recaudación por izquierda. El sociólogo Matias Dewey, autor de uno de ellos, escribió este fin de semana en el diario “La Nación” que “intendentes, concejales, diputados, secretarios de comercio y hasta presidentes financiaron sus campañas gracias a Jorge Castillo y a la economía que él representa”. También sostiene que la feria de La Salada es el “mercado central” de la indumentaria en la Argentina: abastece a la mayor parte de las familias de las clases populares o medias argentinas que no pueden afrontar los precios de la ropa producida legalmente y es necesaria para muchas personas por su oferta de empleos. Pero, por eso mismo, “todos los partidos políticos, grandes y pequeños, peronistas y no peronistas, han visitado las instalaciones de La Salada y han dejado que ésta se convierta en lo que es a cambio de votos y dinero”. Y que las fuerzas de seguridad “se dedicaban a coimear tanto a compradores como fabricantes de ropa”. El artículo se titula “Las bandas de La Salada se asociaron con el Estado para tener impunidad”.

Desde otro ángulo, el historiador Jorge Ossona, autor de otro libro sobre el tema, coincide en un reportaje con la radio EcoMedios en que el trabajo esclavo y los talleres clandestinos del sur del conurbano emplean a miles de personas, al amparo de un Estado que regula esa gigantesca “caja política”. Y que si bien los mejores falsificadores de marcas son proveedores de las mismas empresas que suelen denunciarlos, no descarta que “el mundo empresario legal moje su pan en La Salada”. Este investigador de la UBA sostiene que la “vista gorda por precio” implica una regulación paraestatal, a la vez que revela que en esa “feria callejera con barrabravas y otras bandas” existen códigos, como el robo consentido de un colectivo por feria para distribuir el botín.

Este entramado mafioso con complicidades estatales, más el crecimiento exponencial de La Salada, hacen suponer que no será sencillo ni rápido desmantelar este emporio comercial y laboral “trucho”. Paradójicamente, hasta podría caberle el concepto “too big to fall” que suele aplicarse en el mundo a la quiebra de grandes bancos. O sea, demasiado grande como para que su eventual caída no produzca efectos impredecibles. De ahí que hasta el propio titular de la AFIP, Alberto Abad, se haya apresurado a afirmar que el principal desafío será ahora formalizar a los miles de vendedores “en negro” (tal vez como monotributistas sociales). Claro que esto significaría además hacer lo propio con la producción de indumentaria y calzado con marcas “truchas” o falsificadas y decomisar mercadería robada, que también existe.

Según el Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa), la única manera sustentable de desmantelar la feria de La Salada sería reformar el sistema impositivo “para que las personas puedan trabajar y dedicarse al comercio de manera legal y decente y no dependan de extorsionadores y criminales que lucran con la informalidad”.

Al respecto cita el informe Doing Business, del Banco Mundial, para señalar que en la Argentina el impuesto a los Ingresos Brutos representa el 53% de la rentabilidad de un comerciante formal en condiciones normales; las contribuciones patronales para seguridad social el 29% y el denominado “impuesto al Cheque” otro 17%. “Es decir que, bajo el actual sistema tributario, sólo quienes logran una rentabilidad superior a la normal estarían en condiciones de cumplir con el pago de todos los impuestos y generar un excedente. Si no, la única alternativa que les queda es operar en la informalidad”, concluye.

El informe de Idesa agrega el impacto de la burocracia al señalar que, según el BM, abrir un negocio en Argentina lleva 25 días; obtener un permiso de construcción, un año, y hacer los trámites para pagar los impuestos consume 45 días al año; mientras en los países avanzados esos mismos trámites se reducen a un día, un mes y una semana al año, respectivamente.

Era un “shopping
de los pobres” que funcionaba de noche, con marcas falsas y sin facturas. Abastecía a 600 “saladitas” en todo el país y alimentaba cajas ilegales políticas, policiales y judiciales.

La manera sustentable de desmantelar la feria sería reformar el sistema impositivo para que la gente pueda dedicarse al comercio legal sin depender de extorsionadores y criminales.