Indicadores que reflejan la crisis fiscal que atraviesa la provincia

Dos indicadores son determinantes para poder entender cómo eclosionó la crisis en Río Negro. Uno es el relativo al gasto salarial. La estadística oficial da cuenta que en el 2014 hacia esta partida se destinaron 8.830 millones de pesos. Dos años después esa cifra tocaba algo más de 17.000 millones (ver infograma adjunto en página 2). Es decir, se duplicó sólo en 24 meses. No hay índice presupuestario que defina un valor positivo sobre esta partida.

Relacionarla con los ingresos corrientes es lo que tradicionalmente se hace para evaluar la salud de los balances públicos. Los datos del gobierno reflejan que en el 2014 este indicador se ubicaba en 64%. Es decir de cada 100 pesos que llegaban a las arcas provinciales para el funcionamiento del Estado 64 pesos fueron destinados a salarios. El año pasado ese índice saltó 12 puntos para alcanzar los 76 pesos, todo un récord para la joven economía de la provincia. Tres de cada cuatro pesos van a salarios. El resto tiene que ser distribuido para sostener todo el funcionamiento de la burocracia estatal. Esta simple ecuación define, en parte, la crisis de los servicios que se encuentran en manos del Estado.

El otro indicador define lo que se destina a la obra pública. Un distrito que invierte en esta importante partida genera la infraestructura necesaria para su desarrollo. Y esto en el mediano plazo se refleja en un salto en el nivel económico, una mayor competitividad y una buena señal para que los inversores vuelquen sus fondos en el territorio.

Pero aquí también se mete la política a la hora de analizar la evolución que muestran estas partidas. Tal como lo refleja el gráfico adjunto (ver página 2), en los años electorales es donde se observa un mayor gasto en la obra pública, confirmando que esta se somete más a los tiempos políticos que a las verdaderas necesidades de la provincia para su desarrollo.

La mezquindad que estamos mencionando no es potestad sólo del gobernador Weretilneck. Es parte de un perverso sistema que fue implantado hace décadas en el país: grandes anuncios de obra pública que nunca se cumplen y los pocos fondos que llegan lo hacen en los años que hay elecciones.