Habrá rigurosos controles para prevenir incendios en los campos

El gobierno rionegrino podrá inspeccionar, exigir tareas, y multar a los dueños de campos por incumplimientos de medidas de prevención de incendios.

En la búsqueda de “mitigar los riesgos”, los propietarios deberán pedir permiso para “quemas preventivas” y el Estado controlar si realizaron picadas, incluso con su ejecución a “cuenta y cargo de los infractores”.

El último verano, el fuego afectó a unas 700.000 hectáreas en Río Negro, con un perjuicio económico superior a los 100 millones de pesos. Ahora, el oficialismo, según lo acordado con las sociedades rurales, alienta acciones preventivas y un proyecto de ley –que ya se aprobó en primera vuelta– donde se otorga un activo seguimiento al área de Agricultura, que conduce Alberto Diomedi.

En mayo, la provincia dispuso la instalación en Conesa de un destacamento del Splif para combatir los incendios en ese departamento, los de Pichi Mahuida, Adolfo Alsina, y parte de San Antonio y Avellaneda.

En su misión de reducir el riesgo, Agricultura –como autoridad de aplicación de la futura ley– fiscalizará el cumplimiento de acciones, especialmente la concreción de picadas cortafuego, es decir, las franjas liberadas de vegetación para evitar la propagación del incendio.

El ministro ratificó que las “tareas serán obligatorias”, destinadas a reducir el riesgo y facilitar la “extinción si se desata un incendio”. Agregó que el proyecto fija trabajos porque su falta advertida en el último incendio favoreció “a una mayor expansión del fuego y dificultó las tareas de combate”.

Con la ley en proceso, el Ministerio podrá establecer dónde y cómo serán las picadas y “la limpieza de los alambrados perimetrales”. Se prevé que esa autoridad pueda exigir su “pronto cumplimiento” y, frente a la negativa, ejecute las “obras o trabajos necesarios” por “cuenta y cargo de los infractores”. La reglamentación definirá el procedimiento para lograr el reintegro al Estado.

El incumplimiento de las tareas por parte de los dueños será investigado y “podrá concluir en una sanción”, como “multas o restricciones administrativas”. La norma en confección advierte que las “quemas preventivas” deberán tener autorización de Agricultura.

También, frente al siniestro, los propietarios “están obligados a permitir el ingreso al personal que actúa en el control y el combate”, incluso autoriza el ingreso de las brigadas si hay “negativa injustificada o ausencia”. Se habilita a los combatientes al uso “–en forma transitoria– de inmuebles, maquinarias, herramientas y equipos de los particulares” para las operaciones. Cualquier daño será afrontado por el Estado provincial. La iniciativa lleva las firmas de los legisladores Leandro Tozzi y Elsa Inchassendague.

El dato

Lo que cuesta una de las tareas a realizar

Un campo medio en los departamentos afectados por el incendio equivale a unas 2.500 hectáreas y la realización de su correspondiente picada tendría un costo de 16.000 pesos anuales. Representa el valor de dos terneros.

La futura reglamentación fijará características para las picadas cortafuego, pero en principio, esa franja se construye con un ancho de dos metros y medio.

Según las estimaciones de los ruralistas, el incendio del verano concluyó con un perjuicio mayor a los 100 millones de pesos, considerando el forraje y la infraestructura.