Denuncia federal por la cooperativa Del Periodista

NEUQUEN (AN).- Los abogados de la cooperativa Del Periodista -una quebrada organización que dejó a cientos de socios endeudados y sin los departamentos por las que habían pagado- apelaron a la Justicia Federal para que investigue la presunta responsabilidad de la Dirección General Impositiva en el otorgamiento de un millonario y sospechoso crédito.

En el marco de la compleja investigación, los abogados Alberto Gutiérrez y Sandro Blanco descubrieron que el crédito de casi dos millones de dólares que el entonces Banco del Sud entregó a la cooperativa se autorizó a partir de que un funcionario de la DGI levantó una inhibición general de bienes, a pesar de una pesada deuda que jamás fue cancelada.

La insólita medida de la DGI (consumada por la Dirección Nacional de Recaudación Previsional)- se hizo a partir del supuesto embargo de un bien, el pi- so completo de una torre de departamenos, que jamás fue trabado, según expresaron los letrados ante el fuero penal del juzgado Federal de Neuquén.

El levantamiento de la inhibición le permitió a la cooperativa hacerse de un súper crédito desconocido por la mayoría de los socios que eran, a su vez, quienes debían devolverlo.

La cooperativa Del Periodista era una organización que encabezaban Ulises Normando Baca Cau (presidente), Manuel Vega (secretario) y Juan Antonio Pedalino (Tesorero). Tras su desaparición, la cooperativa dejó un tendal de damnificados, todos socios de la entidad. Muchos de ellos completaron el pago de las cuotas de sus viviendas pero nunca la recibieron y otros, al no haber escriturado, la perdieron en un remate que se abrió a partir del no pago del millonario crédito.

Los miles de dólares eran, supuestamente, para terminar los 55 departamentos de la torre Sol Jet, algo que nunca llegó a consumarse. Por otra parte, el monto que desembolsó el Banco del Sud (más de 1.800.000 pesos/dólares) multiplicaba por varias veces el valor que hacía falta para terminar la polémica obra. A la vez, el banco entregó directamente más de medio millón de pesos a una empresa constructura que fue conformada poco antes de que se consumara la operación, a pesar de que no tenía avales ni solvencia. Todo muy sospechoso.

La supuesta intervención de la Dirección de Recaudación Previsional de la DGI le abrió a los abogados de los damnificados -algunos de los cuales resisten el desalojo- la posibilidad de re

clamar la intervención de la justicia Federal.

«El embargo nunca fue registrado, lo que constituye un fraude procesal, lo cual sin dudas despejó el camino para que se consume el ilícito», detallan los abogados en su presentación. Así, a partir de esa medida que la cooperativa de deshizo de la inhibición, que era de larga data y quedó en condiciones de percibir el crédito. Para los abogados, la evidencia se potencia luego, cuando otro funcionario de la DGI manifiesta que «desconociéndose la existencia de bienes a nombre del ejecutado (la cooperativa) solicito su inhibición general».

«Esto resulta absurdo, por cuanto existía un bien embargado -de significativo valor por tratarse de un piso- mal no podía conocerse bienes de la demandada», detallaron los abogados.

«Toda la maniobra está muy a la vista. El embargo no se registró ni se diligenció pero abrió la puerta para que se hagan las hipotecas; que luego permitieron que se liquide a los socios que no sólo estaban ajenos a que se contraía el crédito sino que además luego debieron responder con su patrimonio y muchos de ellos se quedaron en la calle», sintetizó Gutiérrez.

Los trámites en pos del crédito se hicieron a mediados de 1994 y en fechas llamativamente cercanas se dio la conformación de la firma que fue contratada para hacer los trabajos que no se realizaron. La convocatoria de acreedores y la quiebra de la cooperativa se produjeron tres años más tarde.