«No somos culpables por indicar Yectafer»

CINCO SALTOS (ACS).- El Colegio de obstétricas de la provincia de Río Negro y el equipo de técnicas obstétricas del hospital de Cinco Saltos aseguraron ayer que el título universitario que ostentan las faculta para muchas funciones que por ley en Río Negro no pueden ejercer. Aseguraron estar habilitadas para prescribir medicación específica, como el hierro.

Los profesionales salieron a aclarar que el título universitario que tienen «nos habilita para medicar dentro de lo específico: como un hierro inyectable, óvulos o un anticonceptivo; no estamos hablando de psicofármacos. Aquí parece que todo el mundo se olvida que actuamos en el marco de la salud perinatal (en resguardo de las consecuencias que pudo haber tenido un bebé en un embarazo de madre anémica) y que hubo un infeliz que adulteró la medicación», dijo una de las obstétricas ayer.

Las profesionales salieron ayer a dar a conocer su postura, luego de que se conoció el procesamiento de cinco profesionales del hospital de Cinco Saltos por el Yectafer adulterado que le aplicaron a Angela Peralta.

La Justicia imputó en la causa a la ex directora del hospital Amalia Rodríguez, a la farmacéutica María Sosa, al enfermero Juan Manuel Cativa y a las obstétricas Giovanna Cáceres Toledo y Andrea Chico.

La presidenta del Colegio de Obstétricas, Alicia López, señaló que hace 27 años que trabaja en el ámbito de Salud Pública de Río Negro, y que cuando se sancionó la ley 3.338 que reguló la actividad en la provincia, se hizo caso omiso a las incumbencias de sus títulos universitarios y a los planteos que se habían hecho desde el colegio.

«La ley rionegrina es contradictoria: por una parte dice que se atiene a nuestras incumbencias, y por otra nos prohíbe las habilitaciones que la universidad nos otorga; para eso hicimos seis años de estudios universitarios», dijo Pablo Ulloa, el único obstétrico varón que hay en la provincia.

López indicó que esperan la sanción en la Legislatura de una nueva ley «que respete las incumbencias que tienen nuestros títulos universitarios», al tiempo que reconoció que desde que salió a la luz el caso da la intoxicación con Yectafer de Angela Peralta «como profesionales no estamos haciendo nada, estamos trabajando mal y a reglamento».

Detallaron que debido a todas las prohibiciones de la actual legislación, ni siquiera pueden indicar un anticonceptivo, por lo que no se están haciendo en los centros de salud las tareas de Salud Reproductiva y muchas de las actividades de salud perinatal.

Manifestaron que cuando Angela Peralta llegó al consultorio «era una paciente en riesgo por anemia crónica y un solo control a las 26 semanas de gestación. No es que desconocíamos la ley, se trabajó como se trabaja en Salud Pública de Río Negro, la función nuestra estaba en conocimiento de todo el sistema. Si la medicación no hubiera estado adulterada, de esto no se conoce nada», plantearon.

«El control no sólo es medir la panza, ver la posición del bebé, controlar la presión y el peso: es solucionar situaciones que se podrían complicar luego si no se toman a tiempo, como indicar un hierro», destacaron.

Plantearon que según la ley vigente, no podrían realizar «prácticas invasivas». Y entonces preguntaron, «¿cómo se considera un tacto o el trabajo durante un parto?».

Esperan que cambien la ley en Río Negro

CINCO SALTOS (ACS).- Las profesionales colegiadas como obstétricas aseguraron que esperan que la nueva ley sea equiparable a la legislación que existe en la provincia de Buenos Aires sobre la actividad, aunque con las particularidades provinciales.

«No somos parteras/os, estudiamos entre cinco y seis años en la universidad pública, se pueden hacer doctorados y especializaciones. Mientras en Buenos Aires está reconocida nuestra actividad como profesión específica, en el interior no podemos medicar ni una vacuna», se quejó el obstétrico Pablo Ulloa.

El equipo de obstétricas de Cinco Saltos indicó que ahora se tiene vedado el tacto vaginal y mucho del trabajo que se realiza en toda la provincia como parte de la atención de la embarazada y del neonato. «Estamos atadas de manos. En Catriel, por ejemplo, hay dos obstétricas que no dan más de trabajo y allí no hay tocoginecólogo. ¿Qué pasa si llega una urgencia? Si se niegan a atender se les sumaría un abandono de persona, y si se actúa, se está en riesgo de caer procesada porque según los abogados, con las restricciones previstas no se puede prácticamente tocar a la embarazada. Nos atan de manos y luego nos acusan de abandono de persona».

Aseguraron que en la misma situación de Catriel se encuentran la mayoría de las poblaciones en la línea sur y en otras zonas de la provincia.

«Siempre, en todos los trabajos, se actuó bajo supervisión médica. En el caso de Angela Peralta también, pero aquí parece que las culpables somos nosotras como si necesitaran un chivo expiatorio», indicaron las obstétricas procesadas.

La presidenta de la entidad, Alicia López, aseguró que sólo 20 días después de que ocurriera la intoxicación de Peralta con Yectafer adulterado, se conoció una circular de Salud de Río Negro en la que se planteaban las restricciones, y que los funcionarios salieron a informar cuando la paciente estaba grave.