Intereses en conflicto

Tienen razón aquellos que, como el jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, señalan que la decisión de la Oficina Anticorrupción de investigar a casi medio centenar de funcionarios del gobierno del presidente Fernando de la Rúa, entre ellos el ministro de Infraestructura y Vivienda, Nicolás Gallo, por sus vínculos con empresas que tendrían motivos para intentar aprovecharlos, podría ocasionar muchos malentendidos porque, al fin y al cabo, es natural que el presidente de turno elija a sus colaboradores entre las personas que están familiarizadas con los temas propios de la cartera que ocuparán. Sin embargo, han sido tantos los casos de corrupción atribuibles a la propensión de ciertos funcionarios a aprovechar su puesto, ya para enriquecerse o conseguir fondos para el partido, ya para favorecer a amigos con la esperanza de ser debidamente recompensados cuando haya terminado su gestión, que es claramente necesario que los encargados de la lucha contra la corrupción mantengan bajo vigilancia estricta a todos aquellos que podrían hacer de su período en el gobierno una fuente de ingresos adicionales. En el caso de Gallo, que se ha desempeñado como directivo de diversas empresas, una de ellas un conocido estudio de arquitectura, el peligro de un conflicto de intereses sería evidente si los detalles de la relación así supuesta no fueran de dominio público, pero ya que se han difundido los detalles de su trayectoria en el sector privado, parece remota la posibilidad de que realice contrataciones que beneficiarán a sus ex socios.

Si bien en muchas ocasiones el que un ex funcionario vea mejoradas sus perspectivas personales a raíz de la experiencia adquirida en el poder no debería tomarse por evidencia de enriquecimiento ilícito, en un país que, como la Argentina, es generalmente considerado sumamente corrupto, corresponde a las autoridades esforzarse por asegurar que no queden dudas en cuanto a la honestidad personal de ningún funcionario, sobre todo si, como Gallo, es amigo personal del presidente. Mal que les pese a Terragno y otros, tan grave es la crisis supuesta por la corrupción galopante, que a la larga resultaría más eficaz prescindir de los servicios de un individuo capaz estrechamente relacionado con los empresarios de un sector determinado de lo que lo sería correr el riesgo de que la opinión pública llegue a la conclusión de que ha privilegiado sus propios intereses por encima de aquéllos del Estado. Asimismo, el que muchos se hayan convencido de que «todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario,» para citar a Terragno, no se ha debido ni a la mala voluntad de la ciudadanía ni a la sed de escándalo de medios de comunicación sensacionalistas, sino a la conciencia de que tal como están las cosas, es razonable sospechar lo peor. Por lo tanto, es mejor que la Oficina Anticorrupción manifieste demasiado celo al cuestionar a los funcionarios actuales de lo que lo sería que brindara la impresión de creer que todos los aliancistas son genéticamente honestos y que por lo tanto, investigarlos no serviría para nada.

El problema planteado por los conflictos de interés en potencia que se dan sería menor si la mayoría de los puestos jerárquicos en el Estado estuviera ocupada por funcionarios de carrera. Pero los partidos políticos se las arreglaron hace mucho para que el país careciera de una administración pública profesional comparable con las existentes en otras latitudes, de suerte que una proporción excesiva de las carteras tenga forzosamente que ser desempeñada por militantes del movimiento gobernante o por amigos personales, cuando no por familiares, de los dirigentes. He aquí la razón por la cual tantos integrantes del elenco delarruísta han procedido directamente del sector privado, al cual es de suponer regresarán una vez concluida su etapa en la función pública. Se trata de un problema «estructural» que parece destinado a continuar agravándose a causa de la resistencia, no tanto del gobierno mismo cuanto de la sociedad en su conjunto, a reconocer que ciertos «estatales» deberían disfrutar de una remuneración que un ejecutivo de responsabilidades menos importantes del sector privado no consideraría absurdamente exigua.