Los derechos humanos siguen ausentes en el Alfonsina Storni

ROCA (AR).- Un nuevo informe del Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro confirma las irregularidades detectadas en noviembre pasado en el Hogar Alfonsina Storni de Roca. El resultado de tres visitas realizadas por miembros del observatorio durante este año corrobora que poco y nada se hizo por los niños, adolescentes y madres que por distintas circunstancias permanecen en el Centro de Atención Integral del Niño y el Adolescente (CAINA).

A pesar de la denuncia realizada por la Subcomisión de Niñez, Adolescencia y Familia del citado observatorio y los encuentros mantenidos con el secretario de Familia, Julio Salto, con María Inés Gaviola, delegada de Promoción Familiar y con autoridades de la institución, siguen las deficiencias en cuanto a recursos humanos abocados a la tarea, graves irregularidades vinculadas con la heterogeneidad de las edades de los niños y deficiencias de comunicación entre el equipo técnico y el personal, entre otras cosas.

Si bien se han detectado mejoras respecto a la alimentación de los chicos, a la limpieza de las instalaciones, colocación de cortinas de baño y a la renovación de sillas y camas, el personal a cargo sigue siendo escaso, carece de la debida capacitación y su situación laboral es precaria, «a tal punto que áreas vitales como la cocina están a cargo de beneficiarios de planes sociales», señala el informe. Esto lleva, incluso, a la suspensión de actividades vitales, tales como llevar a los chicos al centro de rehabilitación.

Llama la atención una situación descrita por el Observatorio como «puesta en escena» por parte de las autoridades de la institución. La misma se refiere a que, durante la primera visita donde estuvieron presentes la directora del establecimiento, Raquel Mora, el equipo técnico compuesto por dos licenciados en Servicio Social y una psicóloga y la delegada de Promoción Familiar, María Inés Gaviola, se pudo constatar el acondicionamiento de un espacio para los bebés, tal cual lo había solicitado el Observatorio. Sin embargo, en posteriores visitas, se comprobó que el espacio había sido desmantelado y convertido en un gabinete para el equipo técnico de minoridad.

Otra de las situaciones que más vulneran los derechos de los niños tiene que ver con la convivencia en el mismo espacio de niños y adolescentes que, según el informe, «implica un descuido implícito que pone en peligro la protección de sus derechos».

En cuanto a la superpoblación, que fue denunciada en el primer informe el año pasado, actualmente no se detectó el mismo problema pero preocuparon las contradicciones entre lo informado por la Dirección del establecimiento, que habla de 18 niños internados, respecto de lo informado por los operadores y constado por el Observatorio, que contó 23 personas.

Esto, dice el informe, lleva a preguntarse si es posible que se hagan los seguimientos vinculados a salud, educación, estimulo o vínculos familiares, si «los responsables del programa no conocen acabadamente la cantidad de niños alojados, o bien no coinciden los registros con la realidad constatada». Según María Inés Coronel, miembro del Observatorio, lo que más sorprende es que la directora del establecimiento «conoce lo que pasa y no reacciona, no hace nada para que las cuestiones mejoren».