Historia de las tierras de Bariloche que se disputan el Ejército y una comunidad mapuche
Los Millonco Ranquehue están en una zona abierta del Estado nacional desde antes de la creación de la Escuela Militar de Montaña, cuyo predio quedó en medio del desarrollo de Bariloche.
Las "tierras del Ejército" de Bariloche sin miles de hectáreas (Foto: Chino Leiva)
El ministerio de Defensa de la Nación insiste en desconocer el fallo que convalidó los derechos de la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue sobre una porción de tierras en esta ciudad y alegó en su apelación que esas 180 hectáreas son indispensables para las prácticas y cursos de la Escuela Militar de Montaña.
El asentamiento permanente del Ejército en esta ciudad data de 1937, pero en esa época los mayores de la comunidad Ranquehue y también los Gualmes ya tenían presencia en las tierras que hoy se extienden al pie del cerro Otto entre la gruta de Virgen de las Nieves y el barrio Los Coihues, como lo reconoció la Justicia.
El área en disputa es una pequeña parte de las que tiene “en custodia” el Ejército en esta ciudad (en total 3.385 hectáreas) y que quedaron implantadas en medio del área urbana, con la consiguiente dificultad para mantenerlas cerradas al público y reservadas en forma exclusiva para prácticas de tiro y otras maniobras militares.
De hecho, las “tierras del Ejército”, como se las llama genéricamente, en su mayor parte no están cercadas ni cuentan con vigilancia permanente. En la práctica son de libre acceso, salvo el perímetro estrecho de la escuela, que no suma más del 10% del total.
Son tierras que están cubiertas de bosque nativo de muy variado estado de conservación y son atravesadas por al menos dos rutas provinciales (79 y 82), por los arroyos Gutiérrez y Casa de Piedra, una red de senderos que son empleados por personas que entrenan o pasean en bicicleta, que practican moto de enduro y otros que las usan para correr o pasear sus mascotas.
La gobernadora Arabela Carreras, cuando ocupó una banca en la Legislatura, fue la principal impulsora de un proyecto para reconvertir buena parte del amplio predio militar y crear allí el “Parque Central de Bariloche”.
La colisión entre esa finalidad y la instrucción castrense ya fue señalada por varios observadores, incluso por quienes integran una comisión mixta creada por ley provincial hace ya seis años para promover el parque central, que hoy tiene actividad casi nula.
La insistencia del ministerio de Defensa en litigar contra la comunidad Millalonco Ranquehue pasa por alto esas iniciativas.
“Nunca usaron este campo”
Marta Ranquehue, la werken de la comunidad, se mostró poco dispuesta a hablar del conflicto. “Decidimos no dar más notas porque no tiene sentido, no hay voluntad de escucharnos ni de leernos. Que las cosas caigan por su propio peso”, le dijo a este medio.
“No hay mucho para decir, que la gente de Los Coihues hable sobre nosotros”, afirmó, ante la consulta sobre la relación colaborativa que mantienen con los vecinos.
Sin dar muchas precisiones, Ranquehue aseguró que el Ejército nunca usó el campo reivindicado por la comunidad y solo ingresaron “a los tiros” con fines de amedrentamiento hace ya mucho tiempo, “meses antes y después de la guerra de Malvinas”. Incluso aquella vez destruyeron sus casas.
La comunidad está integrada por siete familias (unas 40 personas, que se dedican al hilado, las artesanías, la elaboración de dulces y licores, la cría de animales de granja y también tienen un proyecto de huerta intercultural, con participación de vecinos de Los Coihues.
El invernáculo que comenzaron a levantar en un lugar identificado como “La Pampita”, a metros del arroyo Gutiérrez, fue destruido por el Ejército hace casi dos años en un acto de fuerza que luego los propios jefes reconocieron como un “error”.
Son numerosas las familias mapuches de Bariloche y los alrededores que tuvieron presencia histórica en el territorio y fueron desplazadas después de la irrupción armada del Estado argentino a fines del siglo 19. Luego, en fecha reciente, volvieron a las tierras con actos de “recuperación” y hoy enfrentan demandas de desalojo.
El caso de los Millalonco-Ranquehue y de los Gualmes -que viven en un predio vecino, en dirección a Virgen de las Nieves- es por completo distinto, ya que nunca se fueron del lugar.
El historiador local Adrián Moyano, especializado en la cuestión indígena, subrayó que el Ejército “nunca tuvo dominio efectivo de esas tierras”. El argumento de que ese espacio les resulta indispensable para desarrollar prácticas militares le pareció “insólito”.
Moyano destacó que la Constitución Nacional reconoce “la preexistencia de los pueblos indígenas”, así como “la posesión propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Esa cláusula fue decisiva para el fallo que firmó en febrero la jueza federal Silvina Domínguez y que luego ratificó la Cámara Federal de Roca.
En su libro Crónicas de la Resistencia Mapuche (editado en 2007), Moyano señala que “los Ranquehue y los Gualmes pueden demostrar su presencia más que centenaria en el paraje que se denomina Virgen de las Nieves”, entre los lagos Nahuel Huapi y Gutiérrez, a unos 10 kilómetros de Bariloche.
Según el historiador, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Defensa Jorge Taiana “incumplen con sus deberes de funcionarios públicos” al insistir por vía judicial en sus planteos contra la comunidad. “Espero que la gente peronista que se siente y es solidaria con el pueblo mapuche no permanezca en silencio por cuestiones de disciplina partidaria ante semejante dislate”, escribió en redes sociales.
Las razones del Estado
También quienes adscriben a la posición del Ejército se valen de las redes sociales e iniciaron una campaña “para que no se entregue el predio de la escuela de Instrucción Andina de Bariloche a la comunidad mapuche”. Hasta ayer habían reunido 115.800 firmas virtuales.
Este medio se comunicó con el jefe de la guarnición militar, teniente coronel Gustavo Beretta, para saber qué tipo de cursos y actividades se ven condicionados por la presencia de la comunidad. Beretta dijo que no tenía autorización para hablar e invitó a remitirse a la secretaría general del Ejército, con sede en Buenos Aires.
El suboficial principal Pablo Aranda, que se presentó como responsable a cargo de “Comunicación Institucional”, dijo desde esa ciudad que el predio de 180 hectáreas es necesario “concretamente para lo que se dice” (en las presentaciones judiciales), esto es que “en dicha zona se forma y perfecciona a las tropas de montaña que tienen asignadas responsabilidades de defensa nacional”.
No alcanzó a precisar cuáles son las prácticas militares realizadas o a realizar en las tierras que ocupan los Millalonco Ranquehue y dio a entender que la puja planteada busca aclarar los usos de la tierra y “evitar el choque” entre las partes.
“La Escuela de Montaña usa el campo que le es asignado -explicó el vocero-. En realidad la presentación judicial no es algo que acuerde o disponga el Ejército, sino que lo maneja el ministerio de Defensa”.
Presencia permanente
El abogado de la comunidad Millalonco Ranquehue, Matías Schraer, dijo que los fallos de primera y segunda instancia dispusieron “la entrega del título comunitario” a sus representados y a lo cual el Estado “está siendo esquivo”. Aclaró que “lo que se pide en realidad es un papel” que termine con la incertidumbre y que consolide la situación, porque la comunidad ya tiene presencia efectiva en el espacio, que nunca abandonó.
Dijo que los Millalonco Ranquehue “resistieron siete juicios de desalojo” y subrayó que el Ejército “nunca realizó ningún tipo de práctica ahí”. Señaló que el litigio deriva de que “el espacio que le perteneció y les pertenece a la comunidad en algún momento apareció catastralmente en poder del Estado nacional”.
Según Schraer, la historia de la comunidad “demuestra que que en su momento ayudaron a instalarse al Ejército en donde hoy está la escuela, al lado del Centro Atómico, y esas tierras nunca fueron reclamadas” por los Millalonco Ranquehue ni por los Gualmes, que mantienen una demanda similar, hoy a resolución de la Corte Suprema.
El abogado destacó que la comunidad que obtuvo el fallo favorable que tanto irritación causó “tiene una interacción permanente” con otras organizaciones y con familias de la zona. “Hicieron un trabajo muy importante con huertas interculturales, hoy llevan adelante un proyecto de equinoterapia y fueron convocados por la UNRN para aportar a la nueva carrera de Medicina, que va a tener un perfil intercultural”, detalló.
Dijo también que “cuando vienen los machis para atender a personas con problemas de salud, la mayoría de los pacientes son no mapuche”.
Schraer insistió en que la razón invocada por el Ejército para no ceder esas tierras es “inverosímil”, porque nunca realizaron maniobras militares en el predio de la comunidad.
Lo mismo sostuvo Daniel Jaramillo, un referente del Espacio de Articulación Mapuche, con larga historia de trabajo en el lugar. “Decir que hay prácticas militares en el lugar, o que podría haber, está muy fuera de contexto”, afirmó.
Mauro Cesetti, expresidente de la junta vecinal de Los Coihues, confirmó que la colaboración mutua con los Ranquehue es muy activa desde hace años. Dijo que la única presencia del Ejército se da en la palestra de escalada de Virgen de las Nieves y cuando han realizado prácticas de tiro nunca fueron en tierras de la comunidad. Por lo general la Escuela Militar avisa previamente a los vecinos y las realiza en el polígono ubicado “en la zona denominada Puesto de Vialidad”, a varios kilómetros de allí.
Dijo que en las tierras “del Ejército” hay otras prácticas que son irregulares y que sí merecerían un abordaje más enérgico desde el Estado como es la tala ilegal.
El Parque Central quedó en las carpetas
Desde el primer momento el proyecto que enarboló la actual gobernadora Arabela Carreras para generar un gran parque recreativo y de protección paisajística en las tierras del Ejército tuvo presentaciones ampulosas, mapas tentativos, mereció un primer estudio ambiental y hasta una ley destinada a elaborar un “plan general de trabajo y estrategias de conservación”. Pero en los hechos el parque nunca avanzó, afectado al parecer por un déficit de la siempre invocada “voluntad política”.
Fuentes relacionadas con la comisión mixta que se conformó en 2016 con el dictado de la ley 5155 reconocieron que en el ministerio de Defensa “no tenían ni noticias del proyecto de Parque Central, al menos hasta hace poco. Y difícilmente haya cambiado”.
Otros sostienen que las reivindicaciones de las comunidades mapuches con asiento como la Millalonco Ranquehue, Tripay Antu, Tambo Báez y la lof Quijada cambiaron el escenario. Algunas de ellas manifestaron su oposición y la decisión de no confrontar enfrió la iniciativa.
El abogado de los Ranquehue, Matías Schraer, dijo que la comunidad no está en contra del Parque Central, mientras no afecte a su territorio, y en ese caso debería existir “un proceso de consulta previa”, que todavía nadie encaró.
El parque abarcaría desde los límites efectivos de la escuela militar de montaña (que quedaría confinada a su emplazamiento actual y el estrecho espacio circundante) hasta el lago Gutiérrez y desde la costa este del lago Moreno hasta el cerro Otto, con espacios de uso recreativo y “áreas naturales a proteger”.
El material escrito que se acumuló en torno del proyecto indica que la zona funcionaría “como una interfase entre los sectores de la ciudad que están fuertemente urbanizados y los que aun conservan mayores valores paisajísticos e interés de conservación ecológica”.
Carreras siempre dijo (a pesar del interés en tal sentido) que el parque no estaba pensado para servir al desarrollo habitacional, sino que era vital conservarlo como “pulmón verde”. De concretarse ese destino, quedaría definitivamente vedado el uso de esos terrenos para prácticas militares, en una superficie mucho mayor que la hoy reivindicada por la comunidad Millalonco Ranquehue.
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