Por graves errores judiciales podría quedar impune una causa por apremios ilegales

Al podio de los procesos judiciales con más desaciertos acumulados se subió la causa por apremios ilegales que se está ventilando esta semana en Neuquén. Policías que golpearon a detenidos esposados, otros que encubrieron, un juez que se olvidó de incluir a seis (6) testigos claves, una fiscal y dos querellantes que no lo advirtieron hasta que fue demasiado tarde, una Oficina Judicial que igual los citó y, para rematarla, un juicio en una sala a puertas abiertas, literalmente, lo que permitió que policías convocados a declarar pudieran escuchar desde el pasillo lo que deponían los anteriores, algo que el Código Procesal prohíbe en forma expresa.

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Los errores los pagan siempre los del mismo lado. En este caso, las tres víctimas de apremios ilegales. A uno de ellos, un joven de 24 años, le fracturaron una costilla y le causaron un hemotórax que puso en peligro su vida. A otro le tatuaron en la espalda «41». Es el número de la comisaría en la que estuvo detenido.

Hay altas posibilidades de que esta causa se cierre sin castigo para nadie: ni para los policías involucrados en distinto grado, ni para el juez que olvidó citar a los testigos claves, ni para la fiscal que no controló (los querellantes renunciaron hace diez días). A fin de cuentas quizá ni siquiera dañe la imagen del Poder Judicial. El martes pasado, en el Consejo de la Magistratura, el candidato a juez del Tribunal de Impugnación Juan José Nazareno Eulogio opinó que para mejorar la mala percepción de la sociedad, el Poder Judicial debería lograr una comunicación directa con la ciudadanía, por ejemplo a través de las redes sociales, para difundir sus decisiones. Pero ni el mejor CM de una cuenta de TikTok lograría maquillar los desaciertos que desde el día uno se cometieron en esta investigación.

Hechos y pruebas, según la acusación

Según la teoría de la fiscal Valeria Panozzo, el 30 de marzo de 2019 a las 21:30 tres jóvenes fueron sorprendidos tras robar una vivienda en el barrio Altos del Limay. Circulaban en un Chevrolet Agile en el que llevaban elementos sustraídos.

Los policías imputados por la fiscalía de infringirles vejaciones son Miguel Ángel Morales, de 39 años, y Sebastián Andrés Chavarría, de 31. Las víctimas dicen que se presentaron como «Freddy y Jason de la 41», en supuesta alusión a Freddy Krueger y Jason de la saga Viernes 13. La 41 es la comisaría del barrio Don Bosco II.

Ambos se declararon inocentes (uno ya fue dado de baja de la policía, el otro está esperando la destitución oficial). Un tercer acusado, Walter Oscar Elgueta, asumió su responsabilidad y lo condenaron a 3 años de prisión en suspenso por lesiones leves, lesiones graves y vejaciones.

El juicio comenzó el martes ante el tribunal integrado por Carina Álvarez, Florencia Martini y Lucas Yancarelli. La fiscal Panozzo prometió en su alegato de apertura que demostraría la culpabilidad de los imputados, y que se basaría en estas pruebas fundamentales: el testimonio de José Ignacio Sepúlveda (el joven que sufrió la fractura de costilla) y los y las profesionales que lo atendieron: la médica forense Fernanda Herrera, la doctora Gabriela Nogara, el doctor Carlos Gordillo y el doctor Alejandro Cozzarín.

Pruebas y olvidos

Un paréntesis necesario. Según establece el Código Procesal, las pruebas que se utilizarán en un juicio, entre ellos las testimoniales, se admiten o se excluyen en una audiencia que se llama de control de acusación. La fiscalía, la querella (si la hubiera) y la defensa las proponen, y un juez o jueza de Garantías las acepta o rechaza.

En este caso, el 29 de marzo del 2021 se hizo la audiencia de control de acusación. Participaron la fiscal Panozzo, los entonces querellantes Marcelo Muñoz y Martín Espejo, la defensa pública por los imputados y el juez de Garantías fue Gustavo Ravizzoli.

Ese día la parte acusadora ofreció como testigos a las y los cuatro médicos antes mencionados, imprescindibles para probar las lesiones sufridas por las víctimas, y a dos bioquímicos. También a José Ignacio Sepúlveda, el más grave de los lesionados.

Por un error que nadie explicó, el 30 de marzo del 2021 Ravizzoli dio la lista de testigos aceptados para el juicio, sin incluir a los cuatro médicos. Y en vez de convocar al joven José Ignacio Sepúlveda nombró a Juan Francisco Sepúlveda, su padre.

Río Negro habló brevemente con Ravizzoli. «No puedo expedirme o referirme hasta tanto revise qué sucedió en toda la audiencia», dijo. Por razones laborales, no estaba al tanto de las alternativas del juicio.

Sorpresa en pleno juicio

¿Quién y cuándo descubrió esos errores? Fue el abogado particular de los imputados Morales y Chavarría, Marcelo Sterz, quien se hizo cargo de su defensa hace una semana. Y los reveló en la primera audiencia del juicio, la del martes, para estupor de los jueces y de la fiscalía.

La fiscal Panozzo pidió que se cite de todos modos a los médicos, el defensor se opuso.

En la audiencia de este miércoles, el Tribunal de Juicio comunicó, por unanimidad, que no aceptaría la declaración de los médicos y médicas. Si no fueron incluidos por el juez Ravizzoli en la audiencia de control de acusación y nadie lo advirtió, el tiempo de reclamar ya venció, fue el argumento. Precluyó, en la jerga.

La presidenta del Tribunal, Carina Álvarez, sermoneó a la fiscalía por no controlar la lista de testigos y a la Oficina Judicial por citar a los médicos a declarar. Los únicos que disfrutaban eran Marcelo Sterz y su colega de la defensa, Ángeles Sterz.

Sin la declaración de la víctima principal ni de los profesionales que examinaron a los heridos, a la fiscalía se le cayó buena parte de su teoría del caso.

El más desconcertado fue el padre de Sepúlveda. Al declarar en la audiencia de este miércoles le hicieron varias preguntas sobre el estado de salud de su hijo, y él repreguntó: «¿no pidieron toda la información al hospital? El médico forense de acá (por el Poder Judicial) lo atendió 20 días. ¿No va a venir y le preguntan a él?».

Nadie le respondió.

Unos y otros

Por último. Los tres jóvenes víctimas de apremios tienen antecedentes delictivos, dos de ellos están presos en este momento, y uno de ellos reconoció que ese día estaba robando. Fueron juzgados y, por el hecho de esa noche de marzo del 2019 en particular, los sobreseyeron.

Los policías imputados ya fueron o están por ser destituidos. Pero en la comisaría 41 hubo más implicados. La fiscal Panozzo explicó en su alegato de apertura las dificultades que enfrentó durante la investigación: se encontró con vecinos que tal vez presenciaron los apremios pero no quisieron declarar, y con policías que muy presumiblemente encubrieron a sus camaradas.

La investigación, sanción y erradicación de la violencia institucional sigue siendo una deuda de la democracia en general, y Neuquén no es la excepción.