Déficit sintomático

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Los esfuerzos de Domingo Cavallo para convencer a los mercados, es decir, a todos aquellos que podrían ser afectados por la evolución del país, de que las apariencias no obstante la Argentina resultará capaz de superar sus muchos problemas económicos, no se han visto ayudados por el hecho de que a fines de abril el déficit llegó al 64% de lo previsto para todo el año. La causa de este desastre consiste en la debilidad extrema del gobierno nacional, más la irresponsabilidad egoísta del resto de la clase política en lo que es un «año electoral» en el que, es innecesario decirlo, pocos se sienten obligados a pensar en otra cosa que la imagen propia. Aunque el presidente Fernando de la Rúa y sus tres ministros de Economía, José Luis Machinea, Ricardo López Murphy y Cavallo, no han dejado de subrayar la importancia de la disciplina fiscal, han sido pocos los destinatarios de sus exhortaciones que se han dignado a prestarles atención.

El aumento al parecer irrefrenable del déficit podría entenderse políticamente si fuera la consecuencia de un intento genuino, si bien desprolijo y en última instancia insostenible, por parte de las autoridades nacionales y provinciales de mejorar los servicios sociales o de reducir la brecha que separa a los relativamente acomodados de los sumamente pobres, pero sucede que a nadie se le ocurriría afirmar que en lo que va del año «los políticos» se han destacado por su voluntad de hacer frente a las lacras existentes. Por el contrario, durante este período los «dirigentes» se han ensimismado más que nunca, entregándose al internismo con entusiasmo indisimulado, negociando candidaturas y, huelga decirlo, tapando los oídos a las muchas denuncias que se han formulado. No es que se hayan dejado llevar por su pasión por la justicia social, es que con escasas excepciones han elegido privilegiar sus propios intereses personales y corporativos.

Por supuesto que virtualmente ninguno confesaría que la incapacidad de la clase política para mantener bajo control el gasto público es la consecuencia lógica de la voluntad de sus integrantes de defender sus propios ingresos, los cuales, en términos absolutos, están en muchos casos entre los más elevados del mundo. Encabezados por los gobernadores provinciales, son expertos consumados en el arte de hacer pensar que gasto público equivale a bienestar o justicia social, de suerte que cualquier intento de reducirlo constituye un ataque alevoso contra «el pueblo». Se ha repetido tantas veces esta mentira durante tanto tiempo, que para muchos disfruta del status de una verdad revelada, de ahí las dimensiones que suelen adquirir las manifestaciones de repudio contra el Fondo Monetario Internacional o funcionarios como López Murphy que quisieran sanear las finanzas nacionales.

Si la Argentina fuera un país bien administrado en el que los funcionarios y legisladores percibieran ingresos comparables con aquellos de sus homólogos de Europa occidental, al gobierno de turno no le resultaría del todo difícil gozar de una larga serie de superávits fiscales porque, como es notorio, el pueblo está acostumbrado a que los servicios sociales sean llamativamente inadecuados. Para alcanzar esta condición, empero, será necesario no sólo que la clase política se renueve, sino también que la cultura política imperante haga lugar a otra más apropiada para los tiempos que corren. Como es natural, los representantes del orden corporativo, clientelista y prebendario que efectivamente se da no quieren que se produzca ningún cambio drástico y por lo tanto continuarán repitiendo como loros los eslóganes de siempre, con la esperanza de que los votantes elijan darles una nueva oportunidad. Hasta ahora, no hay indicios de que el pueblo esté dispuesto a provocar un terremoto electoral comparable con los que en ocasiones se han concretado no sólo en países latinoamericanos en que la democracia es precaria sino también en naciones tan avanzadas como Francia y Canadá, pero de agravarse mucho más la crisis su reacción podría resultar sorprendente, lo cual quizás sería muy positivo porque a menos que el electorado se las arregle para obligar a la dirigencia política a actualizarse, lo harán los mercados al desatar una convulsión que sería aún más dolorosa que la experimentada en 1989.