De dominio público
Es abrumadora la evidencia de que Menem aprovechó su poder para adquirir un patrimonio personal enorme.
Es un secreto a voces que antes de ser elegido presidente de la Nación Carlos Menem era un hombre de ingresos relativamente modestos pero que terminó su gestión convertido en multimillonario, dueño confeso de varias propiedades envidiables y, se dice, de otras que supuestamente pertenecen a familiares o amigos. Sin embargo, hasta ahora muy pocos han manifestado mucho interés en investigarlo por presunto enriquecimiento ilícito, en parte porque un intento de hacerlo ya se agotó en un juzgado riojano, pero principalmente por temor a las eventuales complicaciones políticas de lo que sería presentado como un ataque alevoso contra el líder que había dominado el país en los años noventa. Ultimamente, empero, la ciudadanía parece haberse acostumbrado a la idea de que el ex presidente pudiera terminar entre rejas, razón por la cual la decisión del fiscal federal Carlos Stornelli de pedir la investigación de su fortuna personal, en el marco de la causa por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, no ha resultado demasiado sorprendente. Por el contrario, desde que cobró ímpetu la pesquisa en la que entiende era sólo una cuestión de tiempo antes de que el hipotético jefe de la «asociación ilícita» se encontrara en graves problemas, a menos que la clase política en su conjunto cerrara filas en torno de él en defensa de su impunidad.
La pregunta, pues, es ésta: ¿aprovechó Menem su poder para adquirir un patrimonio personal enorme? Aunque la evidencia circunstancial de que sí lo hizo es abrumadora -sus mansiones, aquella aeropista en Anillaco, la capacidad para pasar a su ex esposa y a la madre de su hijo natural más de veinte mil pesos mensuales, además de la declaración jurada que se difundió hace un par de años-, hasta ahora sus muchos enemigos no han logrado traducirla en acusaciones jurídicas lo suficientemente contundentes como para obligar a un juez a tomarla en serio. Lejos de mostrar curiosidad por la procedencia de sus millones, los magistrados que han intervenido en el asunto parecen haberse sentido más que satisfechos por las explicaciones nada convincentes de Menem que atribuía su buena suerte a sus acciones en una empresa de vinos que estaba al borde de la bancarrota y lo que habría heredado de su hijo muerto. Por supuesto que en teoría es factible que Menem se haya visto privilegiado por la buena fortuna tal como ha dicho, pero ocurre que virtualmente nadie puede creerlo.
En la actualidad, es frecuente que dirigentes políticos sean acusados de actos de corrupción. En Europa, casi tuvo que ir a la cárcel nada menos que el ex canciller alemán Helmut Kohl, el arquitecto de la reunificación de su país, mientras que el presidente francés Jacques Chirac corre el mismo riesgo, mientras que en América Latina la lista de ex mandatarios, entre ellos el mexicano Carlos Salinas, el venezolano Carlos Andrés Pérez y el brasileño Fernando Collor de Mello, que no han logrado justificar sus ingresos, difícilmente podría ser más larga. Por lo tanto, la eventual detención de Menem por habérselas arreglado para trasmutar el poder político en dinero contante y sonante no perjudicaría en absoluto ni la imagen nacional ni provocaría un trauma político insuperable. Por el contrario, lo anómalo no sería que la Justicia emprendiera una investigación auténtica del patrimonio del ex presidente Menem, sino que persistiera la ambigüedad ya habitual que se caracteriza por la convicción generalizada de que en el curso de su gestión recibió sumas gigantescas a cambio de favores, combinada con el consenso de que sería mejor dejar las cosas como están. Al fin y al cabo, no se trata de otro caso en que un ex funcionario se ha visto denunciado por violar una regla burocrática arbitraria o una ley que sirviera para defender las «conquistas» de un lobby, sino de la casi seguridad de que el ex presidente haya actuado como un delincuente. Si sólo fuera cuestión de sospechas indignas achacables a la envidia o a los prejuicios ideológicos, el propio Menem sería el primero en exigir que jueces independientes estudien en detalle la evolución de su patrimonio a partir de 1988, pero, por desgracia, todo hace pensar que al riojano no le atrae en absoluto la posibilidad de que se realice un arqueo exhaustivo de sus intereses materiales.
Es un secreto a voces que antes de ser elegido presidente de la Nación Carlos Menem era un hombre de ingresos relativamente modestos pero que terminó su gestión convertido en multimillonario, dueño confeso de varias propiedades envidiables y, se dice, de otras que supuestamente pertenecen a familiares o amigos. Sin embargo, hasta ahora muy pocos han manifestado mucho interés en investigarlo por presunto enriquecimiento ilícito, en parte porque un intento de hacerlo ya se agotó en un juzgado riojano, pero principalmente por temor a las eventuales complicaciones políticas de lo que sería presentado como un ataque alevoso contra el líder que había dominado el país en los años noventa. Ultimamente, empero, la ciudadanía parece haberse acostumbrado a la idea de que el ex presidente pudiera terminar entre rejas, razón por la cual la decisión del fiscal federal Carlos Stornelli de pedir la investigación de su fortuna personal, en el marco de la causa por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, no ha resultado demasiado sorprendente. Por el contrario, desde que cobró ímpetu la pesquisa en la que entiende era sólo una cuestión de tiempo antes de que el hipotético jefe de la "asociación ilícita" se encontrara en graves problemas, a menos que la clase política en su conjunto cerrara filas en torno de él en defensa de su impunidad.
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