Políticos costosos

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Desde hace dos milenios y medio todo político que se precie sabe que es un buen negocio atacar a la clase política, comprometiéndose a castigar a los corruptos, echar a los vagos y obligar a los que queden a vivir con la austeridad apropiada para quienes se dediquen al bienestar común. Como se trata de una causa que suele resultar muy popular en momentos de crisis, era de prever que tarde o temprano diversos dirigentes procurarían aprovecharla. En efecto, el ambicioso gobernador cordobés Juan Manuel de la Sota ya ha convocado a un referéndum para julio en que con toda seguridad sus comprovincianos se pronunciarán de forma abrumadora en favor del achicamiento drástico de las legislaturas locales, mientras que el gobierno nacional, luego de haberse preparado largamente difundiendo una cantidad de datos desopilantes relacionados con el excesivo gasto político de las jurisdicciones más pobres, parece dispuesto a emularlo. Si bien tales esfuerzos se inspiran en algo más que la pasión por el buen gobierno y el rigor republicano, es muy saludable que se hayan producido por tratarse de la reacción natural de la sociedad frente a los excesos a menudo escandalosos de organizaciones políticas que, proclamándose la encarnación de la democracia, se las han ingeniado para enriquecer a los vinculados con ellas.

Con todo, de por sí las medidas que están proponiendo los horrorizados por el «gasto político» – la reducción a la mitad de la cantidad de cargos electivos, la eliminación de cámaras y concejos considerados superfluos y cortes salariales que en algunos casos serían severísimos- no servirían para resolver los problemas económicos que plantea «la política». Estos se deben no sólo al deseo comprensible de los políticos mismos de disfrutar de ingresos elevados, sino también a la propensión de los partidos y de las facciones internas a subordinar virtualmente todo a sus propios intereses corporativos. Además de formar imperios y subimperios clientelistas, a menudo aglutinados en torno de un clan familiar o de una «mafia» de amigos, que tienden a expandirse, los dirigentes se han acostumbrado a repartir favores entre los grupos de presión existentes, entre ellos las ubicuas entidades empresarias y los sindicatos, produciendo de este modo distorsiones que como es lógico han contribuido enormemente a frenar la evolución de la sociedad. El orden corporativo así creado no es meramente corrupto. También es intrínsecamente ineficaz por basarse en colmar de privilegios a quienes de otra manera se verían rezagados.

Este sistema tiene raíces muy profundas. Tanto la UCR como el PJ siempre han actuado como mutuales que favorecen automáticamente a sus integrantes, práctica que sus dirigentes han reivindicado afirmando que en vista de que han sido víctimas de los prejuicios de sus adversarios es legítimo ayudarlos a recuperar el terreno injustamente perdido. Asimismo, ya es rutinario que con alusiones a la democracia y a la representatividad, un nuevo gobierno se apodere de reparticiones enteras de la administración pública, convirtiéndolas en comités radicales, unidades básicas peronistas o, últimamente, feudos frepasistas, procedimiento que, huelga decirlo, ha supuesto que los impulsores más fervorosos del estatismo han hecho más que nadie por inutilizar el sector público. Y, es innecesario decirlo, la aplicación de los mismos criterios a la Justicia ha tenido el efecto previsible de desprestigiarla hasta tal punto que para restaurarla será preciso tomar medidas muy drásticas. Pero, por fortuna, las tesis que a través de los años han servido para justificar la toma del Estado por parte de «los políticos» ya no convencen a nadie, de suerte que ni siquiera el jefe partidario más corporativo consideraría la periódica expulsión de un contingente de ñoquis como un golpe asestado contra la democracia, mientras que la idea de que el primer deber de un funcionario consista en encontrar un trabajo bien remunerado para sus parientes y amigos, asegurándose de este modo «la lealtad» de sus colaboradores, sólo produce indignación. Así, pues, ya se ha consolidado el cambio de clima que hará posible una reforma drástica de la actividad política para que los funcionarios, sean elegidos o no, vuelvan a servir al pueblo en vez de servirse de él.