Controversia por una servidumbre para acceder a un lago

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- A pesar de los reclamos planteados con apoyo de varios concejales, los vecinos de Villa Llanquihue no consiguieron que el Ejecutivo municipal garantice el acceso público a la playa del lago Nahuel Huapi en el kilómetro 23 de avenida Bustillo. La ordenanza impuso la constitución de una “servidumbre administrativa y/o restricción al dominio” a través de un predio privado que hoy cierra el paso donde tradicionalmente existió una bajada libre. Meses atrás el intendente Marcelo Cascón argumentó que no podía establecer la servidumbre sin la conformidad expresa de los dueños del predio, identificados como la familia Blaquier. Se apoyó en el dictamen del acceso letrado municipal, Sergio Dutschmann, y en la opinión de la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura provincial, Nelly Meana. Pero el concejal Darío Rodríguez Duch (ARI), también abogado, contraargumentó con un escrito que firmó con sus pares Alfredo Martín y Silvia Paz (Frente Grande) y con unos 30 vecinos de Llanquihue. Allí sostiene que la confusión parte de considerar que, ante la negativa del privado, el único camino es la expropiación mediante ley provincial. Dijo Duch que esa alternativa no corresponde al caso en cuestión, porque sólo se trata de garantizar la apertura al tránsito peatonal en una superficie no mayor a los 50 metros cuadrados, sin una afectación absoluta al derecho de propiedad. El concejal dijo que enviaron la nueva nota a Cascón hace unos 15 días y todavía no tuvieron respuesta. Se quejó de que el asesor letrado Dutschmann “pretende descartar toda validez a la ordenanza” al sostener que sin acuerdo del particular es imposible establecer la servidumbre de paso. Pero Duch citó variada doctrina del derecho para sostener lo contrario. También mencionó el fallo del STJ en el caso Lago Escondido e indicó incluso que la legisladora Meana explicó a través de su dictamen que “no se requiere una ley provincial para viabilizar la servidumbre administrativa de tránsito peatonal”, sino que pertenece a la esfera del municipio. El edil del ARI dijo que la instrumentación de la servidumbre en Llanquihue “es una cuestión de voluntad política”. Aseguró que el municipio puede ponerla en práctica por “imposición legal”, en virtud de lo que señala la Carta Orgánica. También señaló que “no corresponde expropiar ni indemnizar” al propietario por la apertura de la servidumbre, porque “generaría un antecedente muy negativo” para casos similares.