Referéndum de Bariloche: Los que no voten serán multados con el equivalente a una bolsa de cemento

A la convocatoria de un referéndum popular de diez preguntas, que no tiene antecedentes por su amplitud temática, el intendente de Bariloche Walter Cortés agregó otra singularidad al establecer que la sanción económica para los ciudadanos que no concurran a votar será el equivalente a “una bolsa de cemento de 50 kilos”.

Un corralón local de los más requeridos informó ayer que el precio actual de ese insumo es de 15.500 pesos “al contado” y de 19.400 para quien financie con tarjeta. La multa sería entonces bastante más cara que en las elecciones generales, donde rigen valores desactualizados.

Según el Código Electoral, para las legislativas nacionales de octubre la multa por eludir el voto podrá variar entre 1.000 y 2.000 pesos, para aquellos electores que se ausenten y no lo justifiquen en los siguientes 60 días. En 2023 la multa fue de 50 a 500 pesos. Pero históricamente la aplicación de ese tipo de penas fue muy relativa. El mayor disuasivo para los votantes díscolos es la dificultad que pueden encontrar luego para realizar otros trámites, por ejemplo viajes al exterior.

La consulta a la ciudadanía en Bariloche se realizará el domingo 9 de noviembre y abordará diez temas diferentes, que van desde la necesidad de dictar la “emergencia habitacional”, la habilitación de las plataformas digitales de transporte tipo Uber y la creación de una “contribución” de los turistas para realizar inversiones en infraestructura, hasta la eliminación de las licencias pagas a dirigentes gremiales y la entrega de un inmueble a excombatientes de Malvinas.

Como hay poco hábito con el uso del referéndum, Cortés y sus colaboradores buscaron subrayar en todo momento que el voto es “de carácter obligatorio”, y que hay una voluntad expresa del gobierno de sancionar a los incumplidores con un monto que no sea simbólico.

Como dato extra, puso como referencia para la multa el valor de la bolsa de cemento, en un mensaje que parece remarcar la prioridad que le otorga a la obra pública. Además, tiene la ventaja de actualizarse de forma automática, con el precio de ese material, como ocurre con los gravámenes fijados en litros de nafta.

En la resolución no queda claro cuándo y cómo se aplicará la sanción y si al votante incumplidor le resultará reclamado el comprobante cuando efectúe otro trámite.

Como en cualquier referéndum, el resultado será de aplicación obligatoria, sin necesidad de que el Concejo lo convalide por ordenanza. Pero esa regla quedaría en entredicho si la concurrencia no supere el 50% del padrón. Un riesgo evidente que el gobierno busca evitar es el alto ausentismo.

Los organizadores del referéndum tomaron nota de los altos índices de abstención en algunas elecciones legislativas provinciales que se realizaron en las últimas semanas, donde la participación, en algunos casos, no llegó el 55%.

Casi 110 mil electores

El padrón electoral que será empleado en el referéndum tomará como referencia el que resulte oficializado para las elecciones nacionales de octubre, con algunos agregados específicos. En las elecciones municipales de 2023 el padrón tuvo 108.092 electores, incluidos 1.651 extranjeros, que no votan en la elección nacional.

La resolución de Cortés habilitó expresamente para el referéndum la incorporación de ciudadanos de otra nacionalidad con residencia “permanente” en Bariloche y también los jóvenes de 16 años que los cumplan en el período que va desde la elección nacional hasta el referéndum. De modo que el número de habilitados podría superar los110.000.

Agregó también otras cláusulas que suelen regir en elecciones ordinarias como la gratuidad del transporte urbano el día de la elección.

Además, dispuso que la “documentación” necesaria para que los electores puedan ejercer un voto informado deberá ser publicada “en forma íntegra y accesible” a través de los “canales oficiales” de la municipalidad, incluida su web institucional, el boletín oficial y redes sociales.

Las campañas previas

Está claro que Cortés promoverá el voto para el “sí” a todas las preguntas. Si bien por ahora no hay campañas en marcha para impular el “no” en todos o en algún caso, ya surgió alguna queja porque “no está garantizada la igualdad”, con aportes económicos o espacios gratuitos en medios a fin de brindar oportunidades parejas para todos.

La resolución de Cortés también rectificó algunas de las preguntas, respecto de la redacción original publicada un par de días antes, con fin de dar “claridad y transparencia a las opciones sometidas a votación”.

Eliminó por ejemplo datos secundarios como el que definía que el proyecto de ordenanza sobre la contribución turística sometido a referéndum es el texto “reformulado el 14 de julio de 2025”.

Ese y otros detalles estarán más claros recién cuando el Ejecutivo presente el modelo de boleta, con las diez preguntas y sus correspondientes casilleros para el “sí” y el “no”, para lo cual tiene plazo hasta el viernes 25.