Narcopolítica o monetización republicana

El desconcierto y la perplejidad ciudadana se ahondan a medida que avanzan las investigaciones sobre la supuesta infiltración polimodal de dineros de la corrupción y el narcotráfico en esferas nucleares de poderes del Estado.

En efecto, desde el caro e inolvidable “voto Kueider”, vg., los casos de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera), la licitación millonaria por prestar servicios de seguridad al Banco Nación; el escándalo $Libra, los audios oficiales de Spagnuolo, el peculiar financista Fred Machado, para concluir con el resonante y escandaloso caso Espert; sacudieron y devaluaron un más que auspicioso escenario electoral oficialista, impregnándolo con desconfianza, decepción, hartazgo y asco cívico.

Cuesta y costó mucho admitir la profundización de la decadencia moral en nuestro estirpe política. Su grave déficit de membresía tiene jaqueada nuestra democracia, nuestro estado de derecho, nuestras libertades individuales, nuestras garantías constitucionales, etc.

Calidades y condiciones (idoneidad, honestidad, diálogo, respeto, coherencia, alternancia y básica solvencia intelectual, etc.) que implicaban, mínimamente, una membresía política, fueron reemplazadas cambalacheramente por enroques, nepotismo, farandulización, listas sabanas con fichas sucias, financiamientos espurios de campañas electorales, testaferros, corrupción e impunidad; todo lo cual centrifuga, explica la crisis ética, económica y financiera actual, como algunas de las consecuencias nefastas de tal membresía política; tanto en términos de apatías y absentismos como de fanatismos especulativos e irresponsables.

La inejecutoriedad de la ley cuestiona su propia eficacia. Baste consultar nuestra Constitución Nacional (C.N.) puntualmente “la inermidad” de su artículo 38 C.N.: “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas.  El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio”.

Como concepción, fundamento y horizonte de un gobierno republicano, el fin último del orden constitucional pretendía ser la salvaguardia de derechos y libertades de los ciudadanos, esto es del “bien común” como fin y  límite del Estado. Sin embargo, con esta membresía política en bancarrota, cada desigualdad, cada crueldad (discapacitados, jubilados ordinarios, docentes, etc.), conforma el camino empedrado de falsas promesas electorales según cada “mentís” institucionalizado, lo cual injustamente depositó a la mayoría de los argentinos no solo en sus ascuas actuales sino exponiéndoles a “campo orégano” para tentaciones totalitarias.

Con más de cuatro décadas en democracia, como ciudadanos estamos obligados y urgidos a exigir la regeneración salutífera de toda membresía política para, finalmente encarnar efectiva y satisfactoriamente nuestras libertades, derechos y garantías constitucionales.

* Experto Coneau Cooperativismo.