Condenan al municipio de Bariloche por un árbol que cayó sobre un auto en el bosque Llao Llao

El municipio de Bariloche fue declarado responsable por los severos daños que provocó en un auto particular la caída de un árbol en el bosque Llao Llao y deberá resarcir a su dueña por un monto de casi 2 millones de pesos, más los intereses y costas.

La Justicia desechó que un simple comunicado previo de advertencia sobre “fuertes vientos” emitido por Protección Civil alcance para desligar al municipio de las consecuencias del siniestro, ocurrido el 12 de octubre de 2022 -durante la gestión de Gustavo Gennuso-, sobre el Circuito Chico, a la altura del sendero de Los Arrayanes.

Allí, sobre la banquina de la ruta, en una zona de abundante vegetación, había dejado su auto Suzuki Fun la demandante -vecina de esta ciudad, instructora de esquí y licenciada en Gestión Ambiental-, quien meses después denunció lo ocurrido a la Justicia en busca de una compensación económica por el perjuicio que le fue causado, a su entender, por la negligencia municipal.

Refirió que en aquella ventosa jornada de primavera, el tránsito estaba habilitado en toda la zona sin ninguna restricción. Aunque de inmediato después del incidente el municipio decidió cortar el acceso vehicular.

Argumentó que el Estado local tiene “la obligación de realizar un control de los árboles, máxime en un circuito turístico sobre el que tiene absoluta jurisdicción y competencia”. Dijo que el árbol presentaba algunas raíces a la vista, provocadas por el apeo previo de otros ejemplares en el mismo sector.

La caída del árbol provocó en el Suzuki la rotura de puertas, guardabarros, techo, parantes, molduras, ventanas y el parabrisas. La reparación de todo lo dañado demandó casi dos meses y esa omisión de uso fue añadida por la mujer en su demanda junto al costo de mano de obra y repuestos, y al “daño moral”, aunque este último ítem no le fue reconocido.

A lo largo de la causa, que tramitó en el Juzgado Contencioso Administrativo de Bariloche, el municipio negó los hechos y cada una de las pruebas documentales y alegó que “no existe nexo de causalidad entre el daño y el obrar estatal”. Sostuvo también que el municipio “no puede controlar cada árbol del ejido”.

Pero el juez Roberto Iván Sosa Lukman, firmante de la sentencia, tomó en cuenta lo reglado por la Carta Orgánica sobre la obligación municipal de garantizar los servicios y “la protección de los habitantes”, además del poder de policía en materia ambiental.

“Al omitir el debido control, seguimiento y/o poda del ejemplar que cayó sobre el automóvil de la actora, incumplieron con el deber normativo señalado, acarreando así la responsabilidad del Estado por el daño causado a la demandante”, sostuvo el magistrado. Se trata de una sentencia de primera instancia, que la municipalidad puede apelar para que sea revisada.

Y agregó: “no se trata de esperar que el Estado verifique en todo momento la situación de cada árbol implantado dentro del ejido, sino de exigirle un obrar razonable y acorde a la normativa vigente, de acuerdo a los medios con los que cuenta para su cumplimiento”.

Un caso con similitudes

Lo ocurrido en el bosque Llao Llao, aunque mucho menos grave, guarda semejanzas con la tragedia registrada años atrás en San Martín de los Andes, donde la caída de un árbol de gran porte en un camping sobre la costa del lago Lácar causó la muerte de dos niños. Aquella vez la imputación alcanzó a dos guardaparques, que en una primera instancia fueron absueltos, aunque luego la Justicia de Casación revocó la sentencia.

Como en aquella situación, la de Llao Llao ocurrió en un área natural protegida, con un plan de manejo específico, una ordenanza que regula el uso y un cuerpo de guardabosques municipales con deberes de “control puntual y exclusivo de la zona”, señala la sentencia.

“La víctima no ha sido causa o concausa adecuada del daño y, en esa medida, no da lugar a la exoneración del sindicado como responsable”, es decir el municipio, según sostuvo el fallo.

El juez subrayó que en el expediente “no obra constancia de la difusión del alerta meteorológico presuntamente emitido” antes de la caída del árbol, dijo que ese argumento fue vertido recién en el alegato. Impuso al municipio la obligación de abonar la suma de 1.978.000 pesos por daño causado, y para fijar ese monto aceptó la pretensión formulada por la damnificada en todo, menos en el daño moral.