El federalismo que no fue: cómo salir del círculo vicioso fiscal que posterga el desarrollo

Argentina arrastra desde hace décadas un régimen de coparticipación federal de impuestos que, lejos de fortalecer el federalismo, ha promovido un sistema de dependencia, ineficiencia y gasto descontrolado. Lo que debería ser una herramienta de coordinación armónica entre Nación y provincias, se ha convertido en un mecanismo perverso que fractura la solvencia fiscal, fomenta la irresponsabilidad y reproduce desigualdades estructurales.

El problema no es nuevo, pero se ha agravado. Como bien advertía Juan Carlos Cassagne, el actual régimen mezcla lo peor de dos mundos: un centralismo recaudador en la Nación con una coparticipación mal diseñada, que debilita los incentivos para una gestión eficiente en las provincias y desalienta cualquier esfuerzo por generar recursos propios.

Cada provincia es un caso paradigmático. Por un lado, reclaman mayor coparticipación y más transferencias discrecionales. Por otro, toleran —o promueven— que sus municipios apliquen tasas claramente inconstitucionales, como la llamada «tasa de abasto» o «ingreso de mercaderías». Estas figuras, disfrazadas de contraprestación, funcionan en realidad como un impuesto al comercio interjurisdiccional que viola principios básicos del orden fiscal argentino.

En paralelo, siguen aferradas al impuesto más regresivo y distorsivo del país: Ingresos Brutos. Un tributo que encarece la producción, penaliza la formalidad, castiga a las pymes y multiplica los costos en toda la cadena de valor. Su lógica acumulativa y su complejidad administrativa lo vuelven incompatible con una economía moderna, exportadora y transparente.

Frente a esta realidad, es necesario un cambio de fondo. La propuesta es clara: eliminar Ingresos Brutos y reemplazarlo por un nuevo IVA federal, con alícuota tal que compense la recaudación actual de ambos tributos y con distribución automática entre jurisdicciones mediante el Convenio Multilateral. Este esquema reconoce la localización efectiva de la actividad económica y distribuye el tributo según el valor agregado que se genera en cada provincia.

Este cambio implica:

– Que cada provincia asuma su responsabilidad fiscal: lo que gasta, debe recaudarlo o generarlo con actividad económica territorial real.

– Que desaparezca la lógica del «mendigo fiscal», donde los gobernadores viajan a Buenos Aires a pedir fondos que no generaron y mal gastaron.

– Que los municipios dejen de inventar tributos encubiertos bajo la forma de tasas, distorsionando el comercio y vulnerando la Constitución.

– Que el federalismo deje de ser un discurso vacío y se transforme en un modelo con incentivos alineados al desarrollo.

Este nuevo paradigma haría que las provincias compitan por inversiones, talento y producción. Y que los ciudadanos puedan evaluar con claridad la relación entre lo que pagan y lo que reciben. Solo así podremos salir del laberinto tributario y recuperar una Argentina federal, eficiente y justa.

Si de federalismo hablamos hay que resaltar que, no son las provincias ni sus gobernadores los que generan riqueza. La riqueza la crean los privados con su inversión, su riesgo, su trabajo y el de sus empleados. Pueden ser locales o de otra jurisdicción pero son ellos los que producen y pagan los impuestos que los gobiernos reclaman como propios. El Estado solo administra lo que previamente otros generaron.