La reforma laboral que necesitamos para crear trabajo
Confundir la retroactividad —prohibida por la Constitución— con la aplicación inmediata de nuevas reglas hacia el futuro es un recurso para generar alarma .

Argentina está ante una de las decisiones estructurales más importantes de su historia reciente. La reforma laboral no es un capítulo accesorio de un programa económico: es el punto de partida para que más de 10 millones de trabajadores hoy informales recuperen derechos, para que las pymes vuelvan a contratar y para que el sistema previsional deje de ser una ficción sostenida con impuestos que encarecen el costo de vida.
Este debate exige claridad y honestidad. La desinformación ha convertido la discusión laboral en un campo minado donde predominan consignas y prejuicios antes que datos. Explicar los cambios de manera sencilla no es un gesto técnico: es una obligación democrática.
En ese contexto, la controversia planteada por la CGT sobre una supuesta retroactividad de la reforma revela más una estrategia defensiva que un conflicto jurídico real.
Confundir deliberadamente la retroactividad —prohibida por la Constitución— con la aplicación inmediata de nuevas reglas hacia el futuro sobre relaciones laborales en curso es un recurso clásico para generar alarma social.
Derechos adquiridos
Ninguna reforma seria puede afectar derechos adquiridos; lo que está en discusión es la pérdida de control corporativo sobre un sistema rígido, litigioso y funcional a intereses sindicales antes que al empleo formal.
Argentina se ha convertido en un país donde trabajar no garantiza derechos. Los números son contundentes: 6,2 millones de trabajadores privados formales, 3 millones de empleados públicos, 2 millones de monotributistas y más de 10 millones de personas que trabajan sin registración ni protección real. La mitad del mercado laboral vive sin obra social, sin aportes jubilatorios, sin ART, sin vacaciones pagas ni aguinaldo. Esta precarización erosiona al trabajador y al sistema previsional. Una reforma consciente no debe pensarse solo para quienes ya están dentro, sino para el otro 50% que quedó afuera.
Para que la reforma sea efectiva, la formalización del empleo no registrado no puede convertirse en un castigo ni en un laberinto burocrático, ni generar consecuencias futuras que desalienten la registración. Debe ser un proceso simple y económicamente viable.
Dentro del proyecto hay cuatro puntos centrales que merecen ser explicados.
Salario dinámico: Con una economía que empieza a dejar atrás la inflación crónica, el debate salarial cambia. El salario dinámico permite que una parte del ingreso dependa de productividad, capacitación, presentismo o desempeño. Por ejemplo, en el turismo de Bariloche, un trabajador que domina otro idioma o recibe buenas valoraciones de los clientes puede mejorar su ingreso sin esperar paritarias que no reflejan su aporte real. El salario dinámico mantiene básicos, antigüedad y aportes, y devuelve valor al mérito.
Ius variandi: Hoy, cualquier reasignación de tareas puede terminar judicializada, aun cuando sea razonable y temporal. En el Alto Valle, una empresa frutícola que mueve a un trabajador del empaque a recepción durante un pico de cosecha puede enfrentar una demanda por “alteración de tareas”.
Regular el ius variandi no implica abusos, sino permitir ajustes lógicos sin convertir cada reorganización en un juicio.
Banco de horas: Ya funciona en actividades como minería y petróleo. Permite organizar la jornada según picos reales sin superar la carga horaria semanal legal.
En gastronomía, comercio o turismo, donde la actividad se concentra de jueves a domingo, el banco de horas permite trabajar más en días pico y descansar luego varios días corridos. Lejos de precarizar, ordena la realidad y reduce la informalidad.
Negociación colectiva: La centralización paritaria impone convenios pensados para el AMBA a pymes regionales con realidades muy distintas.
Pretender que una misma paritaria rija por igual para actividades, escalas y productividades dispares expulsa empleo formal y frena el desarrollo regional. La negociación por región o por empresa no elimina derechos: los hace sostenibles. Una pyme agroindustrial rionegrina no tiene la misma estacionalidad ni estructura que una empresa del conurbano.
Seguir con el modelo actual garantiza menos empleo, menos competitividad, más informalidad y menos recursos para los jubilados que deberán financiarse con más impuestos que encarecen el costo de vida.
Una modernización laboral seria es la única vía para construir un mercado laboral moderno, inclusivo y vivo, que premie el trabajo, respete al trabajador y permita que la Argentina vuelva a producir y a financiar sus jubilaciones con aportes genuinos.
*Contador público de General Roca .

Argentina está ante una de las decisiones estructurales más importantes de su historia reciente. La reforma laboral no es un capítulo accesorio de un programa económico: es el punto de partida para que más de 10 millones de trabajadores hoy informales recuperen derechos, para que las pymes vuelvan a contratar y para que el sistema previsional deje de ser una ficción sostenida con impuestos que encarecen el costo de vida.
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