El tiempo en las aulas

A pocos días de marzo, mientras autoridades, padres, docentes y alumnos se aprestan para iniciar otro ciclo lectivo, un informe de la organización Argentinos por la Educación alertó que sólo tres provincias cumplirán efectivamente con los 190 días acordados de clase y más de 700.000 alumnos no tendrán el mínimo de horas de clase requeridos este 2026. Un dato que preocupa más allá de lo estadístico, porque revela serios déficits en la planificación y control de las estrategias educativas.

El documento muestra una importante brecha entre lo declarado y lo efectivamente garantizado en materia educativa. En 2022, en medio de la preocupación generalizada por el mayor ausentismo escolar y el retraso en la adquisición de saberes y habilidades durante la pandemia, las carteras educativas de Nación y provincias acordaron ampliar el objetivo de 180 días de clases anuales a 190 jornadas, como forma de reforzar la presencia de los alumnos en los establecimientos y disponer de más tiempo y recursos para recuperar contenidos y procesos. Para ser más rigurosos, en 2024 se especificó que la cifra equivale a 760 horas anuales y que “un día efectivo de clase” implica al menos cuatro horas reloj de actividad pedagógica presencial en los establecimientos.

Sin embargo, aquello que Nación y los 24 distritos firmaron solemnemente en el Consejo federal de Educación, ha tenido un recorrido dispar. Desde lo positivo, mientras en 2020 sólo 10 provincias alcanzaban el umbral de los 180 días de clases, en 2024 se cumplió ese objetivo en los 24 distritos, y este año sólo uno no llegará a la meta. Distinto es el caso de la nueva meta: sólo cuatro distritos planificaron un calendario con 190 días (Río Negro, 193; Santiago del Estero, 192; San Luis, 191; y Mendoza, 190).

Pero si se hila más fino, contando días no escolares por actividades como jornadas institucionales con suspensión de clases, la distancia entre la teoría y la práctica crece.

El reporte de Argentinos por la Educación advierte que Río Negro es una de las siete provincias que no garantiza el mínimo de 760 horas de clase anuales para una parte importante de su alumnado. Estima que el 49% de los estudiantes de nivel primario de la provincia no alcanzará este umbral de horas en 2026 y quedará por debajo de la meta federal.

En el caso de Neuquén, estaría entre las “cumplidoras”, pero se la incluye dentro de la mayoría de las jurisdicciones con dificultades para verificar el mínimo de horas de clase debido a la falta de sistemas de información nominal que permitan un seguimiento preciso.

Este es un punto clave. El informe subraya que nuestro país carece de datos oficiales unificados a nivel federal que permitan monitorear la cantidad efectiva de días y horas de clases. Tampoco sobre ausentismo docente y estudiantil. Las planificaciones iniciales suelen verse afectadas por paros, problemas edilicios, ausentismo docente y factores climáticos, entre otros. Hay diferencias entre distritos: algunos realizan jornadas institucionales con suspensión de clases y otras no.

En muchas provincias las suspensiones de clases o modificaciones en la duración del ciclo lectivo se hacen de manera informal y no se registran en circulares y resoluciones ministeriales unificadas. A la falta de control se añade ausencia de sanciones a quienes incumplen los compromisos.

Se podría argumentar que el cumplimiento de estas formalidades es secundario respecto del análisis sobre la calidad de la educación que reciben niños y adolescentes. Sin embargo, los expertos advierten que el calendario es una herramienta fundamental de la política educativa, porque administra el tiempo institucional destinado a la enseñanza y aprendizaje. Saber cuánto tiempo efectivo están los chicos en las aulas es clave para medir la continuidad de los procesos pedagógicos en cada territorio. Para asegurar su implementación, se recomienda establecer mecanismos efectivos de cumplimiento, como vincularlos a la asignación de fondos. También establecer un sistema nacional de estadísticas fiable y difundir periódicamente sobre su aplicación en tiempo real. Y dar incentivos a las extensiones horarias, para que las cinco o más horas sean la norma en todas las jurisdicciones.

Más tiempo en las aulas no garantiza por sí solo una mejora en la calidad educativa. Sin embargo, acompañado de políticas para mantener escuelas abiertas y en condiciones dignas, docentes bien formados y reconocidos económicamente y familias comprometidas con el proceso, ayudarán a garantizar un mejor acceso a la educación y sostener las trayectorias de más estudiantes.