Anarquía administrativa
Inspirándose en ejemplos brindados por Estados Unidos y algunos países europeos, el gobierno kirchnerista ha apoyado con mucho dinero a diversos organismos, algunos recién creados, vinculados con causas consideradas “políticamente correctas” y por lo tanto progresistas, como la defensa del medio ambiente, los derechos humanos y la lucha contra la discriminación sexual, étnica o religiosa. Desgraciadamente para quienes esperaban que subsidiar a grupos de militantes sociales, por llamarlos de algún modo, ayudaría a hacer de la Argentina un país mejor, lo único que se ha logrado hacer es dar a personajes supuestamente idealistas oportunidades para lucrar a costillas de los contribuyentes. No bien consiguieron ubicarse dentro de la esfera estatal, muchos militantes “progresistas” resultaron ser productos típicos de la cultura política corrupta que hemos sabido perfeccionar, dedicándose ya a enriquecerse, ya a repartir cargos entre sus parientes, amigos personales y aliados ideológicos. Es lo que sucedió hace varios años en la Secretaría de Medio Ambiente cuya titular, Romina Picolotti, tuvo que renunciar luego de ser denunciada por malversación y defraudación al Estado y, últimamente, en la línea de Madres de Plaza de Mayo liderada por Hebe de Bonafini. Así las cosas, no es exactamente sorprendente que algo similar haya ocurrido en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), donde una riña entre el titular defenestrado, Claudio Morgado, y quien lo había acompañado, María Rachid, ha servido para destapar una situación que en otras latitudes motivaría asombro pero que aquí parece normal. Según Rachid, la ex presidenta de la Federación de Gays, Lesbianas y Transexuales, Morgado hizo transferencias injustificadas de millones de pesos y, desde luego, nombró una multitud de ñoquis. A esta altura, no cabe duda alguna de que el gobierno nacional es un foco de corrupción. Los “militantes sociales” trátese de individuos comprometidos con una causa determinada o piqueteros, ven en él una fuente de dinero que les es maravillosamente fácil aprovechar porque contarán con la simpatía, cuando no con la complicidad, de funcionarios que comparten sus preocupaciones. A juzgar por la cantidad de escándalos que siguen estallando en los alrededores del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a sus integrantes no les interesa en absoluto asegurar que el dinero que distribuyen no termine en las cuentas bancarias personales de los beneficiados o que no sea usado para construir una pequeña red clientelista, ya que nadie procura controlarlo. Sólo cuando ya es tarde suele activarse los mecanismos que, en teoría por lo menos, sirven para detectar irregularidades. Parecería que hasta que las trapisondas que, según los involucrados, ya son rutinarias en organismos como el Inadi adquieran estado público, los funcionarios encargados de velar por el destino de dinero procedente de “la caja” kirchnerista seguirán mirando para otro lado. Como suele ser el caso toda vez que se difunde información sobre la conducta indefendible de personajes vinculados con el poder, los integrantes del gobierno nacional se preocupan más por el impacto del escándalo en la imagen de la presidenta Cristina, que por los perjuicios ocasionados por el manejo irresponsable, para decirlo de la manera más suave posible, del dinero público. Felizmente para la mandataria, parecería que dicha imagen se ha independizado por completo de la calidad de su gestión. Caso contrario, a nadie se le ocurriría querer que continuara en el poder, puesto que en casi todos los ámbitos se hace notar su escaso interés por los molestos detalles administrativos. Tal actitud no importaría demasiado si la presidenta pudiera confiar en un equipo de funcionarios idóneos, pero sucede que con escasas excepciones quienes ocupan cargos importantes en el gobierno actual se destacan más por su excentricidad que por su eficiencia. Así, pues, el manejo de la economía está en manos de Guillermo Moreno, la política exterior en las de Héctor Timerman y Nilda Garré es responsable de la seguridad ciudadana. En cuanto a los organismos dominados por militantes de alguna que otra causa, quienes están a cargo se comportan como si se tratara de sus feudos personales, de ahí los escándalos vergonzosos que siguen produciéndose.
Inspirándose en ejemplos brindados por Estados Unidos y algunos países europeos, el gobierno kirchnerista ha apoyado con mucho dinero a diversos organismos, algunos recién creados, vinculados con causas consideradas “políticamente correctas” y por lo tanto progresistas, como la defensa del medio ambiente, los derechos humanos y la lucha contra la discriminación sexual, étnica o religiosa. Desgraciadamente para quienes esperaban que subsidiar a grupos de militantes sociales, por llamarlos de algún modo, ayudaría a hacer de la Argentina un país mejor, lo único que se ha logrado hacer es dar a personajes supuestamente idealistas oportunidades para lucrar a costillas de los contribuyentes. No bien consiguieron ubicarse dentro de la esfera estatal, muchos militantes “progresistas” resultaron ser productos típicos de la cultura política corrupta que hemos sabido perfeccionar, dedicándose ya a enriquecerse, ya a repartir cargos entre sus parientes, amigos personales y aliados ideológicos. Es lo que sucedió hace varios años en la Secretaría de Medio Ambiente cuya titular, Romina Picolotti, tuvo que renunciar luego de ser denunciada por malversación y defraudación al Estado y, últimamente, en la línea de Madres de Plaza de Mayo liderada por Hebe de Bonafini. Así las cosas, no es exactamente sorprendente que algo similar haya ocurrido en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), donde una riña entre el titular defenestrado, Claudio Morgado, y quien lo había acompañado, María Rachid, ha servido para destapar una situación que en otras latitudes motivaría asombro pero que aquí parece normal. Según Rachid, la ex presidenta de la Federación de Gays, Lesbianas y Transexuales, Morgado hizo transferencias injustificadas de millones de pesos y, desde luego, nombró una multitud de ñoquis. A esta altura, no cabe duda alguna de que el gobierno nacional es un foco de corrupción. Los “militantes sociales” trátese de individuos comprometidos con una causa determinada o piqueteros, ven en él una fuente de dinero que les es maravillosamente fácil aprovechar porque contarán con la simpatía, cuando no con la complicidad, de funcionarios que comparten sus preocupaciones. A juzgar por la cantidad de escándalos que siguen estallando en los alrededores del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a sus integrantes no les interesa en absoluto asegurar que el dinero que distribuyen no termine en las cuentas bancarias personales de los beneficiados o que no sea usado para construir una pequeña red clientelista, ya que nadie procura controlarlo. Sólo cuando ya es tarde suele activarse los mecanismos que, en teoría por lo menos, sirven para detectar irregularidades. Parecería que hasta que las trapisondas que, según los involucrados, ya son rutinarias en organismos como el Inadi adquieran estado público, los funcionarios encargados de velar por el destino de dinero procedente de “la caja” kirchnerista seguirán mirando para otro lado. Como suele ser el caso toda vez que se difunde información sobre la conducta indefendible de personajes vinculados con el poder, los integrantes del gobierno nacional se preocupan más por el impacto del escándalo en la imagen de la presidenta Cristina, que por los perjuicios ocasionados por el manejo irresponsable, para decirlo de la manera más suave posible, del dinero público. Felizmente para la mandataria, parecería que dicha imagen se ha independizado por completo de la calidad de su gestión. Caso contrario, a nadie se le ocurriría querer que continuara en el poder, puesto que en casi todos los ámbitos se hace notar su escaso interés por los molestos detalles administrativos. Tal actitud no importaría demasiado si la presidenta pudiera confiar en un equipo de funcionarios idóneos, pero sucede que con escasas excepciones quienes ocupan cargos importantes en el gobierno actual se destacan más por su excentricidad que por su eficiencia. Así, pues, el manejo de la economía está en manos de Guillermo Moreno, la política exterior en las de Héctor Timerman y Nilda Garré es responsable de la seguridad ciudadana. En cuanto a los organismos dominados por militantes de alguna que otra causa, quienes están a cargo se comportan como si se tratara de sus feudos personales, de ahí los escándalos vergonzosos que siguen produciéndose.
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