Dilemas griegos

Redacción

Por Redacción

Si no formara parte de la Eurozona, Grecia tendría un ingreso per cápita muy inferior al actual pero no sería escenario de protestas violentas contra el “ajuste” draconiano que el gobierno del socialista George Papandreu, presionado por los líderes de Alemania, Francia y los tecnócratas del FMI, está procurando aplicar. Tampoco correría el riesgo de ser el epicentro de un terremoto financiero que, de concretarse, tendría repercusiones muy fuertes en el resto del planeta. Los problemas que tanto angustian a los griegos se deben a la ilusión de que el euro les permitiría disfrutar de ingresos equiparables con los de sus socios en otras partes de Europa sin verse obligados a llevar a cabo una larga serie de reformas “estructurales” que, además de aumentar la productividad de su país, cambiarían radicalmente su cultura política y social. La verdad es que Grecia, como Portugal, la Argentina y, en menor medida, España, es en el fondo un país muy conservador en el que, a pesar de la retórica progresista de los dirigentes políticos, la mayoría es reacia a abandonar los arreglos corporativistas tradicionales. He aquí la razón fundamental por la que raramente tienen las consecuencias previstas los planes propuestos por el FMI y otras instituciones comprometidas con normas propias de los países más desarrollados. Por desgracia, lo que parecería perfectamente lógico y podría funcionar muy bien en Alemania o Suecia no serviría en sociedades acostumbradas a pautas muy distintas. Con todo, si bien es comprensible que se hayan multiplicado las manifestaciones de protesta en países amenazados por un ajuste tras otro, ya es tarde para que la resistencia triunfe. No se trata de elegir entre ajustar por un lado y dejar todo como está por el otro sino de resignarse a un período tal vez prolongado de austeridad planificada o declararse en bancarrota, lo que significaría más pobreza aún. Casi diez años atrás, los gobernantes de nuestro país optaron por la segunda alternativa, con consecuencias catastróficas para buena parte de la población. Aunque luego de un intervalo caótico se inició una etapa de crecimiento macroeconómico muy rápido, los costos de lo que fue el ajuste más cruel de la historia nacional fueron incalculables y muchos siguen pagándolos. Para anestesiar el dolor los dirigentes políticos lo atribuyeron al FMI, a los “neoliberales” y a los acreedores extranjeros, pasando por alto el aporte hipotético de los bonistas locales que se vieron defraudados. No sorprendería que, en el caso de que Grecia y otros países periféricos como Portugal e Irlanda terminen cayendo en default, sus gobernantes trataran de hacer lo mismo, lo que pondría en peligro la continuidad de la Unión Europea. La situación en que se encuentran Grecia, Portugal e Irlanda, países que pronto podrían verse acompañados por España, es peor que la de la Argentina en el 2001. La dolarización de nuestra economía era nominal, pero en los países europeos el euro es en efecto la moneda nacional, de suerte que de producirse el colapso tan temido la hemorragia de divisas resultantes sería mayor que la que experimentamos al acercarse a su fin la convertibilidad. Asimismo, sería brutal el impacto sobre los grandes bancos del resto de la Eurozona; según se informa, la exposición de los franceses a activos griegos alcanza los 53.000 millones de dólares y la de los alemanes los 34.000 millones. Puede entenderse, pues, el nerviosismo que se ha apoderado de París y Berlín. Los gobiernos de los países más fuertes de la Eurozona saben que el eventual derrumbe de Grecia haría trizas de sus propias finanzas, pero también saben que serían enormes los costos de impedirlo. Por lo demás, entienden que sus propios electorados se negarían a permitirles subsidiar a los griegos primero y después a los portugueses e irlandeses, con la posibilidad de tener que gastar todavía más en adelante para “rescatar” a los españoles y, quizás, a los italianos para que no se vieran obligados a someterse a ajustes penosos. No extraña, pues, que quienes operan en los mercados hayan llegado a la conclusión de que no hay ninguna salida del laberinto político-económico en que se han internado los europeos y que por lo tanto el índice riesgo país de Grecia, Portugal e Irlanda haya superado últimamente el nivel alcanzado por la Argentina.


Si no formara parte de la Eurozona, Grecia tendría un ingreso per cápita muy inferior al actual pero no sería escenario de protestas violentas contra el “ajuste” draconiano que el gobierno del socialista George Papandreu, presionado por los líderes de Alemania, Francia y los tecnócratas del FMI, está procurando aplicar. Tampoco correría el riesgo de ser el epicentro de un terremoto financiero que, de concretarse, tendría repercusiones muy fuertes en el resto del planeta. Los problemas que tanto angustian a los griegos se deben a la ilusión de que el euro les permitiría disfrutar de ingresos equiparables con los de sus socios en otras partes de Europa sin verse obligados a llevar a cabo una larga serie de reformas “estructurales” que, además de aumentar la productividad de su país, cambiarían radicalmente su cultura política y social. La verdad es que Grecia, como Portugal, la Argentina y, en menor medida, España, es en el fondo un país muy conservador en el que, a pesar de la retórica progresista de los dirigentes políticos, la mayoría es reacia a abandonar los arreglos corporativistas tradicionales. He aquí la razón fundamental por la que raramente tienen las consecuencias previstas los planes propuestos por el FMI y otras instituciones comprometidas con normas propias de los países más desarrollados. Por desgracia, lo que parecería perfectamente lógico y podría funcionar muy bien en Alemania o Suecia no serviría en sociedades acostumbradas a pautas muy distintas. Con todo, si bien es comprensible que se hayan multiplicado las manifestaciones de protesta en países amenazados por un ajuste tras otro, ya es tarde para que la resistencia triunfe. No se trata de elegir entre ajustar por un lado y dejar todo como está por el otro sino de resignarse a un período tal vez prolongado de austeridad planificada o declararse en bancarrota, lo que significaría más pobreza aún. Casi diez años atrás, los gobernantes de nuestro país optaron por la segunda alternativa, con consecuencias catastróficas para buena parte de la población. Aunque luego de un intervalo caótico se inició una etapa de crecimiento macroeconómico muy rápido, los costos de lo que fue el ajuste más cruel de la historia nacional fueron incalculables y muchos siguen pagándolos. Para anestesiar el dolor los dirigentes políticos lo atribuyeron al FMI, a los “neoliberales” y a los acreedores extranjeros, pasando por alto el aporte hipotético de los bonistas locales que se vieron defraudados. No sorprendería que, en el caso de que Grecia y otros países periféricos como Portugal e Irlanda terminen cayendo en default, sus gobernantes trataran de hacer lo mismo, lo que pondría en peligro la continuidad de la Unión Europea. La situación en que se encuentran Grecia, Portugal e Irlanda, países que pronto podrían verse acompañados por España, es peor que la de la Argentina en el 2001. La dolarización de nuestra economía era nominal, pero en los países europeos el euro es en efecto la moneda nacional, de suerte que de producirse el colapso tan temido la hemorragia de divisas resultantes sería mayor que la que experimentamos al acercarse a su fin la convertibilidad. Asimismo, sería brutal el impacto sobre los grandes bancos del resto de la Eurozona; según se informa, la exposición de los franceses a activos griegos alcanza los 53.000 millones de dólares y la de los alemanes los 34.000 millones. Puede entenderse, pues, el nerviosismo que se ha apoderado de París y Berlín. Los gobiernos de los países más fuertes de la Eurozona saben que el eventual derrumbe de Grecia haría trizas de sus propias finanzas, pero también saben que serían enormes los costos de impedirlo. Por lo demás, entienden que sus propios electorados se negarían a permitirles subsidiar a los griegos primero y después a los portugueses e irlandeses, con la posibilidad de tener que gastar todavía más en adelante para “rescatar” a los españoles y, quizás, a los italianos para que no se vieran obligados a someterse a ajustes penosos. No extraña, pues, que quienes operan en los mercados hayan llegado a la conclusión de que no hay ninguna salida del laberinto político-económico en que se han internado los europeos y que por lo tanto el índice riesgo país de Grecia, Portugal e Irlanda haya superado últimamente el nivel alcanzado por la Argentina.

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