“Graves e injustas amenazas”

Días atrás recibí una carta de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) en la cual el mencionado ente asegura que yo tendría mi domicilio en esa provincia y que por ello, siendo titular de un vehículo automotor, debo registrarlo en esa jurisdicción en el término de quince días de recibida la misiva bajo apercibimiento de aplicarme una multa equivalente al 300% del monto del tributo, pudiendo incurrir en el delito de defraudación. Al final se da una guía para hacer descargos por internet y se indica un teléfono que te manda a internet y así sucesivamente, obteniendo como única respuesta que “el operativo no está habilitado”. Estoy radicado en la provincia del Neuquén desde 1980, el domicilio que figura en mi DNI corresponde a la ciudad de Zapala y no tengo inmueble alguno en la provincia de Buenos Aires. El tenor de la carta y la intimación configuraría el delito de amenazas (artículo 149 bis del Código Penal), en tanto el requerimiento intimidatorio injustificado, absurdo y disparatado, enmarcado en el plan de entrecruzamiento dispuesto por el director de ARBA, Raúl Marcelo Gaya, para recaudar aun ilegítimamente y perturbando la paz y tranquilidad de ciudadanos que hace décadas abandonamos la ciudad de Buenos Aires genera un indudable daño moral y una inquietud válida en tanto que el procedimiento de descargo no responde y uno ya no sabe en este país imprevisible con qué desventura lo pueden sorprender. En un país normal, que obviamente Argentina no es, nadie puede entrometerse en la vida de otro sin derecho. Pero lo cierto es que los días pasan y nadie acepta mi descargo. El automóvil que tengo está patentado en Zapala, lugar de mi domicilio desde hace 32 años. Éste es un abuso de poder propio de los gobiernos nacional y provinciales y de funcionarios mesiánicos que –en el caso particular de la provincia de Buenos Aires, apretada por Cristina– no dudan en cometer delitos y perturbar la paz de los ciudadanos en cualquier lugar del país en que se encuentren para ver si algún descuidado silencio les da unas monedas. Intentaré remitir una carta documento pero nada resuelve la bronca e impotencia, la pérdida de tiempo y el dinero por un hecho ilícito penal y civil cometido e instado por ARBA donde se han utilizado métodos dictatoriales para violar la intimidad y la paz del que firma. Esto es una muestra más de que en la Argentina la dictadura se ha instalado para quedarse y el respeto por los derechos establecidos en la Constitución nacional ha sido sepultado para siempre. Es la doctrina Moreno, Cristina, Kicillof, Gaya, etcétera: “Acá hago lo que se me antoja y los ciudadanos no tienen otro derecho que soportar mi voluntad”. En suma, la soberbia del tirano. Héctor Luis Manchini DNI 7.779.947 San Martín de los Andes