De rodillas

HORACIO QUIROGA (*)

El acuerdo entre la confiscada YPF y el gobierno provincial, que se apresta a aprobar la Legislatura con los votos del MPN y sus aliados kirchneristas, apunta a convertirse en la mayor claudicación frente a la Nación en la historia de nuestra provincia. Tras la reforma constitucional del ’94, las provincias pasaron a ser propietarias de los recursos del subsuelo. Sin embargo, por obra y gracia de los hacedores de la “década ganada”, con el sumiso acompañamiento del gobierno provincial, el futuro de los recursos hidrocarburíferos de los neuquinos quedó en manos del triunvirato conformado por Axel Kicillof, Guillermo Moreno y Daniel Cameron. Así se dispuso mediante el cuestionado decreto 1277 que firmó la presidenta Cristina Fernández en julio del 2012. Cuando hace décadas el entonces gobernador Felipe Sapag levantaba la consigna “no al caño”, en defensa de los recursos de la provincia, no tenía a su favor herramientas que le dieran legalidad a su decisión, aunque pudiera tener legitimidad. Hoy, y con otro representante de la familia Sapag en el gobierno, tenemos el respaldo de la Constitución, los neuquinos somos los propietarios de nuestro gas y petróleo, pero se optó por resignar las facultades que tenemos para ceder frente al atropello de un gobierno nacional que da manotazos de ahogado para revertir las drásticas consecuencias de su política energética. Qué paradoja. Un gobierno que se autocalifica de nacional y popular llevó al país a perder su capacidad de autoabastecimiento y este año deberá destinar cerca de 15.000 millones de dólares a la importación de combustibles para la generación de energía. Mucho se ha dicho y escrito sobre el acuerdo entre YPF y Chevron para la explotación de recursos no convencionales en la formación Vaca Muerta, pero hay antecedentes que no han aparecido en esta discusión y –a la luz de los hechos– tampoco los legisladores provinciales los han tenido en cuenta a la hora de tomar una decisión que puede hipotecar el futuro de la provincia. En junio del 2000, el gobierno provincial firmó un acuerdo con la empresa Repsol YPF por el que prestaba conformidad a la prórroga, por parte del gobierno nacional, de la concesión del área Loma de la Lata desde el 2017, cuando finalizará el plazo inicial de la misma, hasta el 2027. Esa prórroga por diez años es un derecho del concesionario, previsto en el contrato original y en la ley de Hidrocarburos. En diciembre del 2000, el expresidente De la Rúa promulgó el decreto 1252, mediante el que se anticipó la formalización de la prórroga de la concesión del área Loma de la Lata desde el 2017 al 2027, condicionada expresa y taxativamente al cumplimiento total del acuerdo que la provincia del Neuquén y Repsol- YPF habían firmado previamente. Ese acuerdo se incorporó completo al texto del decreto 1252 y en él, Repsol- YPF se comprometió a: a) realizar nuevas inversiones en el área Loma de la Lata por 8.000 millones de dólares durante el período 2000/2017, de los cuales 3.500 millones debían invertirse antes del 2006; b) un pago anual a la provincia, equivalente al cinco por ciento del flujo de fondos neto que generase la explotación de la totalidad del área Loma de la Lata–Sierra Barrosa durante el período 2017/2027; c) la cancelación de una deuda por 20 millones de dólares que tenían las empresas de Cutral Co/Plaza Huincul derivadas de la ex-YPF; d) un aporte de 10 millones de dólares a las mismas empresas para destinar a capital de trabajo; e) un programa de forestación de cinco mil hectáreas; f) un programa de tres mil becas durante el período 2000/2005 para estudiantes de la provincia, etc. Además, el gobierno nacional otorgó a la provincia un aporte anual de trece millones de pesos durante cuatro años para mantener la operatividad de la Planta de Agua Pesada de Arroyito que se encontraba paralizada y a punto de cerrar, y un aporte de cincuenta y dos millones de pesos para cancelar deuda provincial. También por esta prórroga de diez años, el gobierno nacional percibió de Repsol-YPF 300 millones de dólares que ingresaron inmediatamente y en un solo pago. Resulta entonces que sólo para tener derecho a la prórroga de la concesión durante el período 2017/2027 YPF SA ya está obligada, por el acuerdo del 2000 con Neuquén y por el decreto nacional 1252/00, a completar en Loma de la Lata la inversión de 8.000 millones de dólares antes del 2017. La inversión que YPF SA todavía debe realizar antes del 2017 para cumplir el acuerdo vigente es mucho mayor que los 1.000 millones de dólares que hoy la provincia está aceptando en el nuevo acuerdo como si fuese un nuevo compromiso. Si YPF SA no completa esa inversión, dentro de cuatro años terminará indefectiblemente la actual concesión de Loma de la Lata y la provincia tendría la potestad de licitar el total del área y percibir íntegramente los derechos correspondientes. Por otra parte, por el acuerdo del 2000 la provincia ya tiene adquirido el derecho a percibir el 5% de los ingresos netos que produzca la explotación de la totalidad del actual área Loma de la Lata desde el 2017 al 2027 inclusive. El nuevo acuerdo prevé un beneficio similar para el área escindida de Loma de la Lata recién a partir del 2027. Con la escisión pretendida, la Provincia está eximiendo a YPF SA del pago del 5% de los ingresos netos que generen durante los años 2017 a 2027 los 320 kilómetros cuadrados que se sustraen de Loma de la Lata, es decir el sector donde se concentrarán las futuras inversiones. Debe destacarse que en diciembre del 2000, el petróleo cotizaba a unos 25 dólares por barril, esto es menos de un cuarto de la cotización actual. De modo que expresados en valor de petróleo, aquel compromiso de inversión de Repsol-YPF por una prórroga de diez años equivaldría actualmente a más de 30.000 millones de dólares. Y el pago al contado de 300 millones de dólares efectuado al gobierno nacional sería, hablando en petróleo, el equivalente a más de 1.200 millones de dólares actuales. Es lógico y legítimo que para el desarrollo inmediato de la formación Vaca Muerta, YPF SA se asocie con empresas extranjeras que aporten la experiencia y los recursos necesarios. Esto seguramente será conveniente tanto para la provincia como para la Nación. Pero hay en el nuevo acuerdo una enorme inequidad. La provincia está concediendo a YPF SA derechos excepcionales sobre su principal recurso estratégico, y que pasaría a ser el activo más importante que YPF SA pueda aportar a su asociación con una empresa extranjera. Pero como contrapartida, la provincia no percibe nada que YPF SA no esté ya obligada a otorgar o a hacer según contratos y normas vigentes, y está renunciando además a derechos adquiridos sobre ingresos futuros. Considerando el enorme e irrepetible potencial que los yacimientos no convencionales representan para su futuro, Neuquén no puede subordinar sus intereses y estrategias sobre ellos a las urgencias de YPF SA, una empresa privada cuya titularidad accionaria se está dirimiendo en tribunales internacionales. Sobre este punto en particular, sólo quiero agregar un comentario. En su agenda diaria de buenas noticias, el gobernador ha dicho en reiteradas oportunidades que la provincia es propietaria del 10% de las acciones de YPF. Ahora, ¿quién tiene esas acciones?, ¿cuánto se pagaron?, ¿cómo se determinó su valor?, ¿por qué no figuran en los activos de la provincia? Por la confiscación de YPF, la Nación enfrenta una demanda en el Ciadi por 15.000 millones de dólares. Si pierde, ¿esto quiere decir que los neuquinos debemos hacer frente al pago de 1.500 millones de dólares? La inconsistencia del relato llevó a que el propio ministro de Energía reconociera en la Legislatura que en realidad la provincia todavía no es propietaria de nada. En su apego a las políticas nacionales, el gobernador hasta ha copiado la estrategia de construir un relato a su medida que nada tiene que ver con la realidad. En el relato, cada uno proclama sus propias consignas, dice lo que quiere sin necesidad de fundamentar nada. Pero, tarde o temprano, la realidad siempre termina imponiéndose. (*) Intendente de la ciudad de Neuquén