Nueve años de cárcel por la gran estafa en Roca

Hebe Rajneri

ROCA.- Carlos Sansuerro y Carlos Iturburu desplegaron un plan delictivo “inmensamente perjudicial para un gran número de personas” que “vieron frustrado uno de sus derechos más importantes, como el sueño de la vivienda propia”. Por eso ayer la Cámara Criminal Segunda de Roca les impuso 9 años de prisión a cada uno y los condenó a pagar multas de 80.000 pesos, como coautores de 100 estafas y de una administración fraudulenta continuada que dejó otras 14 víctimas.

“Codiciosamente se quedaron con las sumas que cobraron por los terrenos para mejorar sus niveles de vida, en desmedro de los estafados, quienes no sólo perdieron lo abonado, sino que algunos debieron irse a vivir a un asentamiento y cambiar a sus hijos de escuela, otros debieron seguir pagando préstamos que habían solicitado para pagar los lotes”. Ese fue uno de los varios elementos que valoraron los jueces Oscar Gatti, María Evelina García Balduini y Gastón Martín para mensurar la condena al exsecretario general del Sindicato de Trabajadores Viales de Río Negro y al fundador de la Cooperativa “House Vial”, a la cual calificaron como una herramienta para “perfeccionar el devenir delictivo de Sansuerro e Iturburu”.

Los jueces concluyeron que la pena es justa por “su falta de arrepentimiento”, porque se aprovecharon “de la ‘seriedad’ que les representó la supuesta intervención de instituciones estatales en las operaciones”, y porque actuaron únicamente motivados en “satisfacer sus vinculaciones políticas y sus voracidades codiciosas”.

En un fallo de más de 80 páginas el tribunal coincidió en que, al momento de declarar y defenderse, ambos “mintieron abiertamente”, dando “versiones inverosímiles, pueriles y (que) no resisten el menor análisis, por cuanto se contraponen con el contundente cuadro probatorio que obra en contra de ambos”.

Los dos fueron declarados culpables de la “venta y sobreventa” de los terrenos del plan de 20 Viviendas que impulsó el Sindicato de Viales en Roca en 2006; de haberse quedado con el dinero de esas transacciones cuando las tierras eran del sindicato, y de haber garantizado que no llegaran al IPPV las carpetas de inscriptos de la “familia vial” que cumplían todos los requisitos reglamentarios, para que la adjudicación de las casas beneficiara finalmente a personas “con vinculaciones políticas” con altos funcionarios del radicalismo gobernante.

Es que, según se demostró en el juicio, la empresa estatal Viarse le había donado al sindicato el predio de las calles Cipolletti y 25 de Mayo para que, vía convenio con el IPPV, se construyeran allí 20 casas para empleados viales en actividad, jubilados o sus hijos. La justicia demostró que sólo seis de esas casas cumplieron su finalidad. El resto fueron para amigos del poder y personas ajenas a Vialidad gracias “a las conductas que deliberada y mancomunadamente llevaron a cabo Sansuerro e Iturburu, en estricto cumplimiento a un plan común que previamente habían diagramado”.

Lo mismo pasó con los terrenos del polémico plan de las 167 Viviendas, que se vendieron entre 2006 y 2010. La comercialización empezó mucho antes de que el sindicato tuviera un convenio escrito con el IPPV y siguió mucho después de haber alcanzado el límite máximo de terrenos disponibles, con la cooperativa House Vial como nueva actora en la estafa. Casi 600 hechos más se investigan por eso en otro expediente. Fue “una continuación y perfeccionamiento de las maniobras delictivas que comenzaron ambos con la ejecución del plan 20 Viviendas”, concluyeron los jueces.

El fallo describe cómo fueron defraudadas 100 personas con mecanismos prácticamente calcados que se fueron complejizando a medida que iban haciéndose públicas las sospechas. La “puesta en escena” de la oficina de House Vial, los convenios con frases tramposas, los recibos apócrifos y las promesas terminaron dando el marco completo al “ardid”. Los más de 800.000 pesos recaudados por Sansuerro e Iturburu por ese primer centenar de ventas se esfumaron. Los dos negaron haberse quedado con dinero y el sindicato de Viales no vio entrar un peso a su patrimonio. Pero los testigos aseguraron que pagaban personalmente a Iturburu y que depositaban en la cuenta personal de Sansuerro.

Terminó con condena el primer juicio. Quedan causas en Roca, Allen, Viedma, Regina y San Antonio.