Huida hacia adelante
MIGUEL ÁNGEL ROUCO (*)
El gobierno nacional está tornando cada vez más rígido el modelo económico. Esta característica provoca una amplia acumulación de tensiones que más temprano que tarde derivará en un ajuste fiscal y financiero cada vez más importante. La reciente regularización previsional implica para el Tesoro una pesada carga financiera que no podrá ser compensada por los ingresos derivados de una moratoria a todas luces insuficiente y que dejará un mayor número y monto de obligaciones. Ya sea por vía directa o indirecta, el Tesoro deberá afrontar el desequilibrio. Esto pone el modelo ante un camino de una sola dirección: aumentar los ingresos, ya sea por vía tributaria o por endeudamiento, o por ambas. De esta manera, se explica la cerril oposición de la Casa Rosada a subir el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias o bien bajar otros tributos que golpean el bolsillo de la población o hacen peligrar los puestos de trabajo. De no ser por los ingresos provenientes de la Anses, el PAMI y el Banco Central, los números fiscales mostrarían un rojo más profundo. De todas formas y aun contabilizando estos ingresos no genuinos, el desequilibrio ronda los 500 millones de dólares mensuales, una cifra que resulta insostenible en el tiempo sin contar con financiamiento adicional. Por lo tanto, el gobierno apuesta a transferir los problemas hacia la administración que llegue en el 2015 y va transformando la realidad en una huida hacia adelante. Otro tanto ocurrió con las tasas de interés que subieron inducidas por el BCRA a partir de la devaluación, para evitar que los ahorristas siguieran prefiriendo al dólar, y ahora se les pone un techo que secará el crédito, provocará una baja de rendimientos y puede abrir otra vez la apetencia por la divisa. Una situación similar se dio con la reciente negociación con Brasil por el protocolo automotor y el intercambio bilateral. Con el acuerdo vencido y cuando el flex indicaba que a partir de este año debía pasarse a una relación 2 a 1, el pánico se apoderó de la administración Kirchner. La devaluación, la crisis de reservas y el aumento de impuestos internos a los vehículos importados habían dejado al complejo automotor nacional severamente dañado con suspensiones en las terminales y despidos en varias autopartistas que hicieron encender la luz de alarma por el error en la sanción del tributo. La caída en la demanda en el vecino país se encargaba de endurecer la posición del Itamaraty, que insistía en el flex 2 a 1 frente al requerimiento argentino de llevarlo a una relación 1,25 a 1. Ante el peligro de fracaso en las negociaciones, ambas delegaciones zanjaron diferencias prorrogando por un año el protocolo con un flex de 1,5 a 1, para ganar tiempo y negociar un acuerdo a cinco años. Mientras tanto, la demanda en la Argentina y en Brasil continúa cayendo y la producción local en cada uno de los países resulta suficiente para abastecer su propio mercado interno, lo cual transforma al protocolo en un instrumento ocioso. De la misma manera, el resultado judicial en los Estados Unidos implica que se posterguen en el tiempo sus efectos. El pronunciamiento de la Corte Suprema de ese país llevará la cuestión con los holdouts a negociaciones posteriores. El objetivo no es otro que lograr atravesar el umbral de este año para que caiga la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), que implica mejorar a los bonistas que entraron a los canjes con las mismas condiciones que se ofertarán en un futuro. Una vez caída esta condición y plazo, se podrá negociar con los holdouts, seguramente mejorando la oferta del canje, se especula. Si la Corte toma el caso, recién lo tratará en el 2015. Si lo rechaza, ordenará al juez Griesa que resuelva el cumplimiento de la sentencia, lo que abrirá necesariamente negociaciones con los holdouts para ejecutarla, algo que demandará algún tiempo como para llegar al año próximo y permitir una mejora en la oferta a esos acreedores. Una tercera opción posible, la que tiene mayor consenso entre los analistas, podría ser que la Corte pida una consulta al procurador general del Estado para que emita un dictamen y resolver sobre esa base, todo lo cual haría ganar tiempo, algo vital para el avanzado estado de deterioro que muestra el modelo kirchnerista, con evidente fatiga de material que complica todo lo que se pretende ejecutar. (*) Analista económico
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