El peso de la propaganda oficial

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aleardo f. laría (*)

Desde que fue puesto en marcha en el 2009, el programa “Fútbol para Todos” ha emitido más de 360 horas de publicidad oficial. Esto es el equivalente a 15 días continuos de difusión de propaganda gubernamental. El costo de esta publicidad se estima en más de 6.000 millones de pesos, que es la cantidad que el gobierno habría entregado a la AFA durante este período. A pesar de lo impactante de la cifra, en realidad es sólo una parte de los cuantiosos recursos estatales desviados con fines proselitistas por el kirchnerismo. Otros fondos que el Estado destina a la publicidad oficial son los que financian los medios públicos de difusión, entre ellos la TV Pública. Al no existir un ente que garantice la imparcialidad en la producción de contenidos, éstos aparecen sesgados a favor del gobierno. Se añaden a ese vasto aparato de propaganda las cadenas de radiodifusión, que son un modo de obligar a los medios privados a soportar la publicidad oficial. Todavía resta añadir la cantidad de publicidad que se incorpora en forma de locación paga en diversas plataformas para anunciar la materialización de supuestas obras públicas. Por dar un ejemplo, el gobernador Scioli está en campaña política continua, bajo la cobertura de anuncios televisivos –“Activa Buenos Aires”– que pretenden mostrar su eficacia en la gestión pública. Un tercer espacio del aparato de propaganda se nutre con la denominada pauta publicitaria, que es el modo que tiene el gobierno de volcar cuantiosos recursos públicos a diarios oficialistas con escasa venta –caso de “Página/12”- o a las emisoras televisivas que son complacientes con las autoridades de turno. Un informe de la Fundación Libertad de Expresión + Democracia, que dirige la exdiputada radical Silvana Giudici reveló que el gobierno gastó en el 2013 más de 10.000 millones de pesos en comunicación oficial. Otros recursos que sostienen la publicidad oficial se canalizan a través de los organismos autónomos y empresas del Estado. De acuerdo con el informe citado, y a título de ejemplo, la Anses, dirigida por Diego Bossio, gastó en publicidad 490 millones en el 2012 y 510 millones en el 2013. “Esta gran masa de recursos que dispone el gobierno está puesta al servicio del sostenimiento del discurso de su propio relato”, declaró la diputada que fue titular de la Comisión de Libertad de Expresión de la cámara baja. En este breve inventario no puede dejar de computarse la enorme cantidad de empleados y funcionarios públicos que son incorporados a los presupuestos estatales para premiar su adhesión a la causa popular. Estos militantes-funcionarios, en su gran mayoría, dedican gran parte de su jornada laboral a las tareas de proselitismo partidario, de modo que el partido en el gobierno cuenta con un personal rentado por el Estado pero que está a su servicio. Deben computarse también los recursos que se obtienen por vía indirecta, de los contratistas del Estado. Un ejemplo notorio son los concesionarios de servicios públicos de transporte que prestan sus ómnibus para trasladar militantes a las concentraciones partidarias. En otros casos son los automóviles, helicópteros y aviones de las empresas del Estado los que transportan a las autoridades a los actos partidarios. Las municipalidades compran, con cargo al erario público, hasta la cal que se utiliza para pintar los muros con consignas partidarias. Este rápido pantallazo permite tener sólo una idea aproximada de los cuantiosos recursos que financian el constante martilleo de la propaganda oficial, que no para en ningún momento, mientras los partidos de la oposición sólo están autorizados a intervenir en el período de campaña electoral. Una democracia de calidad tiene necesariamente que ser competitiva, instalando a todos los partidos en un pie de igualdad. Si el terreno está notoriamente desnivelado a favor del que está en el gobierno, la posibilidad de alternancia se reduce notablemente. Si la pendiente es muy marcada, podemos hablar de democracias no competitivas, que es una forma elegante de denominar a los gobiernos autoritarios. Lo más difícil es establecer cuándo se traspasa la raya. Los excesos en que ha incurrido el kirchnerismo son tan evidentes y escandalosos que es probable que en el nuevo ciclo que se avecina actúen los anticuerpos necesarios para neutralizar nuevas inequidades del poder. No obstante, sería conveniente que los partidos políticos que hoy están en la oposición sellen un compromiso público y solemne de que estos usos abusivos no se van a repetir. Ulises, para neutralizar el canto seductor de las sirenas, se hizo atar al palo mayor del navío que lo transportaba. Los acuerdos a que nos referimos serían una suerte de sogas que atarían moralmente a los nuevos inquilinos del poder para evitar la recaída en estas perversas tentaciones.