Economía flaca, Estado gordo

La economía nacional está achicándose, pero el contratiempo así supuesto no ha sido óbice para que siga creciendo el Estado, el que, lo entiendan o no los ideólogos kirchneristas, en última instancia depende de lo que perciba de la actividad privada. Según el Indec, un organismo que es notoriamente reacio a difundir noticias negativas, tarea ésta que el gobierno prefiere dejar a las consultoras privadas, el país está en recesión desde finales del año pasado al caer el producto bruto interno por dos trimestres consecutivos. Aunque la contracción registrada por el Indec fue leve, de apenas el 0,8% en el primer trimestre del año, el impacto ha sido muy fuerte en el sector privado, ya que, conforme a los números oficiales, entre enero y marzo se perdieron 20.000 empleos, pero parecería que no ha perjudicado al sector público, en que se crearon 40.000 puestos de trabajo. Desde el punto de vista de quienes no pueden encontrar empleo en una empresa privada, el que el Estado esté más que dispuesto a darles un ingreso, por magro que fuere, es sin duda motivo de alivio, pero no lo es en absoluto desde aquel de los preocupados por el futuro económico del país. La causa principal de la depauperación de la Argentina consiste en el escaso dinamismo del llamado aparato productivo. Si bien es de suponer que una minoría de estatales conformada por profesionales muy capaces hace un aporte económico sumamente valioso y otros desempeñan funciones que son imprescindibles, no puede decirse lo mismo de los muchos que deben sus empleos a motivos políticos, como en el caso de la horda de militantes oficialistas que se han visto incorporados al plantel estatal, o sociales, como en el de quienes carecen de la preparación o las aptitudes que necesitarían para abrirse camino en el sector privado. En términos económicos, sería mejor entregarles subsidios de lo que es agregarlos a la nómina ya sobredimensionada de empleados municipales, provinciales o nacionales, pero parecería que los dirigentes políticos están tan habituados a creerse capaces de reemplazar a los empresarios privados, cuando de la creación de fuentes de trabajo se trata, que les es difícil comprenderlo. Para el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tanto el empresariado como el campo son reductos oligárquicos que sólo sirven para empobrecer a los demás, razón por la que atribuye la inflación a su codicia para entonces tratar de obligarlos por decreto a reducir los precios de sus productos. Tal actitud, que comparten muchos peronistas disidentes, radicales e izquierdistas, puede considerarse típica de una sociedad acostumbrada a vivir de los ingresos proporcionados por el aprovechamiento de sus recursos naturales y ha contribuido enormemente a impedir que la Argentina emule a aquellos países que en años recientes han logrado desarrollarse económica y socialmente. Si bien hay señales de que, por fin, Cristina y sus colaboradores más influyentes han entendido que les convendría hacer un esfuerzo por congraciarse con los mercados de capitales, de ahí la voluntad de llegar a un acuerdo con los españoles de Repsol, los países del Club de París y hasta los denostados fondos buitre, no las hay de que estén por procurar reconciliarse con el sector privado local. Por el contrario, todo hace prever que, al agravarse la situación económica, los kirchneristas redoblarán sus ataques contra “los formadores de precios” y “los oligarcas del campo” con el propósito de reducir los costos políticos que les supone el naufragio, con toda seguridad definitivo, del “modelo inclusivo de matriz diversificada” que el gobierno dice haber inventado. Ensañarse con los únicos que están en condiciones de permitirle al país salir del pantano viscoso en el que está ahogándose para que los ingresos de la mayoría sean superiores a los aproximadamente 400 dólares blue mensuales, o menos, que la mitad de los ocupados lleva a casa no es una buena idea, pero, en una sociedad cuyos dirigentes se las han arreglado para subordinar tanto lo económico a lo político que el grueso de la población sería considerado indigente según las pautas imperantes en Estados Unidos o Europa occidental, es tal vez lógico que el gobierno dé prioridad a la caza de presuntos culpables, ya que la alternativa sería dedicarse a buscar soluciones concretas.

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