IPPV: diagnosticar para planificar

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OMAR REGGIANI (*)

En 1958 se sancionó en la Legislatura rionegrina la ley Nº 21, con la que se creó el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV). En ella se determina que el Instituto tiene “a su cargo el desarrollo de la acción del gobierno de la provincia y privada, en un ordenamiento adecuado a los factores económicos, físicos sociales y políticos para el logro de la elevación de los niveles de vida de la población y a resolver el problema de la habitación humana en la provincia”. Además, la ley Nº 21 explicita tres ejes primordiales de acción. En primer lugar la planificación, urbanización y difusión de conceptos esenciales de interés público y privado en materia de vivienda. Un segundo eje predominante es la construcción con carácter experimental de viviendas para uso de obreros y empleados, urbanas o rurales, mediante los recursos de los que pueda disponer. Por último y como elemento estructurador, la ley remarca a cargo del IPPV todo el plan de obras públicas social de viviendas. Hace ya mucho tiempo que el IPPV es un mero “pasa dinero” de los fondos nacionales establecidos por la ley Nacional de la Vivienda (otrora Fonavi) a las empresas que licitan la construcción de viviendas en la provincia de Río Negro. Lejos está de aquellos tres ejes que la ley Nº 21 mencionaba, y esto se basa en el análisis que a continuación se muestra. Entender el problema La ley Nº 21 posee la actualidad necesaria para utilizarla como una herramienta absolutamente válida para estos tiempos y sus autores visualizaron la temática de lo que hoy llamaríamos hábitat con una claridad meridiana por aquellos años: dotaron a la provincia de una normativa que se adelantó doce años a la sanción de la ley Fonavi. La ley de creación del IPPV aborda aspectos del hábitat que hoy debieran estar grabados a fuego en cualquier agenda de gestión estatal, aunque la sociedad se ha complejizado y la temática social debe contemplar múltiples variables. La ley 21 permite entender y accionar sobre esta complejidad de manera ágil, moderna y, por sobre todo, flexibilizar aspectos de la política habitacional para permitir el acceso a soluciones habitacionales del conjunto de la población y no sólo de una porción muy pequeña de las familias rionegrinas. El IPPV hoy dirige su accionar al “llave en mano” de quienes pueden acceder a los criterios propuestos en los “requisitos para la inscripción en el Registro Provincial Permanente de Demanda Habitacional”. Entender la problemática es poder visualizar varios aspectos que la realidad social fue modificando y el transcurso del tiempo requiere miradas sociológicas a problemas cotidianos, a saber: 1) La provincia no es homogénea ni en lo físico ni en el aspecto social. De igual manera, sus ciudades tampoco lo son. Es importante caracterizar esto para implementar soluciones diferenciadas en localidades densamente pobladas, con problemáticas fundamentadas en la periferia marginal (definida por el mercado inmobiliario), respecto de otras localidades pequeñas, con una impronta semirrural y con población de una marginalidad definitivamente rural. En esta caracterización debemos poner el acento en aquellas “que presentan una alta dependencia de recursos remitidos desde instancias supralocales (provinciales, estaduales, departamentales, nacionales, etc.) y alta dificultad para poder generar recursos genuinos”. 2) El suelo urbano y/o rural es un bien social y no una mercancía. Este punto se basa en entender el suelo como un bien finito, el suelo como bien “no renovable”, y por ende su comercialización no puede tener las mismas reglas que el mercado impone para otros productos. La tierra o el suelo no se produce y por lo tanto es un bien de todos sus habitantes. Todos ellos tienen derecho a habitarlo de manera adecuada, el suelo es un derecho y no una mercancía. Mientras el Estado no interviene en el mercado inmobiliario, la consecuencia es la informalidad de los sectores marginados por el propio mercado, de allí la importancia de poner en la agenda estatal el tema. La informalidad sin intervención del Estado desencadena mayor informalidad y por ende extrema desigualdad social. 3) Los asentamientos informales, una solución ante el Estado ausente. Esto es lo que se denomina comúnmente “tomas u ocupaciones” ante la imposibilidad de amplios sectores populares de acceder al hábitat, y en gran parte de los casos se los “reconoce legalmente como parte del desarrollo normal de la ciudad (…) por lo tanto la definición de informalidad es imprecisa y multidimensional”. Tener un claro diagnóstico de este problema es un elemento imprescindible para la planificación territorial. El diagnóstico es la herramienta básica. Los tres puntos anteriores, a los que se les debe sumar la estadística del déficit habitacional en la provincia, son puntales de los nuevos proyectos y programas de una planificación en materia de hábitat rionegrino. El Instituto posee una estructura que se extiende por toda la provincia, con personal capacitado para desarrollar múltiples tareas, con recursos financieros que envidian otros organismos provinciales. Es un organismo reconocido y respetado por la población. Con todo esto el IPPV tiene la responsabilidad de ponerse al frente de la gestión en materia de hábitat. La claridad expresada por la ley de creación del IPPV, sus objetivos fundacionales y su planteo de funcionamiento a nivel provincial para dar solución en materia habitacional deben ser complementados con una mirada moderna que contemple el nuevo escenario, mucho más complejo que el de los años 50, y que a través de la gestión del Estado se articulen soluciones que incorporen la regulación del suelo como eje principal en materia de planificación y la participación y el diálogo social como llave de apertura al derecho de habitar, abriendo la puerta a que el derecho urbanístico pueda entenderse como la “protección de lo más preciado socialmente”, en definitiva, un territorio democrático. (*) Arquitecto