Corrupción de menores: definen si detienen al juez Bernardi

RÍO NEGRO

VIEDMA (AV).- El exministro de Desarrollo Social de Río Negro, Ricardo Arroyo, se abstuvo de declarar ayer en la indagatoria a la que había sido citado por el presunto delito de desobediencia judicial. Arroyo recusó al juez de la causa, Favio Igoldi, por haber intervenido en su designación cuando integraba el Consejo de la Magistratura como legislador. El magistrado rechazó el planteo pero elevó las actuaciones a la Cámara Criminal local para quedefina su continuidad o apartamiento del caso.

Antes del mediodía el exministro llegó a Tribunales con su abogado, Daniel Moriones, quien fue director de Recursos Humanos en Desarrollo Social durante la gestión de Arroyo. Sin disimular su malestar, el exministro optó por ejercer su derecho de mantenerse en silencio luego de que se leyeran los cargos en su contra en presencia del juez y de la fiscal Itziar Soly.

A fines de 2014 la Justicia Federal de Viedma archivó por falta de pruebas una denuncia por presunta trata para explotación sexual presentada por personal de Desarrollo Social, aunque envió copias de lo actuado a la justicia provincial “ante la posibilidad de una situación de desamparo o de incumplimientos funcionales” que afectarían a menores en situación de vulnerabilidad que estaban a cargo de organismos proteccionales del Estado provincial.

Así que el caso llegó a manos del fiscal Hernán Trejo, quien inició una investigación para determinar si hubo o no responsabilidad de los funcionarios provinciales en el desempeño de los organismos que deben contener y proteger a los menores de edad, en el marco de los hechos de presunta corrupción de menores que salieron a la luz. En diciembre Trejo pidió informes al entonces ministro Arroyo sobre las estrategias de contención y programas en marcha con esos fines. Ante la falta de respuesta, en marzo de este año se reiteró el pedido, esta vez con un plazo de tres días para responder, bajo apercibimiento de iniciarse contra él una acción penal por “desobediencia judicial”. Finalmente el exministro contestó, pero fuera de término, lo que generó la imputación penal.