Jueces molestos

En todas partes es normal que los distintos gobiernos aprovechen su propio poder y el clima político que les permitió adquirirlo para influir en la Justicia, impulsando la designación de jueces que les son afines con la esperanza de que, andando el tiempo, en el sistema como tal lleguen a predominar los comprometidos con sus propias preferencias ideológicas. Es por tal motivo que en Estados Unidos y Europa ya son rutinarios fallos judiciales que hubieran sido inconcebibles medio siglo antes. Sin embargo, mientras que en las democracias maduras la voluntad de virtualmente todos de respetar las reglas formales hace que el proceso evolutivo así supuesto sea relativamente gradual, aquí muchos gobiernos han querido quemar etapas por razones bien concretas. Aunque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus colaboradores atribuyen su ofensiva contra el Poder Judicial actual al deseo legítimo de que sea más popular, para no decir populista, de tal modo reflejando lo que a su entender son los valores inherentes a su “proyecto” particular, otros dan por descontado que lo que realmente buscan es la impunidad, puesto que a nadie se le ocurriría procurar defender la corrupción con argumentos ideológicos. Para los resueltos a dotarse de un blindaje judicial, el tiempo apremia. Es sin duda por eso que los ataques contra aquellos jueces que podrían ocasionarles dificultades están haciéndose cada vez más impetuosos. El blanco más reciente del furor kirchnerista ha sido el juez Luis María Cabral, hasta hace poco miembro de la Cámara Federal de Casación Penal, que se vio defenestrado para que no fallara en contra de la constitucionalidad del célebre memorándum de entendimiento que, por motivos nada claros, el gobierno firmó con la República Islámica de Irán. Parecería que La Cámpora, la organización oficialista que está a cargo de Aerolíneas Argentinas, hizo su aporte al desplazamiento de Cabral al impedir que un diputado radical que integra el Consejo de la Magistratura llegara a Buenos Aires a tiempo para defenderlo. Aunque Cabral se ha negado a darse por vencido, razón por la que ha presentado un amparo, el gobierno ya está maniobrando en contra de otros magistrados. Si bien aquel memorándum con Irán no carece de importancia, ya que, además de las connotaciones internacionales que le son propias, está vinculado con la muerte en circunstancias misteriosas del fiscal Alberto Nisman, al gobierno le preocupan más las eventuales derivaciones de la causa Hotesur, que involucra directamente a la presidenta y miembros de su familia. Por motivos evidentes, quisiera que quedara en manos de representantes de la Justicia santacruceña que simpatizan tanto con “el proyecto” kirchnerista que les parecen meramente anecdóticas las irregularidades denunciadas por los dirigentes opositores. Hasta ahora han fracasado todos los intentos en tal sentido, pero es de prever que en las semanas próximas el gobierno redoble sus esfuerzos por marginar a aquellos jueces que insisten en investigar las enredadas finanzas de las empresas de la familia Kirchner. La presidenta y sus incondicionales se han propuesto subordinar la Justicia no a una ideología determinada, aspiración ésta que es común a todos los políticos, sino a sus intereses personales, lo que sólo puede suceder en sociedades de tradiciones poco democráticas. No se trata de una ofensiva ideológica, parecida a las emprendidas por progresistas, conservadores y líderes religiosos en Estados Unidos y Europa, sino de una que tiene como objetivo defender el presunto derecho de los coyunturalmente poderosos a hacer cuanto se les antoje sin tener que preocuparse por la ley. Al fin y al cabo, si a juicio de los kirchneristas las denuncias que se han formulado contra la presidenta, su extinto marido y otros integrantes de los sucesivos equipos gobernantes se basaran en nada más que la malicia opositora o en una conspiración urdida por los fondos buitre, se concentrarían en desvirtuarlas con argumentos exclusivamente jurídicas. El que hayan optado por seguir pidiendo la remoción de jueces considerados demasiado independientes hace pensar que saben que las acusaciones que tanto les preocupan son tan verosímiles que sería inútil confiar en la Justicia tal y como es, razón por la que muchos sospechan que quisieran reemplazarla por otra a su propia medida.

Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Editor responsable: Guillermo Berto Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA Martes 30 de junio de 2015